Tratados internacionales como la Convención contra la Tortura obligan a los estados signatarios a juzgar a los presuntos responsables de graves violaciones a los derechos humanos o a conceder su extradición, como en el caso del chileno Augusto Pinochet, sostuvo hoy una fuente jurídica.
El abogado Alejandro Teitelbaum, representante de la Asociación Americana de Juristas ante los organismos internacionales de Ginebra, opinó que Gran Bretaña, como firmante de la Convención contra la Tortura, debe procesar al ex dictador chileno o entregarlo a los jueces españoles que lo reclaman.
Pinochet está detenido desde el viernes por la policía británica, que accedió a un pedido del juez español Baltasar Garzón.
La razón procesal por la cual interviene Garzón es la investigación de una especie de organización delictiva en las décadas de 1970 y 1980, montada por las dictaduras militares de América del Sur para perseguir y trasladar ciudadanos opositores.
Desde el punto de vista del derecho de fondo, los juicios incoados en España contra los dictadores latinoamericanos, precisó Teitelbaum, tienen una base legal en lo que se llama la "jurisdicción universal", que está incorporada a la legislación de ese país.
Al adoptar ese principio, la legislación española aceptó someter a juicio en España a los autores de delitos contra ciudadanos españoles y también a los autores de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra personas de cualquier nacionalidad que se encuentren en su territorio.
Teitelbaum evaluó que el desenlace del caso Pinochet depende prácticamente de la decisión que adopte el gobierno español, que deberá resolver si gestiona el pedido de extradición presentado por Garzón.
En un plano jurídico estricto, la cuestión se reduce a un problema bilateral entre dos países, España y Gran Bretaña, que deberán responder al pedido de Garzón, explicó Teitelbaum.
"Nada puede hacer por el momento la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en este caso". El papel protagónico lo desempeñan las convenciones internacionales, dijo.
Pero con el tiempo, los organismos especializados de la ONU como el Comité contra la Tortura o el Comité de Derechos Humanos podrían observar a cualquiera de los dos países, España o Gran Bretaña, que en el diligenciamiento del caso se apartara de sus obligaciones internacionales
"Puede haber una evaluación de la ONU más adelante, pero no ahora", puntualizó Teitelbaum.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, emitió este lunes un juicio, al observar que el caso Pinochet "demuestra que el derecho internacional humanitario cobra impulso y que cada vez hay menos escondites para los sospechosos".
En declaraciones formuladas en Orlando, Florida, Annan insistió en que el episodio "parece indicar que se consagra el derecho internacional humanitario y que se realizan intentos por imponer la vigencia del derecho a los sospechosos de la comisión de graves delitos".
Teitelbaum estimó "muy util lo qué esta pasando, que Pinochet esté arrestado, porque la lucha contra la impunidad consiste sobre todo en conservar la memoria".
De esa manera, "el castigo a cada uno de los autores queda casi en segundo plano. Lo importante es que sea ejemplar", para que los autores de graves violaciones sepan que la justicia no cesará de perseguirlos.
"Todo esto puede ocurrir porque hay organizaciones populares que no bajan la guardia para que se castigue a los violadores y hay jueces como Garzón dispuestos usar el poder que tienen en defensa de los derechos humanos", destacó el jurista.
Lamentablemente, nada de eso puede ocurrir en el marco del estatuto del Tribunal Penal Internacional aprobado en julio en Roma, observó Teitelbaum.
En ese estatuto "se decidió establecer borrón y cuenta nueva de todas las violaciones" perpetradas antes de su aprobación, afirmó.
El Tribunal aprobado en Roma sólo podrá juzgar las violaciones graves de derechos humanos que se produzcan en el mundo después de su instalación. (FIN/IPS/pc/ff/hd/98
