Los accidentes de tránsito causan cada año en los países del Mercosur y Chile cerca de 40.000 víctimas mortales, sin que existan hasta el momento medidas de fondo de los gobiernos para revertir la tendencia.
Ese fenómeno no sólo es catastrófico desde el punto de vista humanitario sino también económico, por el dinero que la sociedad gasta en la atención de las heridas y la pérdida de personas en plena edad productiva.
El único país del Mercosur que ha tomado hasta ahora disposiciones drásticas para atacar el tema de frente es Brasil, que en enero de este año aprobó un severo reglamento para penalizar a los conductores infractores.
Brasil aparece precisamente en el primer lugar en números absolutos en mortalidad por accidentes en la vía pública entre los cuatro países del Mercosur y Chile, asociado al bloque.
De acuerdo a un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) divulgado en septiembre, en la mayor de las naciones del Mercosur murieron por ese factor en los primeros ocho meses de este año 38.545 personas.
Argentina se ubicó en segundo lugar, con 3.797 fallecidos, seguida por Chile con 1.605, Paraguay con 451 y Uruguay con 427.
No obstante, la lista se invierte si se relacionan los totales con el número de habitantes de cada uno de los cinco países. Uruguay, el más pequeño de los miembros del Mercosur, con 3,1 millones de habitantes, aparece en primer lugar, seguido de Paraguay, Chile, Argentina y Brasil.
En Uruguay los accidentes de tránsito son considerados la primera causa de muerte entre la población menor de 35 años. En 1997, en los 50.000 accidentes registrados en el territorio nacional fallecieron 630 personas, en su mayoría de edades comprendidas entre 23 y 27 años.
La tasa de mortalidad uruguaya por esta causa es de 87 fallecimientos por 100.000 vehículos circulantes, contra 25 en países industrializados como Estados Unidos.
De acuerdo al informe de la OPS, de no ser por las muertes en rutas y calles, y por el número de suicidios, este sería el país con mejores índices de salud pública en el Mercosur y Chile.
En Argentina, autoridades del gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires estimaron que los accidentes de tránsito constituyen una "epidemia" que justifica la adopción de medidas excepcionales.
En ese sentido, señalaron como un ejemplo a seguir el Código elaborado en Brasil para reprimir las faltas de los conductores de vehículos, que en sus 600 normas dispone desde multas a penas de prisión.
También el presidente del Banco de Seguros de Uruguay, Carlos Cassina, se manifestó a favor de inspirarse de la ley brasileña. El Banco, que capta el 85 por ciento del mercado de seguros de automóviles en el país, atiende 120 denuncias diarias por incidentes entre automotores.
De acuerdo a Plinio Chávez, creador del Registro Unico de Conductores, Vehículos, Infractores e Infracciones del Uruguay, este país eroga anualmente 400 millones de dólares en atención médica a las víctimas de accidentes de tránsito.
El médico Gerardo Barrios, coautor de la investigación "Trauma en Uruguay. Una propuesta de solución", eleva esa cifra a 600 millones de dólares. "Por otro lado, cada muerte en accidentes de este tipo genera promedialmente 30 años de vida productiva perdidos".
"Es vergonzoso ver cómo las autoridades nacionales siguen mintiéndole a la gente sobre las cifras de muertos por esta causa", declaró Chávez, alertando que el Registro de su creación, que permitiría regular el sistema de tránsito en el país y fue refrendado por ley en 1994, nunca se implementó.
El "factor humano" (errores de conducción y sobre todo el alcoholismo) es el que más incide en la generación de accidentes en cualquier parte del planeta.
Tanto en América Latina como en los países industrializados, "las investigaciones demuestran que si se repararan todos los pozos y se eliminara la totalidad de los autos viejos que circulan, se podría evitar ocho por ciento de los accidentes", estimó Roberto Silva, del Ministerio de Salud Pública de Uruguay.
"El 92 por ciento restante, obedece a 'causas humanas' y muy particularmente al alcoholismo", agregó.
Un factor que la autoridades involucradas en el tema en los distintos países de la región han comenzado a tomar en cuenta es la presencia cada vez más frecuente al volante de automóviles de adolescentes, sin experiencia de manejo y sin la habilitación legal correspondiente.
"Hay allí un problema muy complejo, que va desde la irresponsabilidad paterna, de padres que 'prestan el auto' a sus hijos para congraciarse con ellos, hasta conductas de tipo suicida en los adolescentes", analizó el psicoanalista argentino Marcelo Rigattoni, autor de una investigación al respecto.
A su vez, Barrios se niega a "culpabilizar a las víctimas, sean peatones o automovilistas", de lo que define como "la mayor tragedia sanitaria de Uruguay".
"Las autoridades nacionales tienen que tomar cartas en el asunto, tanto para la realización de campañas de prevención que brillan por su ausencia, como para la adopción de sistemas más severos para la concesión de los permisos de conducción", dijo.
En Argentina y en Uruguay, especialistas destacan la escasa coordinación existente entre las dependencias de gobierno para enfrentar el tema de los accidentes de tránsito, así como la inexistencia de normas únicas de vigencia nacional para la entrega de las libretas de conducir.
"Es común que en el interior del país el clientelismo, el amiguismo y la corrupción operen en grado muy considerable para que personas que no tienen las nociones mínimas de manejo de un automóvil obtengan una licencia", señaló al diario Página 12 un funcionario del Ministerio del Interior de Argentina.
En Uruguay, el propio ex ministro del Interior Luis Hierro López pidió en septiembre último "más severidad" a las intendencias del Interior de su país "a la hora de entregar las libretas de conducir".
Hierro López solicitó asimismo la cooperación de "instituciones con autoridad moral", como las iglesias, para "exhortar a los uruguayos a tener respeto por la vida propia y ajena".
El día, 16 el Movimiento Concientizador Contra los Accidentes de Tránsito, integrado en su mayoría por familiares de víctimas en esos hechos, realizará diversas manifestaciones públicas en Uruguay en coincidencia con la celebración del "Día sin siniestros callejeros", instituido a mediados de esta década.
El Movimiento aspira a que durante esa jornada la población salga espontáneamente a las calles en las principales ciudades uruguayas para pedir la sanción de nuevas leyes y el cumplimiento de las ya existentes, con el fin de evitar que "sigan muriendo centenas de jóvenes cada año". (FIN/IPS/dg/ag/pr/98
