El arresto preventivo en Londres del ex dictador Augusto Pinochet puso hoy al gobierno de Chile ante el difícil dilema de enfrentar el hecho como un asunto de Estado o respetar internacionalmente la autonomía de los tribunales.
La derecha y militares retirados exigieron al gobierno del presidente Eduardo Frei una reacción enérgica ante lo que calificaron como "una violación de la soberanía" y realizaron actos de protesta ante las embajadas de Gran Bretaña y España.
Organizaciones de derechos humanos y dirigentes de los cogobernantes partidos Socialista (PS) y Por la Democracia (PPD), exhortaron en cambio a Frei a no interferir en una situación que consideran estrictamente judicial.
Manifestantes, dirigentes políticos y familiares de víctimas de la represión bajo la dictadura militar (1973-90), agradecieron a la justicia británica por la detención del ex dictador, a quien califican de "asesino".
Agentes de Scotland Yard llegaron cerca de la medianoche del viernes hasta la London Clinic para notificar a Pinochet de la detención preventiva ordenada por el juez Nicholas Evans, quien acogió un pedido de los jueces españoles Baltazar Garzón y Manuel García Castellón.
El general retirado Luis Cortés Villa, presidente de la Fundación Augusto Pinochet, calificó la diligencia judicial como "un acto de cobardía", ya que Pinochet, de casi 83 años, convalece hace una semana de una operacion de hernia lumbar.
Según Cortés Villa, el personal médico y los escoltas de Pinochet fueron desalojados de la sala de recuperación y la clínica quedó bajo fuerte vigilancia de agentes con chalecos antibalas.
"A mi general le podría haber ocurrido cualquier cosa", afirmó.
Medios de prensa chilenos hicieron llamadas telefónicas a la clínica londinense, donde se les respondió que no había en el lugar ningún paciente llamado Augusto Pinochet, lo cual indica que el ex dictador se registró con un nombre falso.
Las autoridades británicas precisaron a su vez que Pinochet no gozaría de la inmunidad diplomática que el gobierno de Frei reclama para el ahora senador vitalicio, ya que no solicitó esa condición al ingresar al país.
Versiones no confirmadas señalan que el apellido de Pinochet estaría cambiado por el de "Escudero", incluso en el pasaporte oficial chileno con que viajó a Gran Bretaña para hacerse atender de problemas de salud.
Estos antecedentes cuestionan el argumento de la cancillería chilena de que el ex dictador no puede ser arrestado por gozar de inmunidad diplomática, más allá de determinar si tal inmunidad procede o no ante los delitos de lesa humanidad de que se le acusa en España.
Los jueces Garzón y García Castellón quieren viajar a Londres para interrogar a Pinochet y podrían solicitar su extradición a España para juzgarlo allá por asesinatos y desapariciones de ciudadanos de ese país en Chile tras el golpe de Estado de 1973.
Frei insistió en Oporto, donde asiste a la VIII Cumbre Iberoamericana, en que el ex gobernante goza de inmunidad y reiteró que Chile no acepta el juzgamiento en otros países de delitos cometidos supuestamente en su territorio.
"El gobierno chileno sigue amparando a un asesino como Pinochet", comentó Carmen Soria, hija del diplomático español Carmelo Soria, asesinado en 1976 por agentes represivos de la dictadura, absueltos por la ley de amnistía de 1978.
La impunidad creada por la ley de amnistía y otros acuerdos de la transición en Chile hacen que las violaciones de derechos humanos estén siendo juzgadas en otros países, dijo la diputada socialista Isabel Allende, hija del presidente Salvador Allende.
Andrés Zaldívar, presidente del Senado, y Gutenberg Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, miembros como Frei del Partido Demócrata Cristiano, respaldaron la posición del gobierno sobre la inmunidad de Pinochet.
El ex ministro Ricardo Lagos, del bloque PS-PPD, quien disputa la candidatura presidencial del oficialismo para los comicios de 1999 con Zaldívar, consideró el arresto de Pinochet en Londres como "una secuela desgraciada de una larga dictadura".
Los dos precandidatos presidenciales de la derecha, Joaquín Lavín y Sebastián Piñera, cerraron filas en la condena a España y Gran Bretaña, e insistieron en que el arresto del ex dictador es una violación de la inmunidad diplomática y un "atropello a la soberanía de Chile".
Gladys Marín, secretaria general y candidata presidencial del Partido Comunista, condenó la reacción del gobierno y sostuvo que la inmunidad diplomática no puede proteger el delito de genocidio que se imputa a Pinochet.
El senador derechista Francisco Javier Errázuriz pidió romper relaciones con Gran Bretaña, mientras el hijo mayor del ex dictador, Augusto Pinochet Hiriart, condenaba la supuesta brutalidad de la acción de Scotland Yard afirmando que "nunca se ha detenido a nadie en Chile de esa forma".
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, José Miguel Insulza, indicó que el gobierno está analizando las acciones a seguir tras la presentación de una protesta formal ante el gobierno británico de Tony Blair y exhortó a los políticos a no pedir decisiones dramáticas. (FIN/IPS/ggr/ag/hd-ip/98
