Cuatro activistas de Colombia, uno de ellos exiliado debido a las amenazas de muerte que recibió, obtendrán el Premio Robert F. Kennedy a los Derechos Humanos 1998, anunció hoy el Centro Conmemorativo RFK.
Los galardonados son Jaime Prieto Méndez, Mario Humberto Calixto, Gloria Inés Flores Schneider y Berenice Celeyta Alayn.
Prieto trabajó durante 23 años en el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Calixto preside el Comité de Derechos Humanos Sabana Torres, y Flores y Alayn integran la Asociación para una Política Social Alternativa (MINGA).
El premio será entregado por la familia Kennedy en la Universidad de Georgetown, Washington, el 9 de noviembre. El discurso inaugural de la ceremonia será pronunciado por el Dalaí Lama, el líder espiritual del Tíbet.
"La elección de los cuatro ganadores del premio de este año refleja la dimensión de los abusos que dieron origen al movimiento de los derechos humanos en Colombia y la determinación y el coraje de sus líderes", destacó Rose Styron, presidenta del jurado de cinco miembros que eligió a los galardonados.
Desde el fin de las insurgencias en América Central, en los años 80, se considera que Colombia es el país con la peor situación de los derechos humanos de América Latina. Con intensidad variable, la guerra civil azota a Colombia desde la década de 1940.
El conflicto estuvo dominado en general por la lucha de tres grupos guerrilleros de izquierda contra el gobierno central y las élites rurales. Pero en los últimos 15 años, la situación se complicó por las actividades de narcotraficantes y paramilitares de derecha, a menudo respaldados por el ejército.
La guerra afecta de un modo atroz a la población civil, especialmente en el campo, según organizaciones de defensa de los derechos humanos.
El grupo neoyorquino Human Rights Watch (HRW) reveló que casi 2.200 no combatientes fueron asesinados por motivos políticos en Colombia en 1997, ya sea por el ejército, la policía, paramilitares o alguno de los tres grupos insurgentes. La cifra casi duplica la de 1996.
Otras 257.000 personas fueron desplazadas por la violencia el año pasado. Actualmente Colombia tiene la cuarta mayor población de desplazados del mundo (un millón), después de Sudán, Angola y Afganistán, de acuerdo con el informe de HRW.
Grupos militares y paramilitares sistemáticamente intimidaron y atacaron violentamente a activistas de los derechos humanos, haciendo que sus tareas, en especial en el nivel de trabajo con las bases, resulten especialmente peligrosas.
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Prieto ha sido uno de los principales blancos de escuadrones de la muerte vinculados al ejército. En el pasado, activistas del grupo fueron acosados, amenazados y asesinados, y Prieto ha recibido frecuentes amenazas de muerte.
Calixto, maestro de profesión, huyó de Colombia a comienzos de este año y vive en España. El Comité Sabana, que opera en una de las regiones más violentas de Colombia, reúne información sobre violaciones de los derechos humanos y ofrece ayuda legal a las víctimas, sus familias y personas desplazadas en la región.
MINGA brinda capacitación en derechos humanos y materiales educativos a grupos locales de derechos humanos fuera de la capital. Además, documenta y transmite a organizaciones internacionales informes sobre violaciones cometidas por todas las partes.
Flores y Celeyta también dieron atención especial a las necesidades de los desplazados.
"El trabajo de estos activistas en un recordatorio poderoso de que la crisis de Colombia es, por sobre todo, una tragedia de los derechos humanos", dijo Jim Silk, director del Centro RFK, y agregó que "este trabajo es especialmente crítico ahora que el país lucha por acercarse a las negociaciones de paz".
La elección de Andrés Pastrana, quien asumió como presidente en agosto, dio nuevo ímpetu a esperanzas de que llegue a su fin el movimiento insurgente más antiguo de América Latina, el cual, según informaciones, tiene bajo su control alrededor de 40 por ciento del territorio de Colombia.
Pastrana se reunió con líderes guerrilleros y ahora parece preparado para retirar tropas de áreas seleccionadas del país para acelerar las conversaciones de paz.
Fundado en 1968, el mismo año que Robert Kennedy fue asesinado durante a la campaña por la presidencia, el Centro RFK lleva adelante proyectos de respaldo de actividades de promoción de los derechos humanos de los galardonados con el premio.
Los galardonados también reciben 30.000 dólares, que este año serán compartidos por los cuatro laureados.
Entre los galardonados anteriores figuran Kailash Satyarthi, el organizador indio del movimiento mundial para abolir el trabajo infantil (1996), el disidente chino Wei Jingsheng (1994), el abogado indonesio Bambang Widjojanto (1993), y el activista guatemalteco Amílcar Méndez Urízar (1990). (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/ml-lp/hd ip/98
