La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió a la ONU que destituya al militar chileno al mando de la misión de paz en Cachemira por su presunta participación en atrocidades cometidas en Chile hace 25 años.
HRW acusó al general de brigada Sergio Espinoza Davies, al frente del Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en India y Pakistßn (Unmogip), de haber condenado a muerte a seis socialistas chilenos en un juicio secreto celebrado en octubre de 1973.
Cuatro de los hombres fueron ejecutados la mañana siguiente, indicó HRW en una carta dirigida al secretario general de la ONU (Organización de Naciones Unidas), Kofi Annan.
Espinoza "no tiene las condiciones para dirigir una misión de paz que procura defender los principios internacionales de derechos humanos por los que se creó la ONU", afirmó el viernes Joanna Weschler, representante ante el foro mundial de HRW.
El portavoz de la ONU, Fred Eckhard, declaró este viernes que el organismo mundial estß estudiando la situación y espera la explicación del gobierno chileno sobre la carrera de Espinoza. La ONU decidirß qué hacer cuando Santiago proporcione mßs información sobre el caso, agregó.
Pero Eckhard puntualizó que la ONU no investiga los antecedentes de todos los funcionarios recomendados para cargos en el foro mundial, sino que depende de los gobiernos para decidir sobre las calificaciones de los candidatos. "No dudamos de los gobiernos", dijo.
Espinoza habría negado su participación en la violación de derechos humanos, pero se negó a realizar declaraciones cuando fue cuestionado por la prensa en Pakistßn.
En la carta a Annan, Weschler y José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW/Américas, sostienen que Espinoza, como capitßn del ejército chileno tras el golpe militar del general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende, actuó en al menos un tribunal de guerra.
Según la oficial Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile, este tipo de tribunales tenían un "nivel insatisfactorio" de conocimientos jurídicos, señala la carta.
"En muchas de las muertes decididas por los tribunales de guerra, se debe presumir que no hubo juicio y que éstos tuvieron el fin de justificar una ejecución ilegal", agrega.
Un ejemplo, según Vivanco y Weschler, es la pena de muerte decidida el 29 de octubre de 1973 contra seis dirigentes del Partido Socialista de la localidad de Iquique. El juicio "violó las normas que protegen los derechos humanos de los acusados", según la Comisión de Verdad y Reconciliación.
Un integrante del tribunal, Juan Enrique Sinn Bruno, adujo que en primera instancia los seis acusados fueron condenados a 10 años de prisión, pero la sentencia fue cambiada a pena de muerte por "órdenes superiores", dice la carta a Annan.
El nombramiento de Espinoza se realizó de acuerdo con procedimientos de rutina en las misiones de paz de la ONU, por los que los países recomiendan según sus propios criterios a los funcionarios ante el foro mundial.
Pero esta situación generó gran inquietud luego de que el diario estadounidense The New York Times divulgara las acusaciones contra Espinoza, cuya función en Cachemira consiste en vigilar posibles atrocidades cometidas por India o Pakistßn en la zona en disputa. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/aq-ml/ip-hd/98)
