El fallo del juez británico que declaró la inmunidad del dictador chileno Augusto Pinochet viola principios jurídicos fundamentales e inclusive la ley vigente en Gran Bretaña, sostuvo hoy una entidad especializada.
La Asociación Americana de Juristas afirmó que ese magistrado "ha inventado una nueva figura jurídica, la inmunidad de los ex jefes de estado, y además ha desconocido el derecho inglés vigente".
No existe norma alguna que establezca la inmunidad de los ex jefes de Estado, pues si existiera crearía un privilegio personal, dijo Alejandro Teitelbaum, representante permanente de la Asociación Americana de Juristas ante los organismos de las Naciones Unidas en Ginebra.
El presidente de la sala de la Alta Corte de Justicia de Londres, lord Bingham, dictaminó el miércoles que Pinochet, como ex jefe de Estado, tiene derecho a la inmunidad contra acciones civiles y penales ante los tribunales británicos.
"Confiamos en que esta insólita decisión del Tribunal británico será revocada en apelación", declaró Teitelbaum.
Pinochet, que ejerció la suma del poder en Chile entre 1973 y 1990, se encuentra detenido en Londres a pedido del juez español Baltasar Garzón, que pretende procesarlo por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura.
La situación del ex dictador, que continúa bajo arresto en Londres, se definirá probablemente la semana venidera cuando la sala legal de la Cámara de los Lores se pronuncie ante el recurso de apelación presentado el mismo miércoles contra el veredicto de Bingham.
La decisión de Bingham de reconocer la inmunidad de Pinochet como ex jefe de Estado niega el principio jurídico fundamental de la igualdad de todos ante la ley, observó Teitelbaum.
Ese principio es reconocido, entre otras normas, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este último vigente en Gran Bretaña.
Teitelbaum admitió que existe la inmunidad de los jefes de Estado en ejercicio, "que es una inmunidad de función, vinculada a la inmunidad de jurisdicción del Estado, y no personal.
Por eso, explicó, cuando un jefe de Estado es acusado de haber cometido delitos, su juzgamiento requiere un procedimiento previo, el juicio político o "impeachment", para cesarlo en su función.
Una vez que se lo cesa, la inmunidad acaba y puede ser sometido a juicio. Es decir, que cesada la función, cesa la inmunidad, insistió el representante de la Asociación Americana de Juristas.
La declaración recordó que desde los juicios de Nuremberg y de Tokio, al cabo de la segunda guerra mundial, contra los jerarcas de Alemania y Japón, y aun antes, se ha juzgado a ex altos funcionarios del Estado.
En Grecia se juzgó a los miembros de la "dictadura de los coroneles" implantada en los años 60 y en Argentina a los miembros de la juntas militares (1976-1983) "sin que a nadie se le haya ocurrido invocar su inmunidad por su calidad de antiguos altos funcionarios del estado".
Teitelbaum observó que actualmente en Argentina está sometido a juicio y se encuentra bajo régimen de prisión preventiva domiciliaria el ex dictador Jorge Videla, un ex jefe de Estado.
El comentario de la entidad jurídica citó el caso del jerarca alemán Rudolf Hess, que llegó a Gran Bretaña durante la segunda guerra mundial (1939-1945) como emisario del dictador Adolfo Hitler para tratar de negociar la paz.
En ese momento, Hess se encontraba "en el desempeño de una alta función gubernativa, lo que no impidió que fuera encarcelado y después de la guerra sometido a juicio en Nuremberg y condenado a prisión perpetua".
Teitelbaum, un abogado de nacionalidades argentina y francesa, declaró su confianza en la revocación del fallo "salvo que prevalezca el criterio de premiar los leales servicios prestados por el señor Pinochet a su Graciosa Majestad durante la guerra de las Malvinas". (FIN/IPS/pc/mj/ip/98
