COLOMBIA: Gobierno rechaza canje de prisioneros antes de dialogar

El gobierno de Colombia pidió hoy las rebeldes FARC que suprima sus condicionamientos al diálogo, al afirmar que un eventual canje de soldados secuestrados por guerrilleros presos será parte de la negociación de paz y no una fase previa.

El ministro del Interior, Néstor Martínez, dijo que "para crear los caminos necesarios para la reconciliación es necesario llegar a la mesa de negociaciones sin condicionamientos", como acordaron el 9 de julio el entonces presidente electo Andrés Pastrana y la cúpula de las rebeldes FARC.

Martínez respondió así al pedido del líder de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), Manuel Marulanda, de canjear soldados secuestrados por guerrilleros presos antes de abrir el diálogo.

El único condicionamiento que Pastrana admite haber aceptado en la reunión de julio se aceptó en esa oportunidad fue el pedido de la organización guerrillera de retirar el ejército de cinco municipios del sudeste colombiano para iniciar el diálogo de paz.

Pero Marulanda pidió a Pastrana, en una carta enviada el 21 de septiembre, buscar los mecanismos para el intercambio de prisioneros "antes de los 45 días que faltan para iniciarse el diálogo".

Según el jefe insurgente, con la liberación de los soldados que la agrupación tiene prisioneros, en total 245, y de los guerrilleros, cuyo número no determinó, se atendería al "clamor nacional de ir creando las condiciones favorables para encontrar la reconciliación entre los colombianos".

Al pedido de Marulanda, el comisionado presidencial para la paz, Víctor Ricardo, respondió oficialmente el miércoles con una carta en la que le señala que el canje no debe ser un obstáculo para el diálogo que se iniciará antes del 7 de noviembre.

No obstante, Ricardo indicó en su carta que el gobierno estudia "las alternativas que ofrece el Estado de Derecho", lo que fue interpretado por el analista Jaime Zuluaga, de la estatal Universidad Nacional, como una señal de que "no se niega la posibilidad de acceder al canje".

El ministro de Justicia, Parmenio Cuéllar, dijo que la carta del comisionado para la paz a las FARC tiene la intención de "reiterar que se convino que no habrá condicionamiento alguno y que se debe continuar actuando con ese criterio".

El propósito que expresaron las partes es "abrir el diálogo sin un orden ni agenda predeterminada" y que los distintos puntos se analizarán a su debido tiempo, agregó Cuéllar.

Estas afirmaciones indican, según Zuluaga, que el gobierno mantiene su compromiso de avanzar en el diálogo. Lo interesante ahora es saber si "las FARC también están dispuestas a iniciar las negociaciones sin que se dé el canje propuesto", agregó.

Para el procurador (fiscal del Estado), Jaime Bernal, lo importante luego de que el gobierno fijó su posición es "que se respete la palabra empeñada".

Según Bernal, miembro del no gubernamental Consejo Nacional de Paz creado por ley para impulsar las negociaciones, la posición del gobierno demuestra que "persiste el propósito de continuar el proceso de acercamiento".

Otros analistas consideran que pedir el canje de guerrilleros presos por soldados secuestrados generó interpretaciones erradas acerca de las intenciones de las FARC en el proceso de negociación.

Alejo Vargas, vicerrector de la Universidad Nacional, sostuvo que la posición más generalizada es la de que Marulanda está "solicitando un indulto anticipado para los miembros de su organización".

Para el analista, los que así opinan centran el debate en si el indulto debe otorgarse antes, durante o al final del proceso de negociación.

En opinión de Vargas, lo que Marulanda quiso expresar al pedir que se busquen salidas prontas para la propuesta del canje es que "la paz no está a la vuelta de la esquina" y que debe crearse un mecanismo jurídico que permita ahora y en el futuro del conflicto el intercambio de prisioneros.

Vargas opina que el conflicto armado llegó a ser de una magnitud tal que "no puede considerarse una simple alteración del órden público" o pequeños enfrentamientos entre fuerzas irregulares.

Se trata, afirmó, de "una virtual guerra civil que requiere instrumentos legales y constitucionales de tipo excepcional", concluyó Vargas. (FIN/IPS/yf/mj/ip/98

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