El gobierno debe aclarar con qué garantías contará la población de la zona del sudeste de Colombia de la que se retirará el ejército para facilitar el diálogo con guerrilleros, reclamaron hoy los alcaldes.
Omar García, alcalde de San Vicente del Caguán, uno de los cinco municipios de los que se replegarán las fuerzas regulares, afirmó que las autoridades locales y la comunidad requieren que se les diga en qué condiciones institucionales quedará el lugar.
Según García, los alcaldes de estos cinco municipios del sudeste colombiano esperan que los acuerdos entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "sean totalmente claros y del conocimiento de la comunidad internacional y de las organizaciones no gubernamentales".
El alcalde sugirió también al gobierno de Andrés Pastrana "una amplia campaña de información a la comunidad" sobre los objetivos del repliegue y sobre "qué es lo que se va a hacer en la región".
Las FARC pidieron al gobierno el retiro "total" del ejército de los municipios de San Vicente del Caguán (departamento de Caquetá), La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena (Meta), como condición para el inicio del diálogo de paz.
Según el último mensaje enviado este lunes a Pastrana por el máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda, en la zona "no debe quedar ninguna autoridad más que la de los alcaldes".
El control "para evitar el ingreso de saboteadores del proceso (de paz) a la región" será acordado por el grupo insurgente con los alcaldes, señaló Marulanda.
El líder guerrillero reiteró que sólo se reunirá con el gobierno tras verificar que el repliegue se cumplió en su totalidad.
Algunos analistas consideran que, con la carta, las FARC toman distancia del comisionado presidencial para la Paz, Víctor Ricardo, quien anunció una próxima reunión con gobernadores y alcaldes de la zona para estudiar el tema des despeje.
García sostuvo que, "si hay suficiente apoyo de la sociedad civil y de los gobiernos central y departamentales" de Meta y Caquetá, los alcaldes están dispuestos a colaborar.
Pero el procurador general, Jaime Bernal, expresó que, independientemente del proceso de negociación, en los cinco municipios donde ocurrirá el repliegue debe existir presencia de autoridades como jueces, inspectores de policía, entre otras que garanticen una seguridad mínima a la población.
Además, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos y coordinador de la Comisión de Paz de la Cámara de Diputados, Jorge Visbal, dijo a IPS que "es difícil creer que los alcaldes puedan tener autoridad" en una región en la que guerrilleros extorsionan a campesinos y ganaderos.
Visbal sostuvo que a los productores del sector agropecuario de esa región no se les garantiza que no serán objeto de secuestros ni hostigamientos a manos de los guerrilleros, por lo que la Comisión de Paz de la Cámara de Diputados solicitará una veeduría internacional durante el período de repliegue.
Pastrana anunció que el retiro del ejército se producirá antes del 7 de noviembre y por espacio de 90 días en los cinco municipios, que serán declarados "laboratorios de paz".
La zona, de 43.000 kilómetros cuadrados (3,7 por ciento del territorio colombiano) y cerca de 100.000 habitantes, tiene una alta presencia insurgente y de narcotraficantes, que tienen allí 10 por ciento de los cultivos de coca del país.
El ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, dijo que las fuerzas armadas establecerán, a modo de garantía, "una especie de anillo perimetral en la zona para evitar que personas extrañas y delincuentes" puedan aprovechar la circunstancia del repliegue para realizar allí operaciones ilícitas.
"Vamos a tomar precauciones en los ríos y los caminos de acceso a los cinco municipios" y en lo corredores aéreos de acceso "para que no haya aeronaves del narcotráfico ni traficantes de armas que saquen ventaja de las circunstancias", explicó Lloreda.
El repliegue militar anunciado por Pastrana despertó reaccioneas negativas en un sector del Congreso de Estados Unidos que promueve la suspención de la ayuda militar para la lucha antidrogas en caso de que se compruebe que la decisión afecta los programas de erradicación de cultivos ilícitos.
Pero Pastrana aseguró a los congresistas en la visita que realizó el 28 de septiembre a Washington que en esa zona no hay programas de erradicación de cultivos ilícitos y que la guerrilla "respetará a las autoridades democráticamente elegidas". (FIN/IPS/yf/mj/ip hd/98
