La fiscalía federal de Argentina pidió hoy a la justicia que cite a declaración indagatoria al jefe del ejército, general Martín Balza, y al embajador en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Fernando Petrella, por el caso del contrabando de armas a Croacia y Ecuador.
El fiscal Carlos Stornelli presentó este miércoles al juez Jorge Urso un escrito en el que fundamenta el pedido de indagatoria a Balza, famoso por la autocrítica que realizó en 1995 por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el ejército durante la dictadura militar (1976-1983).
Balza respondió de inmediato a través de un comunicado que presentó su abogado. Aseguró que se pondrá a disposición de Urso para contestar su interrogatorio. El militar será indagado por los presuntos delitos de asociación ilícita, falsificación de documento y malversación de bienes del Estado.
El caso se conoció en 1995, en plena guerra entre Ecuador y Perú por un conflicto de límites en el que Argentina interviene como garante de paz.
El cargamento, de 75 toneladas de armas livianas, fue autorizado por un decreto presidencial y lleva la firma de Carlos Menem y de tres de sus ministros, pero el destino informado de las armas era Venezuela, y no Ecuador.
Poco después se difundió en medios periodísticos una denuncia de la Aduana según la cual, otro embarque de armas, autorizado también por decreto presidencial para ser entregado en Panamá, llegó a Croacia, en violación del embargo impuesto por la ONU a la entrega de armas a los países de la antigua Yugoslavia.
En ese segundo caso, se trataba de un volumen de 6.500 toneladas que comprendía cañones, fusiles, misiles, minas, granadas y municiones. Croacia luchaba entonces por su independencia contra el gobierno federal yugoslavo.
Stornelli cree que Balza conocía el envío ilegal de armas a Croacia en 1991 y a Ecuador en 1995. También sospecha que ese general participó de la entrega de armamento del ejército a la empresa Fabricaciones Militares -dependiente del Ministerio de Defensa- para su exportación ilegal.
Balza aseguró en agosto ante la Cámara de Diputados que el Ejército no entregó "ningún tipo de material bélico para su venta", intentando eliminar las sospechas sobre un acuerdo de intercambio de armas usadas por nuevas firmado en 1993 con Fabricaciones Militares y que podría ser el precedente inmediato del contrabando descubierto.
"Está probado que el material que salió del país con destino a Ecuador y a Croacia fue robado al arsenal del ejército", señala el fiscal en su extensa presentación, para justificar las citaciones, que también incluyen al ex vicecanciller Petrella, actual representante de Argentina ante la ONU.
Balza viajó este martes a Bruselas invitado por el jefe de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, general Wensley Clark, y permanecerá allí al menos 11 días.
Al regresar, lo aguardan compromisos en el interior del país, y el 27 se sumará a la comitiva que acompañará al presidente Menem en su primer viaje oficial a Gran Bretaña.
El fiscal identificó en total ante el juez a una veintena de funcionarios y militares, de quienes sospecha que incurrieron en el delito de asociación ilícita, por lo que se teme que el jefe del ejército deba presentar su dimisión antes de fin de año.
Pero el gobierno y las Fuerzas Armadas afirman que su buena fe fue traicionada por los intermediarios participantes en las dos operaciones investigadas.
Uno de los intermediarios, Diego Palleros, fue capturado en agosto en Sudáfrica, pero la justicia de ese país rechazó el pedido de extradición presentado por Argentina.
Palleros había advertido que "altos funcionarios" están involucrados en el contrabando de armas. También en agosto, el militar retirado Horacio Estrada, otro intermediario, se suicidó en circunstancias que aún son investigadas por la justicia.
Hasta ahora, el descubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y a Croacia determinó la renuncia de un ministro de Defensa, Oscar Camilión, procesado en la causa.
También debió dimitir el interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, que en septiembre fue detenido.
Así mismo, pasó a retiro el entonces jefe de la fuerza aérea, brigadier Juan Paulik, quien confesó haber advertido a Camilión las sospechas de triangulación de los cargamentos de armas.
Y ahora, además de Balza, se cree que la justicia podría citar al canciller Guido Di Tella y al ministro de Trabajo Antonio Erman González, ex ministro de Defensa.
En septiembre, el ex embajador argentino en Perú Arturo Oossorio Arana aseguró haber advertido a varios funcionarios de la cancillería acerca de la probable entrada de material bélico a Ecuador durante la guerra con Perú.
Así mismo, militares argentinos que participaron en misiones de paz en Croacia señalaron que soldados croatas tenían en su poder fusiles fabricados en Argentina. (FIN/IPS/mv/ff/ip/98
