La Agrupación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos de Chile (AFDD) anunció que continuará sus acciones contra el ex dictador Augusto Pinochet, pese al fallo de la Justicia británica que hoy declaró ilegal su detención preventiva en Londres.
El gobierno de Eduardo Frei, en tanto, llamó a aguardar el resultado de las nuevas acciones legales en la capital británica, rechazando las demandas derechistas de que exija la repatriación inmediata de Pinochet.
El general retirado y senador vitalicio debe permanecer detenido en Gran Bretaña hasta que la Cámara de los Lores resuelva sobre la apelación que la Fiscalía Nacional interpuso tras el fallo de la Corte Superior de Justicia.
"Hemos perdido una batalla, no la guerra", señaló Sola Sierra, presidenta de la AFDD, luego de que la Corte británica le reconociera inmunidad diplomática a Pinochet, declarando ilegal su arresto e impidiendo su posible extradición a España.
El juez español Baltasar Garzón planeaba interrogar a Pinochet en Londres para pedir luego eventualmente su extradición a Madrid, donde lo juzga bajo cargos de genocidio y de terrorismo de estado internacional.
Este viernes, las autoridades judiciales británicas resolverán sobre un pedido de libertad bajo fianza para Pinochet, que podría así trasladarse a un apartamento, en lugar de permanecer en la clínica donde fue arrestado preventivamente el día 16.
Pinochet, que cumplirá 83 años, goza de inmunidad diplomática en Gran Bretaña por su condición de ex jefe de Estado, según el dictamen de la Corte Superior de Justicia.
Aun cuando quedara en libertad bajo fianza el viernes, el anciano general retirado permanecerá con orden de arraigo en territorio británico mientras se resuelva la apelación, trámite que duraría entre una y tres semanas.
El reconocimiento de inmunidad diplomática a Pinochet fue catalogado por la prensa chilena como un triunfo del ex dictador, que se pone prácticamente a salvo de una extradición a España o de un nuevo arresto por acusaciones en otros países europeos.
La derecha chilena recibió con júbilo la noticia y los partidos Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, demandaron al gobierno el envío de una misión de alto nivel a Londres para pedir la libertad inmediata de Pinochet.
En medios derechistas se sugirió que viajen a la capital británica el canciller José Miguel Insulza y el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, quien es además precandidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
El presidente Eduardo Frei (también del PDC) hizo un llamado a la calma a través del ministro del Interior, Raúl Troncoso, quien dijo que es necesario esperar el desenlace de las otras instancias judiciales abiertas tras el fallo.
En las organizaciones de derechos humanos y los partidos de izquierda, el dictamen de la Corte Superior de Justicia de Gran Bretaña causó preocupación y desconcierto, ya que en la propia derecha se esperaba un fallo adverso a Pinochet.
"Hemos dado muchas batallas y las seguiremos dando, no sólo por amor a los nuestros, porque es la humanidad en su conjunto la que no puede aceptar que criminales como Pinochet queden impunes", declaró Sola Sierra.
Elena Muñoz, una mujer campesina cuyo esposo y cuatro hijos fueron asesinados en 1975 por policías en la localidad de Lonquén, al suroeste de Santiago, lloró al conocer la resolución de la justicia británica a favor del ex dictador.
La mujer dijo a Radio Cooperativa que la dictadura no tuvo con los suyos ninguna de las consideraciones humanitarias que hoy se reclaman para Pinochet y recordó que la justicia en esa época no acogió un recurso de amparo que presentó apenas desaparecieron su esposo e hijos.
El diputado Guido Girardi, del Partido Por la Democracia, miembro de la coalición de gobierno, dijo que el fallo británico demostró que el conflicto en torno a Pinochet es de carácter judicial y no político, como planteaba la derecha.
El parlamentario emplazó a la derecha a derogar la ley de amnistía para las violaciones de derechos humanos que Pinochet expidió en 1978, para que demuestre así la honestidad de su argumento de que "los delitos cometidos en Chile deben ser juzgados en Chile". (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/98
