La Conferencia Episcopal de Guatemala exigió al gobierno una investigación para determinar la veracidad de la denuncia desde Costa Rica de que cinco militares son los autores del asesinato del obispo Juan Gerardi en abril.
El obispo Víctor Hugo Martínez, representante de la Conferencia Episcopal, reclamó una investigación exhaustiva y satisfactoria, y acusó al Ministerio Público de efectuar una pesquisa ineficiente al no tomar en cuenta acusaciones anteriores contra militares.
La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca) aseguró el martes pasado en San José que cuenta con "pruebas irrefutables" según las cuales el asesinato de Gerardi "fue perpetrado por cinco militares miembros del Estado Mayor Presidencial, entre ellos un coronel".
El guatemalteco Factor Méndez, coordinador de Codehuca, dijo que la próxima semana dará amplios detalles sobre el móvil y la identidad de los autores del asesinato.
Gerardi, coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) y del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, fue asesinado la noche del 26 de abril con un objeto contundente, tal vez un trozo de cemento, que le destrozó la cara y el cráneo.
El religioso desarrolló una profunda investigación sobre las violaciones de derechos humanos durante los 36 años de guerra civil en Guatemala que concluyeron en diciembre de 1996.
El informe, presentado dos días antes del asesinato, atribuía al ejército de la mayoría de las atrocidades cometidas en el marco del conflicto.
El Ministerio Público se empeña en sostener que se trató de un delito común. Primero, manejó la posibilidad de que el asesino fue Carlos Vielman, un indigente alcohólico que pernoctaba en un parque frente a la iglesia San Sebastián, donde Gerardi vivía y en cuya entrada fue asesinado.
Las autoridades debieron liberar a Vielman por falta de pruebas.
Luego, acusaron al sacerdote Mario Orantes, que compartía la vivienda en la casa parroquial con el obispo Gerardi. Orantes fue detenido con ostentación de fuerza por parte de la policía el 22 de julio y aún permanece en la cárcel como único sospechoso, aunque hasta ahora nada se pudo probar en su contra.
Méndez, en sus declaraciones en Costa Rica dijo que Orantes "no tuvo nada que ver con el hecho sangriento". "Los detalles los daremos a conocer luego", agregó.
Tanto la Iglesia Católica como el gobierno pidieron a Codehuca que presente las "pruebas irrefutables" según las cuales el obispo fue asesinado por militares.
"Méndez debe compartir las pruebas irrefutables que dice tener, porque aclararían supuestamente de manera plena cómo aconteció este horrendo asesinato", dijo el canciller Eduardo Stein.
El funcionario negó "enfáticamente" que el gobierno de Alvaro Arzú tenga intención de dejar el crimen impune, como sugirió Méndez.
Nery Rodenas, asesor legal de la ODHA, dijo que desconocía que Codehuca tuviera esa información. "Creemos que lo que correspondería sería proporcionarla al Ministerio Público, que tiene la investigación a su cargo", sostuvo.
El Ministerio de Defensa de Guatemala manifestó el miércoles por un comunicado su malestar con Méndez, quien, agregó, debe presentar las pruebas ante las instancias legales correspondientes.
El Ministerio "lamenta que habiendo un estado de derecho e instituciones que investigan el caso haya personas que se dedican a divulgar en el exterior situaciones relacionadas con este penoso caso, pudiendo hacerlo ante las autoridades guatemaltecas", indicó el comunicado. (FIN/IPS/cz/mj/ip hd/98
