La brutalidad y la impunidad policial ensombrecen la democracia de Argentina, donde se denuncia la desaparición y la ejecución de detenidos, advirtieron esta semana dos organizaciones de derechos humanos.
El grupo estadounidense Human Rights Watch (HRW) y el argentino Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que la policía en las principales ciudades argentinas aplica una excesiva violencia contra sospechosos que incluye tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones.
El informe publicado el miércoles en Washington y Buenos Aires se titula "La Inseguridad Policial: Violencia de las Fuerzas de Seguridad en la Argentina", tiene 250 páginas y documenta 41 casos ocurridos principalmente entre 1995 y 1997.
HRW y CELS concluyeron que las autoridades judiciales y civiles no ejercen suficiente control sobre las fuerzas policiales federales ni provinciales, que precisan con urgencia una reforma y profesionalización.
"Demasiados agentes policiales, en lugar de combatir el crimen y aprehender a los criminales, se transformaron ellos mismos en delincuentes, contribuyendo a un clima de miedo en muchas ciudades", afirmó Martín Abregu, director del CELS.
"Las fuerzas policiales deben profesionalizarse y someterse a un control externo e independiente para reducir la brutalidad policial en Argentina", instó José Miguel Vivanco, director de HRW/América, quien estuvo el miércoles en Buenos Aires para la ceremonia de lanzamiento del informe.
Agregó que "es necesaria una reforma a todo nivel -federal y provincial- para cumplir con las normas internacionales y tornar a las fuerzas policiales más eficientes y productivas".
El informe cita declaraciones del presidente argentino Carlos Menem, quien manifestó al diario Clarín en septiembre que la solución para la delincuencia es una "línea dura" y que "aunque algunos grupos de derechos humanos protesten, los delincuentes tienen aquí más protección que la policía y el pueblo".
"Estas declaraciones son contraproducentes en un momento en que es necesario profesionalizar las fuerzas policiales y responsabilizar a los oficiales por los abusos", señalaron ambas organizaciones.
El documento, publicado en español y en inglés, sostiene que la policía estuvo implicada en dos de los crímenes de mayor repercusión de la historia de Argentina: la voladura de la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA) en julio de 1994 y el asesinato en enero de 1997 del periodista José Luis Cabezas.
Ambos crímenes ejemplifican "la extensión de los abusos cometidos por agentes policiales", dice el documento.
"Este informe demuestra que el problema de la brutalidad policial no es aislado ni ocasional, sino una práctica arraigada en el sistema policial", agrega.
Los casos descriptos, continúa, "revelan que la policía argentina usa frecuentemente la violencia, opera con un enraizado concepto de complicidad corporativa y casi no tiene supervisión externa". Esto se aplica a las 24 fuerzas regionales así como a la policía federal.
El público en general desconfía de la policía debido a su ineficiencia, falta de profesionalismo y una larga historia de corrupción y acciones al margen de la ley, afirmaron HRW y CELS.
El informe documenta varios tipos de prácticas violentas de la policía. Uno de ellos incluye el uso de fuerza mortal en patrullas de rutina y "razzias".
Alejandro Mirabete, de 17 años, recibió un tiro a quemarropa mientras era sujetado por policías vestidos de civil, de los que intentó escapar luego que le solicitaron documentos. Aparentemente, la policía colocó un arma bajo el cuerpo de la víctima.
Una segunda categoría de abuso se relaciona con respuestas de la policía a supuestos crímenes pero con disparos indiscriminados que hieren o matan a inocentes. En tales casos, la policía invariablemente arguye que dispararon sus armas en tiroteos con los sospechosos o "por accidente".
Otro tipo de abusos comprende las desapariciones y los fallecimientos bajo custodia policial, frecuentemente tras sesiones de tortura y confesiones forzadas, y posteriormente descriptas como "suicidios".
Así mismo, el informe describe casos de "gatillo fácil", en los que agentes policiales tiran a matar en lugar de procurar detener a los sospechosos (a veces debido a provocaciones menores).
El documento denuncia también el uso excesivo de la fuerza en el control de manifestaciones, como la del 13 de agosto último, en que la policía de la provincia de Jujuy utilizó bastones, gases lacrimógenos y balas de goma contra funcionarios públicos que reclamaban el pago de salarios atrasados.
Por último, HRW y CELS denunciaron la persecución y el ataque contra testigos de los crímenes policiales.
Entre los problemas estructurales descriptos en el informe se cuentan la obligación de los agentes fuera de servicio de portar armas y leyes que permiten e incluso fomentan conductas abusivas. (FIN/IPS/tra-en/jl/ml/hd/98
