El ajuste fiscal anunciado por el gobierno de Brasil el miércoles obliga la sociedad a encarar distorsiones e inequidades enquistadas en el Estado, hace mucho conocidas pero ahora puestas en cuestión de forma dramática por la crisis financiera.
El gobierno decidió imponer sacrificios mayores a los funcionarios públicos, reanudando una batalla ya perdida tres veces anteriormente.
El Programa de Estabilidad Fiscal (PEF) extiende a los funcionarios jubilados la contribución de 11 por ciento de sus sueldos al sistema de jubilación, igualándolos a los que están en actividad.
Además, a los funcionarios activos que ganan más de 1.000 dólares mensuales se les impone una contribución adicional de nueve por ciento.
Las autoridades económicas esperan así recaudar 2.100 millones de dólares más en 1999, suma que se elevará casi 80 por ciento en los dos años siguientes.
La Confederación Nacional de Funcionarios Públicos Federales ya anunció una movilización contra estas medidas, que podrá llegar a una huelga.
Inicialmente se pedirá a la Suprema Corte declarar la inconstitucionalidad del cobro de la contribución a los jubilados, eufemísticamente llamados "inactivos", y el aumento para una parte de los activos.
Eso representa de hecho una "reducción real de salarios", vedada por la Constitución, argumentó Ismael José César, presidente de la Confederación, quien recordó que la justicia y el parlamento ya rechazaron antes la imposición del encargo a los "inactivos".
Además, hace cuatro años que el gobierno central no concede aumentos salariales a sus funcionarios, añadió.
El gobierno usa a los funcionarios de "chivo expiatorio" de sus problemas económicos, dijo el diputado Marcelo Deda, del opositor Partido de los Trabajadores, comparando el tratamiento al sufrido por los judíos en la Alemania nazista.
El ministro de Hacienda, Pedro Malán, justificó el sacrificio de los funcionarios señalando que el déficit del sistema de previsión social del sector público, de 29.000 millones de dólares este año, es la principal fuente del desequilibrio en las cuentas públicas.
Mientras los funcionarios se jubilan ganando el mismo sueldo de sus colegas en actividad, en el sector privado los trabajadores sufren una brutal reducción de ingresos al jubilarse, argumentó Malán.
El régimen previsional del sector privado, que se aplica también a una parte de los empleados estatales, limita a 900 dólares la remuneración máxima.
En total son 18 millones de jubilados, que generan un déficit de 6.500 millones de dólares, menos de un cuarto del provocado por solo tres millones de funcionarios públicos.
Los primeros ganan en promedio 185 dólares mensuales, los segundos ocho veces más, pero la desigualdad es más abrumadora en relación a los inactivos de los poderes legislativo y judicial, que reciben beneficios 20 veces mayores.
La inequidad se agrava por la excepción a los militares y parlamentarios, a los cuales no se impone la contribución, según Malán, porque tienen sus propios sistemas de previsión social, cuyas alteraciones exigen nuevas leyes.
El presidente del Senado y del Congreso Nacional, Antonio Carlos Magalhaes, del conservador Partido del Frente Liberal, condenó tales exenciones y defendió la participación de los militares en el esfuerzo de ajuste fiscal.
Los argumentos del gobierno son principalmente financieros. Los trabajadores y jubilados del sector público sufrirán los mayores sacrificios porque generan más déficit.
Pero la medida abre el debate sobre las desigualdades que tienen origen en el propio Estado, como esa división entre una minoría con derecho a una jubilación con remuneración digna y la gran mayoría de los trabajadores.
"El gobierno me está robando", criticó un "inactivo" defendiendo sus "derechos adquiridos", en una de las discusiones callejeras que se multiplicaron en Brasil desde el mircoles.
"Es usted que me está robando, porque gana mucho sin trabajar a costa del impuesto que yo pago", contestó su interlocutor. (FIN/IPS/mo/mj/if/98
