El ingreso de capitales a América Latina y el Caribe llegó en 1997 a la cifra récord de 73.000 millones de dólares y casi triplicó el monto de dos años antes, detalló el SELA en un informe difundido esta semana en Venezuela.
En el análisis anual sobre Financiamiento Externo y Deuda Externa en la región, el SELA (Sistema Económico Latinoamericano), que agrupa a 28 países, precisó que el "boom" inversor tuvo el valor de que 44.000 millones fueron inversión directa.
Pero la otra cara de ese elemento positivo es la concentración de la inversión general y en particular la directa. Brasil y México concentraron 60 por ciento del total de inversión directa, y si se suman Argentina y Venezuela, se llega a 80 por ciento.
El SELA, con sede en Caracas, indicó que el comportamiento de los capitales tuvo dos etapas muy diferenciadas durante 1997, una de "crecimiento extraordinario" y otra de "retracción" desde octubre, cuando la crisis financiera asiática impactó a la región.
La restricción inversora siguió a lo largo de 1998 "y sus consecuencias finales son imprevisibles", advirtió el SELA.
El informe del SELA divulgado el jueves detalló que lo más positivo del auge inversor de 1997 es el cambio en la naturaleza de los capitales, con la caída abrupta de los flujos de corto plazo en favor de los de más largo plazo.
En 1993, la inversión directa apenas totalizó 11.300 millones de dólares, frente a los 44.000 millones de 1997, precisó el informe, para dar idea de la magnitud del impulso.
La inversión directa fue atraida por el alto crecimiento de las economías regionales, la mejora de los servicios de telecomunicaciones y transporte, el impulso de la integración, la privatización y las adquisiciones por transnacionales de empresas en la región.
En general, 1997 fue un año muy positivo para la inversión directa y de mediano plazo en el Sur en desarrollo, según el Banco Mundial, que situó su monto en 120.000 millones de dólares, cinco veces más que en 1990.
Un solo país, China, tuvo una inversión directa cercana al total latinoamericano, al atraer 37.000 millones de dólares, en un flujo que no se fue inhibido por el hecho de que el gobierno de Beijing mantenga una alta intervención en la economía.
El SELA explicó que hasta la crisis asiática, 1997 consolidó un nuevo fenómeno. Se trata del desplazamiento de las masas de inversores que buscan acumular patrimonios a un nuevo centro del dinamismo capitalista: el mundo en desarrollo, ante señales de "arterioesclerosis económica" en los países industrializados.
Pero la crisis asiática provocó una alta preocupación por las colocaciones en los países de ingresos medios, entre ellos varios latinoamericanos, por ser los más expuestos al contagio de crisis externas y ser a su vez la espoleta de problemas generalizados en el globalizado sector financiero.
El informe del SELA indica que es una incógnita si a mediano plazo ganará la afluencia de capital a los países emergentes o tras la crisis asiática se consolidará la cautela ante un mercado de alto rendimiento pero más inseguro.
También destaca que el comportamiento inestable y pendular de los capitales en las recurrentes crisis financieras ha generado un debate aún de incierto desenlace, sobre si conviene imponer algún tipo de control a los movimientos inversores, en particular los especulativos.
El informe subraya que, dentro de ese debate, se ha vuelto a poner sobre la mesa la propuesta de James Tobin, premio Nobel 1981 de economía, quien ya en 1972 planteó la aplicación de un impuesto sobre las transacciones que incluya cambio monetario.
Frente a esa propuesta, que actuaría de defensa para los países receptores ante abruptos vaivenes en el flujo de capitales, avanza en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) un proyecto que preocupa a los países latinoamericanos.
La OCDE, que agrupa a 26 economías industriales y entre ellas a México, avanza internamente en la negociación de un Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, que después buscaría imponer en la Organización Mundial de Comercio.
El proyecto pretende incluir una polémica instancia de arbitraje internacional para los conflictos sobre capitales, en que el inversor podría recurrir a un arbitraje internacional cuyo dictamen debería acatar el Estado receptor.
En materia de deuda externa regional, 1997 finalizó con un monto de 644.000 millones de dólares, una cantidad que triplica el nivel de 1980 y es nueve veces superior al de 1975.
También en deuda existe una alta concentración, porque 90 por ciento del total corresponde a siete países: Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú y Chile.
El pago de los intereses consumió 42.500 millones de dólares en 1997, un aumento notable respecto a los niveles que se mantuvieron estables entre 1980 y 1994, cuando oscilaron entre 24.000 y 28.000 millones de dólares. (FIN/IPS/eg/ff/if/98
