La resistencia política a las medidas fiscales anunciadas hoy por el gobierno en Brasil es ahora la mayor fuente de incertidumbres que amenazan la economía nacional, con efectos internacionales, sobre todo en América Latina.
Al contrario de lo esperado, el aumento de tributos y contribuciones responde por dos tercios del esfuerzo fiscal que, en 1998, según el ministro de Hacienda, Pedro Malán, será de 23.300 millones de dólares.
La Contribución sobre Movimiento Financiero (CPMF), el llamado "impuesto al cheque" que grava todos los retiros bancarios, subirá de 0,2 por ciento a 0,38 por ciento en 1999. El mundo político y los empresarios esperaban un aumento a 0,3 por ciento.
Otra medida que provoca fuerte rechazo entre parlamentarios es la contribución de los funcionarios públicos jubilados a la previsión social. Será de 11 por ciento sobre sus sueldos, lo mismo que se cobra a los funcionarios en actividad.
Además, la contribución de los funcionarios activos que ganan más de 1.000 dólares al mes aumentará a 20 por ciento. Ese "adicional es temporal, por cinco años", intentó ablandar el ministro Malán.
Son medidas que difícilmente se aprueben en el Poder Legislativo, advirtieron líderes parlamentarios de partidos oficialistas, entre ellos el presidente del Senado, Antonio Carlos Magalhaes, principal aliado del presidente Fernando Henrique Cardoso.
El cobro de contribuciones a los funcionarios jubilados, o "inactivos" como son más conocidos, ya fue rechazado dos veces por el Congreso legislativo. Las autoridades económicas esperan un cambio de actitud de los parlamentarios, frente a la actual crisis financiera .
Malán y sus pares del área económica del gobierno destacaron que el 0,38 por ciento de CPMF solo se cobrará en 1999. A partir del 2000 "bajará" a 0,3 por ciento.
Ese es un impuesto que enfrenta total rechazo del empresariado, porque es acumulativo, es decir grava cada fase en la cadena de producción. Puede sobrepasar cuatro por ciento en total, en productos que pasan por varias etapas y incorporan diferentes insumos y servicios, argumentan los empresarios.
El costo de la producción nacional aumentará hasta cinco por ciento, afectando sus posibilidades de exportación, según Giulio Lattes, director de la Asociación Brasileña de Comercio Exterior.
Eso es porque las empresas sufrieron otro golpe, la elevación de la Contribución para Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS), de dos a tres por ciento sobre el total de su facturación. Los bancos pasarán a pagarla si el gobierno logra la aprobación de una ley que define el gravamen sobre sus ingresos.
Fernando Bezerra, senador y presidente de la principal organización empresarial, la Confederación Nacional de la Industria, lamentó que el ajuste se base "más en aumento de impuestos que en recorte de gastos".
Bezerra señaló, con cautela, que será necesario evaluar mejor si las medidas son indispensables y si permitirán una reducción sustancial de los intereses, efecto que sería muy benéfico para la producción.
El Banco Central elevó en septiembre su tasa máxima de intereses a 49,75 por ciento y paga hoy cerca de 42 por ciento. El presidente Cardoso anunció que el ajuste fiscal podrá reducirla al nivel anterior a la actual crisis financiera internacional, es decir 19 por ciento, en enero.
El ministro de Hacienda destacó que el ajuste es de emergencia pero que procura, a la vez, "cambiar la cultura brasileña de gestión de los recursos públicos", con medidas "estructurales".
Malán dividió el denominado Programa de Estabilización Fiscal en dos vertientes, una de impacto inmediato, como recorte de gastos y aumento de impuestos, y otra de carácter más permanente, para equilibrar definitivamente las cuentas públicas del país.
En este último caso se incluyen varias legislaciones en trámite o en elaboración. Una es la reforma de la administración pública, basada en una enmienda constitucional ya aprobada y cuya aplicación deberá reglamentarse en las próximas semanas.
Además esa reforma dispone de una ley que establece en 60 por ciento de los ingresos fiscales el máximo que los gobiernos municipales, estaduales o central pueden gastar con el pago de salarios de sus funcionarios.
Malán anunció para "los próximos dias" el envío al Congreso de una Ley de Responsabilidad Fiscal, para "disciplinar y exigir transparencia en los gastos públicos".
Será el principal instrumento para imponer la cultura de restricciones presupuestarias, previendo castigos para los gobernantes que gasten en exceso.
Además el gobierno promete promover una reforma tributaria, sustituyendo varios impuestos y contribuciones por el Impuesto al Valor Agregado, de aplicación exitosas en muchos países, con el fin de simplificar "el actual sitema caótico" y reducir la evasión, según el ministro.
Sobre la contribución de los funcionarios jubilados, Malán y sus auxiliares destacaron que la previsión social es "la principal fuente primaria" de desequilibrio fiscal, con un creciente déficit anual de 35.000 millones de dólares.
El sector privado, con 18 millones de beneficiados, solo contribuye con 18,5 por ciento de ese déficit y "no presenta grandes inequidades". Por eso no será afectado en nada por el ajuste.
Los funcionarios del gobierno central, 905.000 en total, representan 43,4 por ciento del déficit total y su contribución solo cubre 13 por ciento de los beneficios recibidos. Los estados y municipios, con unos 4,3 millones de funcionarios, presentan una situación similar.
La injusticia es evidente. El problema es convencer los parlamentarios, que también son parte del sector privilegiado, de que aprueben medidas cuyos afectados ejercen fuerte presión directa sobre ellos.
El ajuste sufrirá también fuerte resistencia entre los gobernadores estaduales y alcaldes, al elevar de 20 a 40 por ciento la parte de ingresos libre de vinculaciones presupuestarias, que el poder central podrá manejar a su gusto, en desmedro de estados y municipios. (FIN/IPS/mo/mj/ip if/98
