En Colombia se registran las mayores violaciones al Derecho Internacional Humanitario y persisten los máximos niveles de impunidad de todo el hemisferio occidental, afirmó la organización Human Rigths Watch (HRW).
La aseveración fue hecha en Bogotá por José Manuel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de HRW, al presentar el informe "Guerra sin cuartel", sobre el derecho internacional humanitario, en Colombia.
Durante 1997, según el documento divulgado el jueves, murieron en combate 1.250 personas y 2.183 civiles fueron asesinados por motivos políticos.
"Para nosotros Colombia sigue siendo, lamentablemente, el punto de mayor preocupación en el continente (…) Los niveles de impunidad que persisten son incomparables con el resto del hemisferio", dijo Vivanco.
Al calificar como devastadora la situación colombiana, Vivanco llamó la atención de todas las partes en conflicto para que superen la actual crisis, si es que quieren sentar unas bases sólidas hacia un proceso de paz como el propuesto por el gobierno del conservador Andrés Pastrana.
El portavoz de HRW reconoció que "se están produciendo algunas iniciativas alentadoras hacia la paz en Colombia (…) pero es imposible construir la paz en medio de estas violaciones masivas y sistemáticas".
El funcionario internacional que el miércoles, antes de divulgar el informe, se entrevistó con Pastrana, reiteró la censura que su organismo mantiene sobre las legales Cooperativas de Autodefensa (Convivir), señaladas en múltiples denuncias como manpara de grupos paramilitares.
También alertó al gobierno y a las organizaciones guerrilleras sobre la inconveniencia y el repudio internacional que generaría que, en el marco de un acuerdo de paz, se consideraran prisioneros de guerra a guerrilleros acusados y sentenciados por delitos atroces, como secuestro o ejecución fuera de combate.
Esta posibilidad fue considerada inicialmente por el ministro del Interior, Néstor Martínez, ante una solicitud de canje de prisioneros hecha al gobierno por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor fuerza guerrillera del país, con unos 15.000 hombres en armas.
Aunque el gobierno la desechó posteriormente, persistirían los presiones, como preámbulo al inicio de las negociaciones entre el gobierno y las FARC, previsto para este mes con el retiro del ejército de cinco municipios en territorio de fuerte influencia guerrillera.
El documento divulgado este jueves es resultado de una amplia investigación del periodo 1996-97, durante el cual los miembros del organismo de defensa de derechos humanos entrevistaron o consultaron 750 fuentes, de las partes que intervienen en el conflicto armado interno, víctimas, jueces y periodistas.
Vivanco destacó que una de las conclusiones del informe es que todas las partes -fuerzas de seguridad del Estado, paramilitares y guerrilla- cometen crímenes atroces que intentan encubrir con un discurso supuestamente respetuoso del Derecho Internacional Humanitario.
Aunque las violaciones son generalizadas en Colombia, los grupos paramilitares figuran como los principales responsables de las mismas.
El informe documenta casos en los que se evidencia "la tolerancia del ejército y en ocasiones su apoyo directo a grupos paramilitares en sus campañas de terror contra sus enemigos políticos".
Algunos de los hechos consignados en el informe dan cuenta de la degradación y los horrores generados por un conflicto cuyo origen data de la llamada época de la Violencia, a fines de la década de 1940.
Un caso es el del municipio de El Aro, en el noroccidental departamento de Antioquia, donde el 25 de octubre de 1997, una fuerza conjunta del ejército y paramilitares rodeó la población y ejecutó a cuatro personas en la plaza pública.
"Al día siguiente, ataron a un árbol al propietario de un comercio, Aurelio Areilza, le sacaron los ojos y le cortaron la lengua y los testículos antes de matarle", añade. En los cinco días siguientes los soldados vigilaban mientras los paramilitares ejecutaron al menos 11 personas, entre ellas tres niños.
La colaboración del ejército con los grupos paramilitares se produce en información de inteligencia y apoyo logístico, pero también, como en el caso de El Aro, promoviendo o coordinando maniobras conjuntas, señala el informe de HRW.
Al denunciar las violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por la guerrilla, HRW citó la colocación de una bomba en el cadáver de un soldado muerto en combate entre las FARC y el ejército, el 16 de febrero pasado en Fómeque, en el centrooriental departamento de Cundinamarca.
El dispositivo hizo explosión cuando descargaban el cadáver en Bogotá, matando a dos soldados e hiriendo a otros cinco, describe el documento.
La voladura recurrente de los oleductos, la colocación de minas antipersonales y el secuestro, por parte del guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), "son ilícitos porque no representan ventajas militares para las fuerzas en conflicto", aseveró Vivanco.
La falta de observancia de todos los sectores en guerra civil no declarada de las mínimas reglas establecidas en los tratados de Ginebra, "provoca bajas de civiles generalizadas que podrían ser evitadas", añadió.
Como una excepción dentro del Estado, destacó que en la Policía "hay un cambio de actitud", aunque también en ocasiones facilita las incursiones de paramilitares, al abandonar los puestos en poblaciones que han sido atacadas por la guerrilla.
El panorama descrito por el informe "Guerra sin cuartel", toca de manera especial a los desplazados, consecuencia del conflicto. Colombia es el cuarto país con mayor número de desplazados internos, después de Sudán, Angola y Afganistán.
El informe de HRW se conoce tres meses después de que un panel internacional de expertos publicó estudio en el periódico británico The Observer que clasificó a Colombia como el sexto país a escala mundial en violaciones de los derechos humanos.
En la estadística, que incluye a 194 países, anteceden a Colombia, Argelia, Corea del Norte, Myanmar, Indonesia y Libia.
Por la dureza de los términos con que "Guerra sin cuartel", se refiere al caso colombiano y la contundencia de las afirmaciones de Vivanco, analistas esperan reacciones de la cúpula militar, la guerrilla y los paramilitares. (FIN/IPS/mig/ag/hd/98
