Frentes guerrilleros desataron hoy acciones aisladas en Colombia y el paro en el sector estatal cumplía su sexto día, mientras en las montañas andinas del noroeste del país se reunían comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y delegados de la sociedad civil.
En el valle de Río Verde se cumplió el segundo día de una reunión, autorizada por el gobierno del conservador Andrés Pastrana, entre el Comando Central del ELN y sus portavoces para las negociaciones de paz, con delegados de un comité preparatorio de una Convención Nacional prevista para comienzos de 1999.
En el encuentro, con el que comienza formalmente el diálogo entre el gobierno y el ELN, participan los comandantes Felipe Torres y Francisco Galán, quienes obtuvieron salvocunducto para salir de la cárcel de alta seguridad en la están detenidos desde 1994 y a la que deben retornar este martes.
Galán y Torres llegaron el domingo a Río Verde en helicóptero y fueron recibidos con honores militares por miembros del ELN, la segunda fuerza guerrillera del país.
Por la sociedad civil participan el procurador general, Jaime Bernal, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Sabas Pretelt, la presidenta de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), Ana Teresa Bernal, portavoces de los industriales, el Congreso y la Iglesia Católica.
La composición de la delegación de la sociedad civil es similar a que participó en una primera reunión con el ELN, en la ciudad alemana de Maguncia, a mediados de este año.
Para coordinar las negociaciones con el ELN el gobierno designó a Gonzalo de Francisco, asesor del Alto Comisionado para la Paz, Víctor Ricardo.
Con el auspicio de la jerarquía católica de Alemania y Colombia, y la veeduría de la embajada de España y del Comité Internacional de la Cruz Roja, la cita debe arrojar una agenda de trabajo hacia la Convención, antesala a su vez de un eventual acuerdo de paz con el ELN.
"Esta reunión es decisiva porque vamos a evaluar el nivel de confianza que se tiene con la guerrilla", declaró desde Medellín el sacerdote Jorge Martínez, de la Comisión Nacional de Conciliación, que postula una salida política al conflicto armado interno.
"Después de haberse logrado esta trascendental reunión tengo que reconocer públicamente que el ELN tiene vocación profunda para lograr un proceso de paz", dijo el procurador Bernal en un video enviado a los medios de comunicación.
En Río Verde deben definirse la metodología de convocatoria y las fechas de la Convención del año próximo, el lugar de su realización y el funcionamiento de las ocho comisiones previstas, la agenda temática y la financiación.
En forma simultánea al primer día de reunión, frentes de la mayor organización guerrillera del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y del minoritario Ejército Popular de Liberación (EPL) desataron acciones aisladas.
La localidad de Albania, en el centroccidental departamento de Santander, fue atacada por unos 250 miembros de los frentes 11, 23 y 45 de las FARC. No hubo muertos, pero 11 edificios fueron totalmente destruidos y muchos pobladores iniciaron el éxodo.
Un campesino muerto y un policía herido fue el resultado del ataque del frente 29 de las FARC a la población de Leva, en el sudoccidental departamento de Nariño. Las autoridades también reportaron combates entre fuerzas regulares y esa organización guerrillera en Arauca, en la frontera con Venezuela.
En las carreteras de la norteña región Caribe, seis empleadas de la multinacional Cicolac habrían sido secuestradas por el EPL y 15 pasajeros de un autobús fueron retenidos.
Para denunciar amenazas de grupos paramilitares y huir de eventuales masacres, 15.000 campesinos de la noroccidental región del Catatumbo anunciaron una marcha hacia la ciudad de Cúcuta, por lo que las autoridades realizaron este lunes un consejo de seguridad.
En tanto, en Bogotá y los principales centros urbanos continuaba el paro iniciado el día 7 por la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, respaldado por las tres centrales de trabajadores.
La protesta levanta como banderas un reajuste superior al 14 por ciento anunciado por el gobierno para 1999 y denuncia como "política antiobrera" el plan de ajuste económico.
Julio Roberto Gómez, de la Central General de Trabajadores, defendió este lunes el derecho de los trabajadores a la protesta y dijo que el paro seguirá "pese a la militarización" de las sedes de las estatales Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Empresa Colombiana de Petróleos y la Caja Agraria.
El gobierno condicionó la reanudación de las negociaciones sobre salarios y garantías políticas al levantamiento del paro, que tendría su punto culminante el miércoles, para cuando fue citada una "toma de la capital".
Para bajar la tensión, el ministro de Trabajo, Hernando Yepes, emitió este lunes un comunicado dirigido a los presidentes de las centrales sindicales en el que "ratifica el interés del gobierno de llegar a una pronta solución" del paro y propone reanudar "sin demoras el dialogo" con los trabajadores. (FIN/IPS/mig/ag/ip/98
