Un confuso caso legal surge del fallo del Tribunal Supremo de la capital británica que se pronunció contra la detención y la eventual extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a quien reconoció "inmunidad soberana".
El fallo dado a conocer por el miércoles por Thomas Bingham, presidente del Tribunal Superior de Londres, se basó en la condición del general retirado Pinochet de antiguo jefe de Estado y causó el malestar de los activistas de derechos humanos.
El mismo tribunal tomó este viernes otra resolución favorable a Pinochet, al aceptar el pedido de la defensa de otorgarle la libertad bajo fianza.
Los activistas cifran ahora sus esperanzas en la apelación presentada contra el fallo del miércoles, sobre la que tomará decisión la próxima semana la Cámara de los Lores, en su calidad de corte suprema de justicia de Gran Bretaña.
Bingham dictaminó que, si bien era legal una de las dos órdenes de arresto que la policía británica esgrimió para detener a Pinochet el día 16, el ex dictador goza de inmunidad soberana ante toda tentativa de detención.
La inmunidad soberana también excluye en el caso la extradición que el juez español Baltasar Garzón se propone solicitar a Gran Bretaña para procesar a Pinochet por crímenes contra los derechos humanos.
La Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional, la máxima intancia en materia penal en España, abrió este viernes el camino al pedido de extradición de Pinochet al confirmar la competencia de la justicia nacional en la investigación de delitos contra la humanidad perpetrados en Argentina y Chile.
Bingham observó que Pinochet era jefe de Estado de Chile en el momento en que ocurrieron los hechos denunciados y cuenta entonces con inmunidad soberana.
La corte de Londres afirmó que Pinochet puede ser juzgado por un tribunal internacional, pero no por los jueces británicos.
Christopher Keith Hall, asesor legal de la organización Amnistía Internacional, señaló que una de las premnisas básicas de la legislación británica presume que ésta no desautoriza el derecho internacional.
"El Tribunal Superior se equivocó al invocar una doctrina (la inmunidad de un jefe de Estado en funciones o de quien lo ha sido) obsoleta desde hace un siglo. Resulta enigmático que la corte cometiera un error semejante al interpretar el derecho internacional", dijo Hall.
Para más confusión, el fallo de este viernes que concede a Pinochet la libertad bajo fianza dispone que el ex dictador permanezca bajo custodia policial en el hospital privado de Southgate, en el norte de Londres, donde fue llevado el jueves.
España tiene 40 días desde el día 16, fecha en que se formuló la orden de detención internacional desde Madrid, para formalizar el pedido de extradición al Ministerio del Interior británico.
Si la Cámara de los Lores rechaza la apelación de la Procuraduría la Corona Británica (CPS, fiscalía general), que objetó el fallo del Tribunal Superior de Londres, el ex dictador será libre de dejar el país.
Pinochet permanecerá bajo custodia policial y no se le permitirá abandonar Gran Bretaña al menos hasta que concluya el trámite de apelación en la Cámara de los Lores.
De todos modos, existe considerable confusión entre las partes involucradas porque aún no se divulgó el texto completo del fallo de Bingham, por lo que existe incertidumbre en torno al razonamiento jurídico del magistrado.
"La duda es si la justicia británica tiene jurisdicción en casos como éste. No sabemos qué decidirá la Cámara de los Lores. Se trata de un área en la que no hay antecedentes", dijo Jane Holman, de la Procuraduría de la Corona.
Pero de acuerdo con Sherman Carrol, de la no gubernamental Fundación Médica para la Atención de Víctimas de la Tortura, la Procuraduría de la Corona no estuvo "bien versada" en materia de derecho internacional al argumentar su posición en este caso.
"Creo que la Procuraduría de la Corona no estaba bien preparada con argumentos de derecho internacional, y tampoco lo estaba el Ministerio del Interior", manifestó Caroll.
Agregó que "Gran Bretaña no adoptó todavía la Convención sobre Derechos Humanos de la Unión Europea, y ha sido muy lenta en la comprensión e introducción de las normas del bloque europeo y de las Naciones Unidas al sistema británico".
Como resultado, Amnistía Internacional procura comparecer como tercero ante la Cámara de los Lores para sustentar sus argumentos de derecho internacional con pruebas orales o escritas, pero no tiene permiso para hacerlo.
Además, Amnistía, la ONG Redress y la Fundación Médica se proponen presentar una demanda paralela contra Pinochet en representación de las víctimas de la tortura en Chile durante los años 70.
Pero hasta ahora no obtuvieron permiso del fiscal general para demandar en juicio, una condición imprescindible, al igual que la presencia del acusado en Gran Bretaña.
Si las ONG no logran presentar suficientes pruebas para obtener el permiso antes de que Pinochet abandone el país, no podrán presentar cargos contra él.
Sin embargo, los grupos señalan que la ley británica es muy clara al establecer la tortura como delito en Gran Bretaña, dondequiera que sea cometida.
"Un funcionario público o individuo que actúe en calidad oficial, cualquiera sea su nacionalidad, comete tortura si en Gran Bretaña o en cualquier otro lugar inflige intencionalmente un gran dolor o sufrimiento a alguien en cumplimiento o supuesto cumplimiento de sus deberes oficiales", dice la Ley de Justicia Penal de 1988.
La ley sólo se aplica a quienes cometieron tortura a partir de la fecha de su aprobación, el 29 de septiembre de 1988, pero los activistas señalan que Pinochet fue presidente hasta marzo de 1990 y que el mismo aparato de seguridad de los años 70 estuvo vigente hasta la fecha en que abandonó su cargo.
"Es cierto que hubo menos abusos en la última etapa de la dictadura, pero hubo algunos de todas formas, y tenemos prueba de ello", señaló Fiona McKay, de Redress.
A pesar de la decisión del juez Bingham, el caso Pinochet todavía no terminó, advierten los activistas, y señalan que el ex dictador también tiene demandas judiciales en su contra en España, Suiza y Francia, además de unos 11 juicios pendientes en Chile.
"La comunidad internacional reconoció que no debe haber refugios para los torturadores, y que los estados deben extraditar o juzgar a los torturadores que entren en su territorio", destacó Redress.
Otros grupos no ocultan su indignación por la decisión de Bingham. "Creo que (el juez) está absurdamente equivocado", declaró Carroll.
"Según su dictamen, si Pinochet hubiera matado a la reina de Inglaterra mientras era jefe de Estado, no podría ser juzgado por ese crimen ante una corte británica", señaló. (FIN/IPS/tra-en/aw/dds/mom/rj/ff-mj-ml/ip-hd/98
