Las mujeres de América Latina y el Caribe están pobremente representadas en cargos de liderazgo y, pese a evidencias de evolución favorable, su falta de poder es un problema que debe ser resuelto.
El aserto surge de un estudio realizado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la finalidad de divulgar antecedentes que permitan delinerar estrategias de promoción del liderazgo de la mujer.
La investigación, a la que accedió IPS, fue difundida por la Unidad del Programa de la Mujer en el Desarrollo, del BID, y realizada por Mala Htun, del Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard.
La evaluación indica que la representación de las mujeres de América Latina y el Caribe es en promedio de 10 por ciento en los parlamentos y de ocho por ciento en funciones ministeriales.
Se trata de una participación mayor a la de otras regiones en desarrollo, pero inferior a la que se registra en los países del Norte industrial, particularmente los nórdicos.
En Asia meridional, las mujeres ocupan cinco por ciento de las bancas parlamentarias y tres por ciento de los ministerios, y en los estados árabes, la proporción es de cuatro y uno por ciento, respectivamente.
La presencia de mujeres aumenta en la Unión Europea a 14 por ciento en los parlamentos y a 16 por ciento en los ministerios. En los países nórdicos, es de 35 y 31 por ciento, respectivamente.
Los datos conocidos demuestran que "las oportunidades que tiene la mujer de ejercer el liderazgo tienden a ser mayores fuera de los principales centros de poder", dijo Htun.
La investigación indicó que la proporción de mujeres en cargos de liderazgo es mayor en los escalones inferiores de la jerarquía organizativa, en zonas ajenas a las capitales y en entidades del Estado de poder relativamente bajo.
Un ejemplo de ello es la presencia de la mujer en la estructura judicial de la región.
Las mujeres constituyen 45 por ciento de los jueces de primera instancia, pero su presencia se reduce a 20 por ciento entre los de segunda instancia y es de casi cero en la Corte Suprema de Justicia, instancia que decide las controversias entre los otros tribunales.
Htun señaló que, desde el punto de vista histórico, las conexiones familiares han facilitado el ascenso de la mujer a cargos en el gobierno.
"Con frecuencia, la mujer que ha alcanzado poder en el sector público es pariente de algún político", afirmó. Ocho de 11 parlamentarias latinoamericanas entrevistadas en 1993 para un estudio especializado admitieron que sus conexiones familiares habían facilitado su entrada al Congreso, dijo Htun.
Como otro ejemplo, la investigadora indicó que en Brasil, la mayoría de las 12 candidatas a gobernaciones en las elecciones de 1994 eran parientes de políticos importantes.
Tres de las cuatro candidatas que participarone en la segunda ronda de votación eran esposas de ex gobernadores y una era hija de un ex presidente.
Según Hutn, no es mayor la participación de las mujeres en la dirección de los sindicatos y de las empresas privadas.
La investigadora otorga un papel importante a las organizaciones creadas en la región para asesorar y proponer políticas oficiales de ayuda a la mujer.
En general, dijo, esas organizaciones han presionado con éxito a los gobiernos nacionales y conseguido la reforma de algunas leyes y de políticas que discriminan a la mujer.
Sin embargo, "han tenido menos éxito en convencer a los gobiernos de hacer de los asuntos de la mujer una prioridad financiera o estratégica", puntualizó.
La mayor participación de la mujer en la región se registra en organizaciones no gubernamentales, particularmente de derechos humanos, asuntos comunitarios y feministas.
Esa actividad tuvo tres vertientes, que permitieron mejorar el liderazgo de la mujer: la promoción de reformas legales y políticas, la organización para competir en el mundo político y empresarial, y el adiestramiento para mujeres dirigentes.
Proyectos en esa dirección se destacan en El Salvador, Paraguay y Venezuela.
Desde el punto de vista de Hutn hay tres hechos entrelazados que explican el reducido número de mujeres con poder decisorio en América Latina y el Caribe.
El primero es estructural. El hecho de que la mujer esté en una posición de desigualdad frente al hombre en el mercado de trabajo y la sociedad, significa que tiene menos oportunidades de convertirse en dirigente por sus propios méritos.
Una segunda explicación se basa en la forma en que las funciones características del género de la mujer determinan su propia elección en cuanto al trabajo y al criterio con que la juzgan sus compañeros.
La tercera, arguyó Hutn, es la discriminación practicada "con impunidad" en muchos países latinoamericanos, aunque en este terreno se verifica un cambio, basado en reformas legales. (FIN/IPS/rr/ff/hd ip/98
