El gobierno de Colombia y grupos la sociedad civil condenaron hoy el atentado dinamitero contra el Oleoducuto Central, con un saldo de 48 muertos y 80 heridos, atribuido al guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, dijo que hay "serias evidencias" de que la voladura del domingo fue producto de un atentado del ELN, que opera en la zona, aunque precisó que los técnicos de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y de Ocensa, operadora del oleoducto, aún deben evaluar lo ocurrido.
Si el ELN no aclara este suceso "que todo el país está condenando, quedará en una difícil situación frente a la población civil", dijo a IPS Camilo González, de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), que reúne a cerca de 30 organizaciones no gubernamentales.
Redepaz prepara con el ELN la llamada Convención Nacional, en la que se definirá la agenda de negociación con el gobierno de esa organización guerrillera, la segunda de Colombia.
Este lunes fueron sepultadas en una ceremonia colectiva 41 de las víctimas que murieron calcinadas el domingo en el atentado contra el Oleoducto Central, que transporta el petróleo desde el noreste del país hasta el puerto de Coveñas, en el Atlántico.
El atentado, el cuarto de este año contra el oleoducto, todos atribuidos por el ejército al ELN, fue condenado también por Gustavo Tobón, dirigente del Consejo Gremial Nacional, que rúune a los 15 principales sectores de la producción.
El gobierno manifestó que el proceso de paz debe continuar pese al atentado, aunque indicó que de comprobarse la autoría del ELN el mismo se verá afectado por la pérdida de credibilidad del grupo guerrillero.
El presidente Andrés Pastrana dijo desde Oporto (Portugal), donde asistió a la Cumbre Iberoamericana, que el diálogo continuará, aunque pidió a la guerrilla "gestos completos de paz" y un total compromiso con el proceso de paz, que recibió el domingo el respaldo de los 34 mandatarios presentes en la cita.
El ELN declaró abierto su proceso de paz el 15 de julio con el Acuerdo de la Puerta del Cielo, firmado con la sociedad civil en la ciudad alemana de Maguncia, en el que unilateralmente se comprometió a acatar el Derecho Internacional Humanitario.
En el acuerdo, el grupo guerrillero señalaba también la posibilidad de estudiar mecanismos para suspender el ataque a los oleoductos, que ha venido realizando desde 1985 para rechazar la política petrolera del país.
Para suspender los ataques, el ELN propuso la realización de un foro para que se defina una nueva política de protección a los recursos naturales, en el que participen el gobierno, las empresas petroleras y la sociedad civil.
Un informe del ejército indica que los departamentos que más han sufrido ataques guerrilleros a los oleoductos son Arauca (sudeste) y Putumayo (sur).
En 1997, el gobierno colombiano presentó una propuesta a la comunidad internacional para clasificar estos atentados como delito de lesa humanidad. (FIN/IPS/yf/ag/ip/98
