Libia exigió mayores garantías para permitir el juicio en Holanda de dos ciudadanos libios acusados de perpetrar un atentado terrorista en 1988 contra un avión de la compañía aérea Pan Am.
Anteriormente, Libia había declarado su voluntad de que los dos libios, Abdul Basset al Megrahi y Lamen Jalifa Fhimah, fueran juzgados por un juez y un jurado escoceses en un país neutral como Holanda.
Los dos están acusados de perpetrar el atentado con bomba que en 1988 derribó al avión de Pan Am sobre la localidad escocesa de Lockerbie, causando la muerte a 270 personas.
Aunque Estados Unidos y Gran Bretaña aceptaron, luego de años de idas y venidas, que el juicio se realice en un país neutral, Libia sospecha que seguirá en pie el régimen de sanciones que le impuso hace seis años la ONU (Organización de las Naciones Unidas), declaró el embajador libio ante el foro mundial, Abuzed Omar Dorda.
Trípoli "aceptó el juicio de los dos sospechosos ante un tribunal escocés que funcionará en Holanda, pero no aceptará que se fije condición alguna en relación a la realización de la propuesta", advirtió Dorda el martes pasado ante la Asamblea General de la ONU.
Libia no entregará a Al Megrahi ni a Fhimah hasta que tenga las garantías de que los dos "no serán extraditados o transferidos a Estados Unidos o Gran Bretaña por ninguna razón, en ninguna etapa del juicio", declaró el embajador.
Dorda pretende un acuerdo entre Holanda y Libia para garantizar la seguridad de los sospechosos y su retorno al final del juicio, pero Estados Unidos y Gran Bretaña se niegan a negociar las condiciones del mismo.
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, solicitó la semana pasada a Libia que acepte la propuesta y advirtió que cualquier demora de Trípoli se considerará una evasiva para impedir la realización del juicio.
No obstante, gobiernos africanos y árabes, cansados de la prohibición de viajes internacionales impuesta a Libia desde 1992 para obligarla a entregar a los acusados, comparten la idea de que se deben continuar las negociaciones.
"Pedimos a Gran Bretaña, Estados Unidos y Holanda que dialoguen con Libia, directamente o a través del secretario general de la ONU", para que acepten un proceso "que ofrezca medidas adecuadas de seguridad a los dos sospechosos", instó el presidente de Ghana, Jerry Rawlings, ante la Asamblea General.
Otros gobernantes expresaron su preocupación por la "letra chica" del acuerdo entre Washington y Londres, incluso sobre el pedido que hizo el 27 de agosto el Consejo de Seguridad de la ONU a Libia para que proporcione las pruebas o los testigos que solicite el tribunal de Holanda para el juicio.
"No conozco ningún sistema de jurisprudencia en el mundo donde los acusados deban presentar testigos para la fiscalía", manifestó al respecto el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela.
Más inquietante para Libia es la posibilidad de que Al Megrahi y Fhimah deban cumplir sus condenas en Gran Bretaña, en caso de ser hallados culpables.
El acuerdo entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Holanda establece que "los acusados serán trasladados a Gran Bretaña con el fin de cumplir la sentencia de custodia impuesta por el tribunal escocés, tras su condena".
Pero Libia pretende que, en caso de ser hallados culpables, los sospechosos cumplan la pena en Holanda, ya que ése es el lugar del juicio.
Trípoli también se opone a todo acto de "piratería institucional" que pueda trasladar a los sospechosos desde Holanda para ser juzgados en Estados Unidos o Gran Bretaña, explicó Dorda.
El diplomático también expresó su recelo sobre el lugar del juicio, al que calificó de "base militar utilizada por los estadounidenses en Holanda", y dudó que la prohibición de viajar u otras sanciones se levanten inmediatamente una vez que se entreguen los sospechosos.
Según el embajador de Eslovenia ante la ONU, Danilo Turk, la raíz del problema se encuentra en que "el nivel de desconfianza" entre Libia, por un lado, y Estados Unidos y Gran Bretaña, por otro, "sigue siendo muy grande".
Funcionarios estadounidenses creen que el presidente de Libia, Muammar Gadafi, no tiene intención de permitir el juicio, y consideran la propuesta de Holanda como un medio para desenmascararlo.
Por su parte, Libia cree que las sanciones no se levantarán jamás y, tras los años de sanciones de la ONU contra Iraq y Libia, muchos países en desarrollo y estados miembros del Consejo de Seguridad comparten esta opinión.
"Creo que, dentro de unos meses, estos problemas se podrán resolver", sostuvo Turk.
Pero las críticas de Dorda a la propuesta de juicio en Holanda podrían impedir una solución inmediata. Londres y Washington advirtieron que si Trípoli rechaza el plan, el Consejo de Seguridad deberá considerar sanciones más severas para forzar su cooperación. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/aq-ml/ip/98
