La ONU dio plazo hasta diciembre al gobierno y la insurgencia de Angola para aplicar un acuerdo de paz, de lo contrario las fuerzas del foro mundial serán retiradas del país africano.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votó unánimemente el jueves por mantener hasta el 3 de diciembre a los 1.000 soldados y policías de la Misión Observadora de las Naciones Unidas en Angola (Monua).
Antes, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, advirtió que si la insurgente Unita (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola) no cumple con el plan de paz de 1994, las fuerzas del organismo mundial serían replegadas de Angola a principios de diciembre.
El repliegue "se realizaría gradualmente, para proteger plenamente al personal y las propiedades de la ONU, y quedaría finalizado a fines de enero de 1999", informó Annan al Consejo de Seguridad.
En el pasado, debido al estancamiento del proceso de paz, el Consejo de Seguridad amenazó con retirar la misión de la ONU.
Esta vez, la advertencia de repliegue parece dirigida a preocupar a Unita, que tendría razón para temer un ataque del gobierno si las fuerzas de Monua son retiradas de las zonas ocupadas por los rebeldes y concentradas en seis bases del foro mundial.
Los últimos acontecimientos en Angola indican que el gobierno y Unita están al borde de la guerra total, y organizaciones religiosas y no gubernamentales prevén una inminente crisis humanitaria en el país.
El Consejo de Seguridad agravó las preocupaciones de Unita al criticar a los rebeldes en su resolución del jueves, que declaró que la falta de cumplimiento de la insurgencia con los compromisos del tratado de paz fue "la principal causa de la crisis en Angola".
La resolución también exigió que "Unita se retire inmediatamente de los territorios que ocupó nuevamente a través de la acción militar" y solicitó a la organización insurgente que concluya la desmilitarización de sus fuerzas.
En otro golpe contra los rebeldes, la resolución fue redactada por Estados Unidos, Portugal y Rusia, que intentan mediar en el conflicto que ya lleva 22 años.
En septiembre, el líder de Unita, Jonas Savimbi, se comprometió a no mantener contactos con representantes de los tres países porque, sostuvo, favorecen al presidente Eduardo dos Santos.
Como señaló Annan, la propia Unita se separó luego de que varios legisladores del partido formaron la nueva agrupación Unita- Renovada, a la que el gobierno aceptó como legítimo participante del proceso de paz.
Pero el sector de Savimbi se negó a reconocer al nuevo grupo y mantuvo el control militar sobre las fundamentales zonas diamantíferas de Angola.
"En el norte, las fuerzas de Unita, supuestamente asistidas por elementos armados de República Democrática de Congo, ocuparon varias localidades durante la primera mitad de septiembre", informó Annan al Consejo de Seguridad.
Al menos 89 personas murieron el 31 de agosto tras un ataque contra la localidad minera de Luremo, que Monua atribuyó a las fuerzas de Unita.
El gobierno denunció repetidamente la mala voluntad de Unita y tras las últimas acciones de los insurgentes, Luanda aseguró que Unita tiene intención de recurrir a la guerra total, como hizo en 1992 después de perder las elecciones frente al Movimiento Popular para la Liberación de Angola, de Dos Santos.
"La guerra se está extendiendo por todo el país. La situación es grave", declaró el general Joao de Matos, jefe del estado mayor del gobierno.
En una carta dirigida a Annan esta semana, Dos Santos aseguró que Savimbi aún controla 30.000 efectivos, a pesar de varios planes de la ONU para retirar las armas a los rebeldes y capacitarlos para la vida civil.
Dos Santos atribuyó los constantes altibajos del proceso de paz a "la conducta y actitud de Savimbi. Estamos convencidos de que no cambiará, ahora ni nunca".
Savimbi llegó a contar con el apoyo del gobierno racista de Sudáfrica y de Estados Unidos, pero sus viejos aliados ahora no existen o le retiraron el respaldo.
Muchos diplomáticos creen que Savimbi no tiene intención de cesar su oposición. Pero ahora, con la más moderada Unita- Renovada, con la cual el gobierno mantiene contactos, el líder insurgente quizá esté más aislado que nunca.
Pero la ONU considera que el gobierno angoleño también tiene parte de la culpa por los combates de los últimos meses. Annan arguyó que el gobierno se negó a ofrecer garantías de seguridad a su enviado especial a Angola, Issa Diallo, en el intento infructuoso de reunirse con Savimbi el 21 de septiembre.
El Consejo de Seguridad exigió el jueves que Diallo tenga la libertad y la seguridad para trasladarse por el territorio angoleño.
Además, expresó su inquietud porque organizaciones humanitarias no tienen acceso a 1,3 millones de angoleños, de una población total de 10 millones, obligados a huir de sus casas por el conflicto.
La semana pasada, según fuentes de la Iglesia Católica que tiene misiones en la norteña provincia de Uige, varias zonas de la provincia fueron fuertemente bombardeadas. (FIN/IPS/tra-en/fah-mp/mk/aq/ip/98
