El caso de María Luisa López, residente en un pueblo vecino a esta capital, es un ejemplo de las mujeres españolas que viven aterrorizadas, pendientes de que sus cónyuges lleguen para asesinarlas.
López, de 60 años, convivió con su cónyuge, Edelmiro, de 65, durante 34 años, en los que fue sometida a malos tratos físicos y psíquicos con frecuencia. A mediados de junio no soportó más y presentó una denuncia en la comisaría de policía local.
El 26 de junio su pareja le preguntó si había retirado la denuncia y, al contestarle que no "por falta de tiempo", tomó un cuchillo y la apuñaló. Ella fue trasladada al hospital y él detenido pocas horas después.
Desde entonces Edelmiro está en la cárcel, en prisión preventiva, a la espera de que se pronuncie el juez. Como no la mató, sólo es procesado por agresión o intento de homicidio y, previa fianza, el juez puede dictar su libertad provisional.
Ese es el temor de López, como tantas otras mujeres que denuncian una y otra vez los malos tratos y agresiones, sin que se adopten medidas para impedir la reincidencia.
Así ocurrió con Ana Belén Barroso, también vecina de Madrid, quien denunció 15 veces a su marido y pidió ayuda públicamente, incluso en un popular programa de televisión. Pero fue inútil.
Su cónyuge la esperó cuando ella fue a retirar a sus hijos del colegio, el 23 de septiembre, y también la apuñaló. En este caso la juez actuante dispuso la prisión incondicional contra el agresor.
Belén Rivas tenía 25 años de edad y llevaba 24 denuncias contra su esposo por malos tratos contra ella y sus hijos, hasta que la asesinó, a principios de septiembre. El marido, según los juzgados, carecía de antecedentes, pues cada denuncia tratada por separado era considerada sólo una falta, en vez de un delito.
En 1998, según cifras oficiales, 91 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, una cada cuatro días. De ellas, 89 habían presentado denuncias por malos tratos contra los que finalmente las mataron.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) de toda España se movilizan para que se adopten medidas.
Estas, sostienen, deben incluir en primer lugar el cumplimiento de las leyes por jueces y fiscales, la reforma de la legislación vigente, el amparo a las víctimas y una acción educativa y de comunicación que cree conciencia de que el maltrato es un delito.
El gobierno respondió con un proyecto de ley de reforma del Código Penal, que prohibiría al agresor acercarse a la víctima antes de que se dicte la sentencia, aumentaría las penas y permitiría iniciar acciones judiciales de oficio, sin necesidad de que medie una denuncia expresa de las afectadas.
Además, la Fiscalía General del Estado está preparando una orden, que se emitirá a mediados de este mes, disponiendo que 50 fiscales se ocuparán en toda España de impedir que los denunciados puedan reincidir.
El Defensor del Pueblo, Fernando Alvarez de Miranda, pide que además del Código Penal sea reformado el Civil, incluyendo el divorcio automático cuando se verifiquen los malos tratos, sin esperar a que transcurran los plazos previstos para otros casos de divorcio.
La Asociación de Fiscales cree que es positivo destinar a 50 de ellos a perseguir el maltrato, pero añadió que la solución no está en la vía penal, porque en la mayoría de los casos con la legislación vigente la tipificación no será de delito sino de falta, sin llegar, por tanto, a celebrarse un juicio.
Una fiscal jefe, Angeles García, también duda de la acción penal y en declaraciones al diario El País comentó que "las mujeres acuden a la fiscalía pidiendo que su marido deje de beber o que las quiera".
Una opinión opuesta expresan ONG, feministas y de derechos humanos, que señalan que el problema es la impunidad.
Una abogada comentó que la lenidad de las penas, que imponen multas de cien o 200 dólares, lleva a que algunos maridos adviertan a su cónyuge: "En cuanto cobre un aguinaldo te daré una ración doble".
Por eso, en las manifestaciones públicas contra los malos tratos se enarbolan carteles que dicen: "no están locos, son asesinos", "el maltrato criminal, despreciable criminal" o "el machismo es un delito contra todos". (FIN/IPS/td/ag/hd/98
