En la administración pública de Argentina, casi la mitad de los funcionarios son mujeres. Pero a la hora de ocupar cargos ejecutivos, la proporción cae a 28 por ciento, y en los niveles más altos es de sólo 17 por ciento.
Los datos se desprenden de un informe realizado este año por el Instituto Nacional de Administración Pública para conocer la situación de las mujeres en el sector público. De allí surgió que 48 por ciento de los funcionarios son mujeres, pero en su mayoría se desempeñan en niveles medios, incluso las profesionales.
El argumento de que ellas tienen menos preparación para los cargos es dementido por el propio informe, que también detalla el nivel educativo de los funcionarios y concluye que con una preparación similar, los hombres tienden a ocupar cargos de mayor jerarquía.
El informe forma parte de una serie de investigaciones que el Consejo Nacional de la Mujer reclamó a las distintas áreas de la administración con respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, que las financia para conocer cuántos y cuáles cargos ocupan las mujeres y cómo se las estimula a hacer carrera.
En septiembre, un hecho considerado "normal" por los que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, desató una polémica que mostró que el llamado "techo de cristal" está sufriendo embates en áreas insospechadas.
"La falta de conciencia sobre asuntos de género entre los diplomáticos es alarmante", dijo a IPS Teresa González, subsecretaria de la mujer del Ministerio, quien fue designada este año, al mismo tiempo que se jerarquizó el área dedicada a estudios de la mujer dentro de la cancillería.
"Queremos ser un vehículo de información sobre los temas internacionales de género hacia adentro del país, y también recibir información sobre la situación de las mujeres argentinas, para darlo a conocer en el exterior", señaló González.
La crisis de este mes surgió cuando el embajador en Perú, el escritor Abel Posse, reclamó por escrito que se cubra la vacante de un agregado administrativo en esa legación con un hombre, y no con una mujer.
"Como aspecto prioritario, que el cargo sea cubierto por un funcionario de sexo masculino", detalló el diplomático en su solicitud, sustentada en "la naturaleza de la tarea a cumplir".
Y enumeró: viajes al aeropuerto de madrugada, gestiones en Lima, una ciudad a la que calificó como insegura y con un tráfico difícil, necesidad de desempeñarse con su vehículo particular y asistencia a la residencia en horas de la madrugada.
"Sería un grave error enviar a una funcionaria que, por causa de sus limitaciones obvias, no pueda sernos útil en las tareas", alertó el diplomático, ganador del premio Rómulo Gallegos de novela en 1992, por "Los perros del paraíso".
La solicitud de Posse alarmó a la secretaria de Asuntos Consulares, Alicia Martínez Ríos, por la "marcada misoginia" del contenido, en tanto fue descalificado por la subsecretaria de Derechos Humanos, María Matilde Lorenzo, y la directora de Asuntos Consulares, Elsa Kelly.
El Ministerio de Relaciones Exteriores es uno de los más conservadores a la hora de incorporar mujeres o alentar su desarrollo: sobre un total de 909 funcionarios, sólo 19,4 por ciento son mujeres.
Si se observa el porcentaje de embajadoras, son sólo 7,8 por ciento, pero entre los secretarios de tercera categoría aumenta a 33 por ciento.
En cambio, en el Ministerio de Educación, las mujeres son mayoría, con 63 por ciento de los cargos. No obstante, en los puestos ejecutivos son apenas 25 por ciento, aún ahora que hay una mujer al frente, la ministra Susana Decibe.
Ante esta realidad, las mujeres que trabajan en asuntos de género no se amedrentan y destacan que hace una década la proporción de mujeres que llegaba a ocupar puestos de importancia dentro de la administración pública eran menos que ahora.
Incluso en los últimos cinco años, hay sectores en los que la participación femenina -aunque escasa- se duplicó.
En el sector privado, la discriminación no es menor -sólo cinco por ciento de los cargos ejecutivos son ocupados por mujeres.
La situación en el parlamento es diferente. En la Cámara de Diputados, donde se sancionó una ley de cupo en 1991, las mujeres pasaron de 13 a 73, sobre un total de 257 miembros, mientras que en el Senado, donde no corre la ley, son cuatro sobre 72.
En el Poder Judicial, las cosas no mejoran. Sólo 20 por ciento de los jueces son mujeres y ninguna tiene -ni tuvo- un cargo en la Corte Suprema de Justicia, última instancia de apelación que cuenta con nueve miembros.
Por eso, las funcionarias de la cancillería creen que el "techo de cristal", que deja a las mujeres por debajo del nivel al que muchas veces aspiran, es una realidad aún en la administración pública, donde debería forjarse un modelo sobre la participación femenina para que el sector privado pueda imitar. (FIN/IPS/mv/ag/hd/98
