La Corte Suprema de Argentina reconoció el derecho de los familiares de desaparecidos en la última dictadura militar (1976-1983) a requerir de organismos del Estado información sobre su muerte y el destino de sus cadáveres.
Los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia resolvieron a favor de la demanda la causa iniciada por Facundo Urteaga para conocer las circunstancias en que su hermano Benito, miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), murió en julio de 1976.
Benito Urteaga murió, según los informes oficiales, durante un enfrentamiento armado en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.
"Quieren lavarse, quieren blanquearse, como cada vez que (el presidente Carlos) Menem viaja al exterior, porque allí le preguntan por los desaparecidos", dijo a IPS la secretaria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Evel Petrini.
"A nosotras no nos interesa que nos digan lo que dice en una ficha. Reclamamos a nuestros hijos con vida, como se los llevaron y si no que los asesinos vayan a prisión", agregó Petrini.
Tras asegurar el rechazo de su organización al fallo de la Corte, Petrini consideró que "esto no cambia nada".
Este fallo de la Corte contrasta con el que el mismo tribunal emitió en agosto para impedir a Carmen Aguiar de Lapacó, madre de una desaparecida, la búsqueda de datos sobre la detención de su hija, que estuvo alojada en un campo de concentración durante la dictadura.
La negativa de la Corte se fundó en que la solicitud de Aguiar de Lapacó podría abrir la puerta a nuevos procesos penales contra los militares, aunque los que intervinieron en la represión ilegal en la Argentina fueron librados de esa posibilidad por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Estas normas fueron sancionadas por el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y luego se reforzaron por los indultos decretados por Menem.
A dos meses de ese polémico fallo, el tribunal superior de la Argentina modificó su posición, aprovechando que la causa de Urteaga fue tramitada en la justicia contencioso-administrativa y no por el fuero penal.
En la votación, cinco jueces sostuvieron que la vía correcta para indagar el destino de los desaparecidos es la presentación de un habeas data, tal como lo hizo Facundo Urteaga.
Los cuatro restantes se pronunciaron a favor del recurso de amparo, argumentando que los tratados internacionales referidos a las obligaciones de los Estados en guerra determinan que, una vez concluido el conflicto, las partes están obligadas a informarse recíprocamente sobre la situación de sus respectivos ciudadanos.
Si bien se trata de matices técnicos, uno de los miembros de la Corte Suprema, Gustavo Bossert, incorporó una perspectiva antropológica al recordar que en la cultura occidental siempre se reconoció el derecho de los familiares de sepultar a sus muertos.
Petrini sostuvo que ese no es el objetivo de las Madres. "No aceptamos la muerte, porque la muerte prescribe, pero la desapación forzada es un delito de lesa humanidad y no tiene plazos". "No vamos a dejar de luchar", agregó.
"Nuestra consigna es 'aparición con vida' y así como no aceptamos compensaciones económicas, porque no negociamos la sangre, tampoco vamos a terminar nuestra búsqueda porque nos muestren una ficha. Esto tiene una sola salida: o los devuelven con vida, como se los llevaron, o van a la cárcel", afirmó.
Mientras, la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, informó que tiene indicios de que su nieto podría ser un joven que hace 20 años fue anotado como hijo de un general actualmente retirado.
"Tengo una pequeña ilusión, que no quiero alimentar para evitar una posible desilusión posterior", explicó Carlotto, quien aguarda los resultados de una segunda prueba genética a la que el militar deberá someterse por orden de la justicia. (FIN/IPS/va/mj/hd/98
