El gobierno de Colombia anunció hoy que los grupos paramilitares no estarán en la mesa de negociación de paz con organizaciones guerrilleras pero serán convocados al diálogo por separado.
El comisionado presidencial para la Paz, Víctor Ricardo, indicó que para que la paz "sea total" hay que convocar a los paramilitares al diálogo, al tiempo que anunció la decisión gubernamental de "establecer una política permanente de Estado" contra esas organizaciones.
El diseño de esta política esta a cargo del vicepresidente Gustavo Bell, quien prepara un documento que será analizado por el gobierno en un término de tres meses.
Además, se anunció la creación de un grupo de elite para el combate contra los grupos paramilitares que operan en el noroeste de Colombia, a los que se responsabiliza del desplazamiento de unos 20.000 campesinos de esa región en lo que va del año.
El anuncio gubernamental fue interpretado por el ex asesor presidencial para la Paz, Alfredo Molano, como un avance en el proceso de reconciliación nacional.
"Mientras el paramilitarismo no sea combatido por el Ejército como ocurre con la guerrilla", estos grupos no se acercarán a la mesa de negociación, dijo Molano a IPS.
No obstante, el ataque frontal a los paramilitares podría verse obstaculizado por la actitud de miembros de las Fuerzas Armadas que, según informes de organizaciones de derechos humanos, permiten por acción u omisión el incremento de la actividad de estos grupos.
En su informe de este año al Congreso, la Defensoría del Pueblo (ombudsman) atribuyó a los grupos paramilitares 60 por ciento de los desplazamientos de campesinos y 52 por ciento de las 362 masacres (asesinatos de más de cuatro personas en un mismo sitio) en 1997.
Vicente de Roux, asesor de derechos humanos de la privada Fundación Social, dijo que el gobierno deberá "enfrentar militar y judicialmente" a los paramilitares, si pretende desacreditar las versiones sobre alianzas entre éstos y las Fuerzas Armadas.
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que reúne a cerca de 5.000 paramilitares liderados por el hacendado Carlos Castaño, anunciaron en agosto su disposición a iniciar un diálogo de paz con el gobierno, lo que fue de buen recibo por parte del Ejecutivo.
Pero Ramón Izasa, segundo al mando de las AUC, expresó el jueves su descontento por no haber recibido del gobierno el mismo tratamiento que se le está dando a la guerrilla.
Izasa cuestionó la posición del presidente Andrés Pastrana, quien conduce en persona los contactos con la guerrilla, a quien consideró "arrodillado" frente a los insurgentes.
El jefe paramilitar sostuvo que "la guerrilla dice que dialoga" pero no entrega sus armas, por lo que no puede pensarse que haya "garantías para un proceso de paz".
Izasa indicó, además, que para el inicio del diálogo con las AUC el gobierno deberá ofrecerles reconocimiento político y ordenar el retiro del ejército de una zona designada por estas organizaciones, "al igual que como lo va a hacer con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estas peticiones, en opinión del investigador Juan Tokatlián, de la estatal Universidad Nacional, dificultarán una posible negociación entre el gobierno y los paramilitares.
Para Tokatlián, el otorgamiento de un tratamiento político a los paramilitares, acusados como autores de delitos de lesa humanidad, colocaría al gobierno en "mala posición ante la comunidad internacional".
Pablo Beltrán, portavoz del insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), afirmó en agosto que el otorgamiento de tratamiento político a los paramilitares podría echar por tierra el proceso de paz que según el gobierno comenzará antes del 7 de noviembre con la insurgencia.
Las acciones contra el paramilitarismo forman parte del reciente acuerdo hecho por el gobierno con los desplazados del departamento de Bolivar (noroeste) que a partir de esta semana iniciarán el retorno a sus hogares.
Estos campesinos habían salido de sus veredas el pasado unio a causa del fuerte enfrentamiento en el sur de Bolívar entre las AUC y grupos combinados de las FARC, organización guerrillera mayoritaria, y el ELN, segunda en importancia. (FIN/IPS/yf/mj/ip/98