La reputación de Canadá como paraíso de refugiados e inmigrantes resulta ahora inmerecida y pasada de moda, sostienen analistas críticos de la política de este país.
Unas 25.000 de los 212.000 extranjeros que inmigraron a Canadá el año pasado fueron refugiados. El gobierno tenía una cuota de 30.000 personas para refugiados, y de 240.000 para inmigrantes. Quienes critican el sistema afirman que se volvió tan pesado que los refugiados se rinden, frustrados, o son rechazados.
Políticos de derecha han intentado pintar a los inmigrantes como un lastre para los servicios de seguridad social y salud. En octubre, trataron de capitalizar la detención de más de 70 hondureños residentes en Vancouver acusados de distribución de cocaína.
Pero la mayoría de los inmigrantes a Canadá son personas con recursos y capacitación técnica y profesional perseguidas por los gobiernos de sus países de origen, afirman trabajadores de organizaciones no gubernamentales de ayuda a los refugiados.
Canadá es el único país en el mundo que impone un gravámen sobre refugiados e inmigrantes: alrededor de 1.000 dólares estadounidenses los adultos y 65 dólares cada niño.
Un panel instalado por el gobierno para hacer recomendaciones para reformar el sistema pretende que los inmigrantes paguen, además, el costo de la educación en inglés y francés para refugiados que no hablan ninguna de las dos lenguas oficiales canadienses.
Pero el grueso de las críticas acusan a los tribunales que determinan si las personas que solicitan el estatuto de refugiados realmente lo son. La Junta de Inmigración y Refugiados aún debe procesar 29.000 casos, una cifra que supera la cuota de refugiados legales.
La Junta enfrenta ahora acusaciones de parcialidad. En septiembre, el Congreso Judío Canadiense (CJC) demandó una investigación total e independiente sobre la Junta de Inmigración y Refugiados.
Moshe Ronen, presidente del CJC, dijo que la Junta opera ahora bajo "una nube de sospechas", y que varios de sus miembros han acusado a otros funcionarios del tribunal de ser antisemitas e intolerantes, y de discriminar a los homosexuales.
Unos 200 miembros de la Junta son designados por el gobierno, sin audiencias de confirmación del parlamento de Canadá. No hay requisitos para los miembros de la Junta, que tienen audiencias en la mayoría de las ciudades de Canadá.
Sus decisiones sólo pueden ser revocadas por una corte superior o por una orden del Ministro Federal de Inmigración. Aunque las decisiones de la junta de inmigración son comunes, las de la junta de refugiados raramente son revisadas.
En septiembre, el gobierno contrató a un reconocido abogado para probar las acusaciones. El vicepresidente de la Junta, John Frecker, es investigado por haber dicho "seig heil" y hecho un saludo nazi a un colega de la Junta, quien luego planteó una queja oficial.
Un miembro de la junta es investigado por una decisión de expulsión de un solicitante de estatuto de refugiado mientras su abogado presentaba el caso. Otra, suspuestamente dijo que nunca daría permiso para que un homosexual permaneciera en Canadá.
Mary Jo Leddy, autora del libro "At the Border Called Hope" (En la frontera llamada esperanza) sobre el sistema de refugiados de Canadá, afirma que la Junta está tan preocupada por evitar que los delincuentes no entren en este país que rechazan a refugiados legítimos. (FIN/IPS/tra-en/mb/kb/lp/pr ip/98
