El gobierno de Colombia y los sindicatos de empleados del Estado en huelga hace hoy 16 días reanudarán este viernes, con la mediación de la Iglesia Católica, el diálogo en procura de una solución al conflicto.
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alberto Giraldo, se mostró confiado en que las partes lleguen a un acuerdo "antes del próximo lunes".
Giraldo explicó que el pliego de peticiones presentado por el Comando Nacional de Paro que comanda la huelga es bastante extenso y toca "variadas materias", por lo que será "necesario discernir cuáles se negocian de inmediato y cuáles pueden ser aplazadas".
Los asuntos que se aplazarán serían los que competen a instancias como el parlamento, agregó el presidente de la Conferencia Episcopal, organismo que reúne a cerca de 80 obispos católicos.
El Comando Nacional de Paro esta integrado por la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (Fenaltrase), la Central Unitaria de Trabajadores de colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia y la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD).
El arzobispo Giraldo consideró positivo que Fenaltrase, que reine a cerca de 800.000 funcionarios, "haya aceptado la mediación del episcopado para buscar solución al conflicto", que afecta a la educación pública, la salud y algunos otros servicios que brinda el Estado.
En el pliego, Fenaltrase pide al gobierno reajustar los salarios de acuerdo con la inflación, concertar con los sindicatos el proceso de privatización y liquidación de empresas estatales, revisar los acuerdos incumplidos por el gobierno y aumentar el presupuesto para salud y educación.
Como parte del plan de ajuste que procura frenar el déficit fiscal de cerca de 5.000 millones de dólares, el gobierno anunció que en 1999 los salarios estatales aumentarán 14 por ciento (cuatro puntos por debajo de la inflación proyectada), se venderán varias empresas estatales y se liquidarán otras.
Pero el ministro de Hacienda, Juan Restrepo, consideró que aceptar las peticiones de los trabajadores le representaría al presupuesto público gastos por cerca de 2.000 millones de dólares.
El plan gubernamental comprende también una reforma tributaria que rebajaría en un punto el impuesto al valor agregado (IVA), hoy de 16 por ciento, pero extendería el tributo a 300 nuevos productos. Solo quedarían exentos los alimentos no procesados.
El presidente de la CUT, Luis Garzón, dijo que el déficit fiscal debe ser enfrentado con otras medidas "y no con el sacrificio del salario de los trabajadores e impuestos que afectan principalmente a las capas bajas y medias de la población".
Como medidas para enfrentar el déficit, las organizaciones proponen que el gobierno "recupere el control de los movimientos de capitales y grave con impuestos el movimiento de los flujos financieros especulativos.
Los sindicatos plantean también "replantear la apertura comercial indiscriminada y medidas urgentes para proteger la industria nacional y el empleo", renegociar la deuda pública, dar prioridad en la reforma tributaria a los impuestos directos y elevar los aranceles para artículos suntuarios.
Las conversaciones entre los sindicalistas y el gobierno quedaron suspendidas el martes con el asesinato del vicepresidente de la CUT, Jorge Ortega, al parecer a manos de paramilitares.
Para protestar por el asesinato de Ortega, que fue considerado por los sindicalistas "un crimen político", las tres centrales del país y Fenaltrase realizaron este jueves una huelga general de 24 horas que se realizó con marchas pacíficas en las cuatro principales ciudades colombianas.
Julio Gómez, presidente de la CGTD, explicó que en "la jornada de los pañuelos blancos" como denominaron la protesta, participaron además de los trabajadores estatales sectores del comercio, bancarios y textileros.
Gómez afirmó que salvo hechos aislados como el incendio de dos ómnibus en la capital colombiana, la protesta tuvo carácter pacífico.
En las marchas, los trabajadores protestaron por la impunidad reinante en el país, que presenta niveles hasta de 97 por ciento en materia de violación de derechos humanos, y pidieron mayores garantías para ejercer la actividad sindical.
La situación de impunidad fue criticada este jueves también por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, al concluir una visita de cuatro días a la capital colombiana.
Robinson, quien condenó este jueves el asesinato de Ortega, dijo que el gobierno de Colombia "debe romper el ciclo de la impunidad y reforzar la protección de de los derechos de los ciudadanos para avanzar en la búsqueda de la paz".
Para la reanudación del diálogo este viernes, la Conferencia Episcopal propuso la realización de reuniones en las que los sindicalistas de cada sector analicen con los ministros del área los asuntos que les competen. (FIN/IPS/yf/mj/lb ip if he/98
