La orden del gobierno de Colombia de repliegue del ejército de cinco municipios, para el diálogo con las insurgentes FARC, evidencia la voluntad oficial de negociar la paz, según dos analistas.
El ex canciller Augusto Ramírez, de la Comisión Nacional de Conciliación, destacó que la orden dictada el miércoles por el presidente Andrés Pastrana agrega "mayor confianza a la negociación" en ciernes con la guerrilla izquierdista.
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) pidieron el retiro del ejército de cinco municipios del sur "a efectos de sentirse seguras en la negociación" y Pastrana está cumpliendo lo que prometió, dijo Ramíres a IPS.
Pastrana se comprometió ante el jefe de las FARC, Manuel Marulanda, a evacuar las tropas antes del 7 de noviembre de la Uribe, Vista Hermosa, Mesetas y La Macarena, en el departamento de Meta, y de San Vicente del Caguán, en Caquetá.
En esos cinco sitios se creará una zona de distensión, en la que, durante 90 días, sólo habrá autoridades civiles. Se trata de un área de 43.000 kilómetros, que ocupa 3,7 por ciento del territorio colombiano.
El gobierno afirmó que dará seguridad a los cerca de 100.000 habitantes de esos municipios, que tendrán su máxima autoridad en sus alcaldes.
Pero esa afirmación fue objetada por el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Jorge Visbal, una de las pocas voces que se alzó contra la orden de repliegue militar.
Resulta "difícil" creer que tengan autoridad real los alcaldes de municipios en que "la guerrilla extorsiona y secuestra a los productores del campo", dijo Visbal.
La decisión de este miércoles "demuestra la voluntad de paz del gobierno", comentó Ramírez, quien participó como representante de la Organización de las Naciones Unidas en el proceso de paz de El Salvador.
Pastrana explicó que su orden al ejército "tiene como finalidad facilitar los diálogos (…) que puedan conducir a un proceso de paz consolidado y firme".
Para el sociólogo Alfredo Molano, ex asesor presidencial para la paz, Pastrana "está cumpliendo con entereza" ante un país "esperanzado en la solución negociada del conflicto arnado".
Molano advirtió, no obstante, que el repliegue militar de los cinco municipios "no es la paz" ni el inicio de las negociaciones, sino apenas una de las condiciones para crear "un medio ambiente" propicio para el diálogo.
El presidente, que también reconoció a las FARC la condición de fuerza política, explicó que el punto de partida para el comienzo del diálogo es la coincidencia de ambas partes en señalar la presencia de "injusticia, exclusión y desigualdades sociales" en Colombia.
Así mismo, advirtió que el retiro militar de la futura zona de distensión no significa que las Fuerzas Armadas "se hayan rendido", sino que es parte de la voluntad de avanzar hacia la negociación.
El previsto diálogo de paz también exige que el gobierno otorgue tratamiento político y no meramente policial a las protestas sociales, y la suspensión del pago de recompensas por la entrega de insurgentes, advirtió Molano.
Agregó que las partes deben cambiar su lenguaje. Por ejemplo, es preciso la renuncia al calificativo de "narcodelincuentes", aplicado por los militares a los guerrilleros.
Molano señaló que subsiste un obstáculo al diálogo de paz: la actividad de las organizaciones paramilitares de derecha.
La perspectiva de conversaciones entre el gobierno y los principales grupos guerrilleros del país (las FARC y el Ejército de Liberación Nacional) indujo a los paramilitares a lanzar una ofensiva contra los insurgentes, en procura de ganar territorios para fortalecerse ante una eventual negociación.
El avance de los paramilitares determinó la huida de unos 20.000 campesinos del norte, según información del no gubernamental Centro de Educación y Cultura Popular (Cinep).
Esas organizaciones, que han conformado las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), compuestas de 5.000 hombres armados, hostigan a comunidades a las que consideran aliadas de la guerrilla, explicó el Cinep.
Las AUC enitieron este jueves un comunicado en que aseguran su respeto a la decisión gubernamental de retirar las tropas de los cinco municipios del sur, pero también adviertien a la población de la zona que será responsable de toda ventaja ilegítima que la guerrilla obtenga de esa situación.
Molano concluyó que el proceso de paz puede naufragar si el gobierno no logra suficiente apoyo político nacional e internacional para enfrentar a los paramilitares.
Pastrana anunció que llevará a los paramilitares a una mesa de negociación al margen del diálogo con la guerrilla, y que lo hará con las herramientas que le da la legislación.
Eso significa que las AUC no obtendrán tratamiento político como el concedido a los insurgentes. El Ejército de Liberación Nacional resonsabiliza a los paramilitares de 80 por ciento de las masacres de camoesinos perpetradas en 1997. (FIN/IPS/yf/ff/ip/98
