El presidente de Chile, Eduardo Frei, se reunió hoy con el alto mando del Ejército, mientras la prolongación del arresto en Londres del ex dictador Augusto Pinochet aumenta la inquietud política en este país.
Los partidos de derecha, en tanto, se declararon en "asamblea y alerta permanente", ante el inminente rechazo de la justicia británica de un recurso de amparo con que se pretende poner término a la detención preventiva de Pinochet en una clínica.
La situación del ex dictador (1973-1990), ex comandante del Ejército y actual senador vitalicio, tiende a complicarse con nuevas demandas legales en su contra por crímenes contra los derechos humanos en países europeos y en Estados Unidos.
Mientras en el mundo crece el cerco legal contra el ex dictador, en Chile sus partidarios afirman que su detención en Gran Bretaña desestabiliza a la democracia y supuestos grupos paramilitares amenazan de muerte a dirigentes de izquierda.
Gladys Marín, líder y candidata presidencial del Partido Comunista (PC), denunció este martes que ella y otros dirigentes de ese partido, como el escritor Volodia Teitelboim y el ex secretario general Luis Corvalán, fueron amenazados de muerte.
Parlamentarios de los partidos Socialista (PS) y Por la Democracia (PPD), activistas de grupos de derechos humanos, artistas e intelectuales recibieron también intimidaciones en los últimos días a través de llamadas telefónicas o anónimos.
La agresividad de supuestos grupos paramilitares responde a la versión levantada por dirigentes derechistas de que el arresto de Pinochet fue una "confabulación del socialismo internacional" dirigida desde Chile y que involucró a España y Gran Bretaña.
El ex dictador está arrestado desde el día 16 por orden del juez británico Nicholas Evans, quien acogió una solicitud del magistrado español Baltasar Garzón, instructor de un proceso contra Pinochet bajo acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
La diputada socialista Isabel Allende, hija del presidente Salvador Allende, derrocado el 11 de septiembre de 1973, calificó de "ridículas" las imputaciones de los partidos derechistas Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (PRN).
El también diputado socialista Juan Pablo Letelier, dijo a su vez que la derecha pretende hacer un chantaje político al país con el argumento de que la detención preventiva de Pinochet pone en riesgo la estabilidad de la transición democrática.
El parlamentario es hijo del ex canciller Orlando Letelier, asesinado por la policía represiva de la dictadura en Washington en septiembre de 1976, delito que puede dar lugar a una nueva querella contra Pinochet en los Estados Unidos.
Letelier señaló que con el argumento de la amenaza a la democracia se pretende que el gobierno del presidente Eduardo Frei extienda internacionalmente la impunidad de que goza Pinochet en Chile, donde es imposible juzgarlo.
El ex dictador y la mayoría de los implicados en 3.190 crímenes contra los derechos humanos cometidos bajo el régimen militar están protegidos aquí por una ley de amnistía expedida en marzo de 1978.
El presidente Frei afirma que la detención del general retirado de casi 83 años en Londres es ilegal, ya que éste tiene la protección de un pasaporte oficial chileno como senador en misión espacial, lo cual le otorga inmunidad diplomática.
Santiago alega igualmente que Pinochet no puede ser extraditado ni procesado en España, ya que no acepta una extraterritorialidad de la justicia y plantea que "los delitos cometidos en Chile deben ser juzgados en Chile".
El PC reiteró este martes que no existen posibilidades de juzgar a Pinochet por la impunidad que se le otorgó en el marco del proceso de transición y emplazó al gobierno a convocar a un plebiscito para derogar o ratificar la ley de amnistía de 1978.
La derecha, en tanto, expresó su inquietud por la postergación del fallo de los tribunales británicos con respecto a un recurso de amparo que abogados ingleses, contratados por la familia de Pinochet, presentaron en favor del ex dictador.
Dirigentes de la UDI y el PRN sostuvieron que "es hora de pasar a la acción" y demandaron acciones más concretas del gobierno para interceder en favor de Pinochet tanto en Gran Bretaña como en España.
Según la derecha, tanto el gobierno laborista británico de Tony Blair como el presidente centroderechista español José María Aznar pueden tomar decisiones políticas que conduzcan a la liberación del ex dictador y su regreso a Chile.
Tanto Blair como Aznar dijeron el domingo que no interferirán en la acción de los tribunales, lo cual dejó abierta la posibilidad de que las cortes británicas accedan a un posible pedido de extradición a España de Pinochet del juez Garzón.
Pero aún si no prosperara ese paso, los tribunales británicos tendrían que pronunciarse posteriormente sobre posibles nuevas órdenes de detención y pedidos de extradición del veterano general chileno a otros países europeos.
En los últimos días se presentaron querellas criminales contra Pinochet en Suiza, Suecia, Francia, así como nuevas acusaciones en España y es muy probable que también sea acusado ante la justicia en los Estados Unidos. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/98
