El futuro del ex dictador de Chile Augusto Pinochet, detenido en Gran Bretaña, se dirime entre apelaciones al humanitarismo y la piedad hacia su persona y la aplicación de las normas y procedimientos judiciales invocados en su contra por terrorismo, asesinato y genocidio.
Pinochet está en detención preventiva en una clínica de Londres a instancias de la justicia española, desde el viernes 16. A partir de ese día se sumaron pronunciamientos jurídicos, sociales y políticos que, en su inmensa mayoría, apoyan su extradición a España para ser juzgado.
El juez español Baltasar Garzón ordenó este viernes el embargo de los bienes y cuentas bancarias del preso y de su familia, mientras críticos chilenos del ex dictador niegan que padezca problemas de salud tan graves como para impedirle enfrentar su responsabilidad ante la justicia.
En el entorno familiar y político de Pinochet en Londres se transmite la idea de que el preso está muy enfermo y que ni siquiera se enteró de su situación. Su esposa, Lucía Hiriart, afirmó el jueves que si su marido se entera "le da un ataque de rabia y se muere".
El propio presidente de Chile, Eduardo Frei, pidió este viernes públicamente que se conceda un trato humanitario al reo, para lo cual invocó sus problemas de salud.
Frei también llamó a los ciudadanos chilenos a evitar enfrentamientos entre los demócratas que apoyan la continuidad de los procesos judiciales y los partidarios de Pinochet que reclaman su libertad.
No obstante, ningún médico, privado o forense, avala las versiones sobre el mal estado de salud del ex dictador. Por el contrario, adversarios chilenos de Pinochet señalaron en Madrid que se trata de una campaña sin base real.
El abogado español Joan Garcés, director de un equipo jurídico que asiste a víctimas de la dictadura chilena, afirmó este viernes que la actitud del juez Baltasar Garzón responde a "un procedimiento estrictamente penal", sin interferencias políticas.
Garcés expresó su respeto "por el presidente Frei, electo democráticamente, por la transición chilena, por el actual comandante del Ejército de ese país y por el propio Ejército que, como institución, está fuera del proceso".
Pero el abogado explicó que el proceso judicial se instruye contra "un reducido grupo de responsables de los crímenes, entre ellos Pinochet".
Garcés expresó su "confianza y certidumbre" en que la Audiencia Nacional, máximo organismo judicial español que entiende en el caso, avalará el próximo jueves la instrucción que realiza el juez Garzón.
La Sala en lo Penal de la Audiencia deberá resolver ese día sobre un recurso presentado por el fiscal Eduardo Fungairiño, quien considera que la justicia española carece de competencia para entender en casos de terrorismo y genocidio perpetrados en Chile, aunque hayan afectado también a ciudadanos españoles.
Garcés calificó a Fungairiño de "abogado personal y abanderado de Pinochet" que "vulnera la Constitución". El fiscal sostuvo que en Chile no se produjo genocidio, aunque condenó los que calificó de excesos y crímenes.
Garcés señaló que se trata de "intra-genocidio", de genocidio dentro de una misma nación, y recordó que ya los tribunales internacionales han condenado casos similares, como el del dictador Pol Pot en Camboya, país en el que una dictadura actuó contra sus propios nacionales.
Mientras, se siguen produciendo pronunciamientos favorables al enjuiciamiento de Pinochet. El Parlamento Europeo aprobó por unanimidad el jueves pedir al gobierno español que solicite la extradición con la mayor rapidez.
Treinta y seis legisladores del Partido Demócrata, gobernante en Estados Unidos, pidieron el jueves al presidente Bill Clinton que ayude a Garzón a sentar en el banquillo de los acusados a Pinochet y que le entregue documentos secretos que serían decisivos para su condena.
Un fiscal de Suiza pidió la extradición a su país del ex dictador preso para que responda por el caso de Alexis Jaccard, ciudadano suizo detenido y desaparecido en el marco de la Operación Condor, como se denominó a la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur de América Latina.
Interrogado acerca de si ese pedido podría entorpecer la extradición a Madrid ya que la justicia española no planteó aún el suyo, Garcés señaló que la justicia británica deberá decidir y que en su decisión pesarán tanto el tenor de las acusaciones, la calificación de los delitos y otras cuestiones técnicas. (FIN/IPS/td/mj/hd ip/98
