La posibilidad de llevar a juicio político en Argentina a funcionarios del gobierno del presidente Carlos Menem podría diluirse si el Congreso no reúne evidencias que los vinculen con la venta ilegal de armas a Croacia y Bosnia.
Cuatro comisiones de la Cámara de Diputados interrogó este viernes al ex ministro de Defensa Antonio Erman González, actual titular de Trabajo, en un intento por avanzar en la investigación sobre la venta de armas a Croacia y a Bosnia, cuando pesaba sobre ellos un embargo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
González, a quien el juez federal Jorge Urso quiere someter a juicio político, ocupó el Ministerio de Defensa entre 1991 y 1993, período en el que fue realizado al menos uno de los embarques ilegales.
Al responder las preguntas de los diputados, González deslindó toda responsabilidad sobre las maniobras mediante las que el armamento vendido a Panamá fue desviado a Croacia y a Bosnia, en violación a las disposiciones de la ONU.
El ministro atribuyó a la cancillería la responsabilidad de haber verificado el destino final de los cargamentos que supuestamente iban a Panamá.
La extensa reunión de los parlamentarios con González se dio en un marco de desorden y de acusaciones cruzadas entre representantes del gobernante Partido Justicialista (peronista), y los opositores, nucleados en la Alianza que integran la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario (Frepaso).
Durante su exposición, González recordó que seis de los siete embarques realizados a los Balcanes se efectuaron durante la gestión de su sucesor, Oscar Camilión, el primer funcionario que fue destituido como consecuencia del escándalo suscitado por esas operaciones ilegales.
González también acusó a Camilión de haber renovado la autorización para que la empresa del traficante de armas Diego Palleros pudiera adquirir armamento en Argentina.
Palleros, que está prófugo de la justicia argentina y se encuentra detenido en Sudáfrica, envió desde allí un fax a un diario de Buenos Aires en el que afirma que "todos los niveles de autoridades intervinientes colaboraron para que dentro de sus posibilidades estas ventas se concretaran".
La referencia del traficante, cuya extradición fue solicitada por Argentina a las autoridades sudafricanas, abarca también las ventas ilegales de armas a Ecuador en 1995, cuando ese país se hallaba en guerra con Perú.
La oposición rechazó las explicaciones de González y ratificó que tanto el ex ministro de Defensa como Menem son responsables de los hechos que se investigan.
Parlamentarios de la Alianza recordaron que las ventas a Croacia y a Bosnia fueron realizadas por dos empresas intermediarias, Debrol y Hayton Trade, cuyo único responsable conocido era Palleros.
En ese sentido, destacaron que las operaciones pudieron realizarse porque González firmó los decretos que habilitaron los embarques.
Gonzalez se defendió asegurando que "es falso que el cargamento haya salido hacia Croacia ¿Creen que un ministro puede meterse en un contenedor para verificar su destino?" y aseguró que no iba a responder "suposiciones y novelas".
Tras señalar que González no aclaró cuestiones que son fundamentales para la investigación, los diputados opositores parecieron resignarse a que el pedido de juicio político del juez Urso no prospere.
El partido de gobierno cuenta con mayoría en la comisión de Juicio Político de la Cámara Baja y, por tanto, peso propio como para desestimar la solicitud del magistrado. (FIN/IPS/va/ag/ip/98
