Los pantalones vaqueros que llegan de Asia provocaron en Venezuela una lucha entre gobierno, consumidores, industriales y comerciantes, que por momentos adquirió visos de "guerra popular" al grito de: "Dile no al 4.069".
Millares de compradores en las 500 tiendas de las populares cadenas de ropa casual Graffiti, El Fortín y Pepeganga estampaban desde el jueves su nombre y firma en la lista del "no" a la Resolución 4.069 del Ministerio de Hacienda, que fijó precios de referencia para los pantalones importados.
"Presentaremos esas listas a las autoridades porque al lado de nuestro interés está el de millones de venezolanos con derecho a usar prendas de calidad sin cargar con los problemas de costos de productores ineficientes", dijo a IPS Carlos Sultán, dueño de Graffiti.
En la otra acera se ubicó José Uthman, de la fábrica Petsusin, quien indicó que la medida gubernamental les "permitirá competir en términos más equitativos y aumentará las ventas de confecciones nacionales".
El ministro de Industria y Comercio, Héctor Maldonado, indicó que la decisión buscó "combatir la subfacturación, mediante la cual el importador defrauda a la aduana declarando las mercancías por un valor inferior al real para cancelar menos impuesto".
La resolución, reconoció Maldonado, tuvo como telón de fondo la necesidad de reanimar la producción textil, al cabo de un año de recesión en el conjunto de la manufactura venezolana, con pérdida de decenas de miles de empleos.
Venezuela mantiene inalterables los aranceles para confecciones importadas, con un tope de 20 por ciento sobre su precio CIF (costo, seguro y flete), pero la resolución 4.069 estableció como precio de referencia 23 dólares por kilogramo de vaquero importado, frente a estimados previos de cinco dólares.
El gremio de los comerciantes, encabezado por Antonio Fernández, denunció la medida como proteccionista y contraria a convenios internacionales suscritos por Venezuela, como el de la Comunidad Andina y el de la Organización Mundial de Comercio.
Pero, sobre todo, los comerciantes alegan que la resolución cuadruplica artificialmente el precio de la ropa importada "para favorecer gratuitamente al sector industrial sin que éste mueva un dedo para nuevas inversiones, aumentar los salarios o elaborar productos de más calidad", según Sultán.
"No sé a quién quiere proteger el gobierno, pero nos deja desnudos a nosotros, el pueblo, con la crisis de ingresos que tenemos", dijo a IPS Teresa Linares, una profesional de la empobrecida clase media de 34 años.
Casi 90 por ciento de los 23 millones de venezolanos, según estudios de mercado, usa pantalones vaqueros en el trabajo, los lugares de estudio -es parte del uniforme en la mayoría de las escuelas- o de paseo.
Carmen Morillo, ama de casa con hijos varones en segundo y séptimo grado, debe comprar para cada uno de ellos dos o tres vaqueros cada semestre. Los nacionales cuestan entre 15 y 32 dólares, y los importados unos 18 dólares, "y los prefiero porque se destiñen menos y tienen mejores costuras", afirmó.
El economista Antonio Paiva sostuvo que con el costo CIF de cinco dólares más otros impuestos, un vaquero promedio puede ofrecerse al público desde 15 dólares, pero subirá a más de 45 con la nueva medida. "Es la puerta que estimula es sesgo antiexportador de nuestra industria", opinó.
En cambio, Luis Ball, presidente del gremio de industriales, destacó que la Resolución 4.069 "evita la competencia desleal asociada a la subfacturación: los importadores pedían a su proveedor en Indonesia o en China que le facturase por la mitad o menos del precio real, para ahorrarse impuestos".
"Los precios bajos de los textiles asiáticos son producto en parte de la crisis en esa región, con empresas que necesitan liquidez a todo coste", pero "esa situación puede revertirse y, cuando los productos se vuelvan caros, habrá desaparecido nuestra industria textil", advirtió Ball.
El industrial se preguntó si "Venezuela debe salvar de la quiebra a una industria indonesia, por ejemplo", permitiendo que se inunde el mercado local con sus productos y crezca el desempleo, "con lo que habrá menos gente capaz de adquirir esos bienes" importados.
Sultán replicó que "la industria que se trata de proteger lo que quiere es un mercado cautivo para productos que elabora con materia prima de baja calidad y a menudo con artificios como el uso de marcas falsificadas".
En esta guerra comercial, los importadores han contado con refuerzos internacionales, como era de suponer, y la ministra de Comercio Exterior de Colombia, Marta Lucía Ramírez, advirtió que "estos precios mínimos oficiales" perjudican terriblemente.
"No nos podemos llamar a equívocos. Si comenzamos una guerra de proteccionismos vamos a terminar perdiendo más de lo que se ganaría protegiendo a unos sectores puntuales", dijo Ramírez.
Colombia y Venezuela son, de manera recíproca, su primer mercado para exportaciones no tradicionales. Los dos países funcionan como locomotora de la Comunidad Andina y establecieron la meta de comerciar este año por 3.000 millones de dólares, 10 veces su intercambio hace una década.
Pero la crisis recesiva que los une impedirá alcanzar la meta, dijo Ramírez durante una visita a Caracas esta semana.
Maldonado afirmó que en unos días habrá una nueva resolución, que modificará la 4.069, y Fernández adelantó que posiblemente traerá una "salida salomónica", con un nuevo precio de referencia para los pantalones vaqueros de 10 a 12 dólares.
Pero quizás, también, se fijen nuevos precios de referencias para las más diversas confecciones, neumáticos, electrodomésticos y juguetes. "Estamos regresando al proteccionismo", deploró Fernández. (FIN/IPS/jz/ag/if/98
