Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de América Latina aplaudieron a la justicia española, que se declaró competente para procesar a las antiguas dictaduras de Chile y Argentina por crímenes de lesa humanidad.
Reacciones recogidas por corresponsales de IPS indican, en cambio, una actitud cautelosa de los gobiernos de la región, confrontados a un creciente debate sobre el juzgamiento extraterritorial de las violaciones de derechos humanos.
La Sala Penal de la Audiencia Nacional de España dio este viernes un franco respaldo al juez Baltasar Garzón, cuando sus 11 magistrados por unanimidad ratificaron la validez de los juicios que instruye desde 1996.
La decisión tuvo como punto focal al ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), retenido en Londres desde el 16 de octubre, y cuya extradición podrá ser solicitada por Garzón en los próximos días, ya sea a Gran Bretaña o a Chile.
Pinochet es uno de los 39 chilenos encausados por Garzón, que investiga los crímenes cometidos en el marco de la Operación Cóndor, un sistema de coordinación de los organismos represivos de dictaduras del Cono Sur de América en la década del años 70.
Los expedientes que lleva el magistrado español alcanzan a unos 4.000 casos de violaciones de derechos humanos en los cuales están también implicados 134 militares de Argentina, por crímenes cometidos bajo la dictadura en ese país (1976-1983).
Los mandos políticos y operativos de los aparatos de represión, así como los principales agentes, son ahora "rehenes de la justicia internacional, obligados a permanecer en sus territorios", dijo el venezolano Raúl Cubas a IPS.
Cubas, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos y portavoz de la red Foro por la Vida, es víctima y testigo de cargo en el juicio de Garzón contra la Operación Cóndor.
Este activista es sobreviviente de la Escuela Mecánica de la Armada argentina, donde estuvo detenido y fue sistemáticamente torturado entre 1976 y 1979, hasta su expulsión y repatriación a Venezuela.
Cubas se emocionó al conocer el fallo de la Audiencia Nacional de España y lo calificó de "ejemplar" para los países en que los procesos internos han impedido poner término a la impunidad y hacer justicia en las violaciones de derechos humanos.
La presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, Hebe de Bonafini, que asistió en Madrid a la resolución de la Audiencia Nacional, se declaró feliz y satisfecha y abogó por que otros represores "corran la misma suerte de Pinochet".
En Buenos Aires, el semiólogo y escritor italiano Umberto Eco tuvo también palabras de elogio para el juez Garzón.
"Fue justo que este juez español le haya recordado al mundo los delitos cometidos por Pinochet, porque quizás la justicia no quede a salvo, pero quedará a salvo la moral", dijo Eco.
Y es que así como se elogia la actitud de Audiencia española, también en los organismos y personalidades defensoras de los derechos humanos hubo esta semana críticas para la justicia británica, que reconoció inmunidad al ex dictador chileno.
El fallo del Tribunal Superior de Londres fue calificado de "inadmisible y aberrante" por Cubas, quien cuestionó especialmente que se reconozca inmunidad soberana a Pinochet por el solo hecho de haber sido gobernante.
En Brasil, el grupo Tortura Nunca Más promovió manifestaciones de apoyo a la detención de Pinochet, y su presidenta, Cecilia Coimbra, señaló que es motivo de "perplejidad" el silencio del gobierno en este caso.
Según Coimbra y Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Rio Grande do Sul, el mandatario Fernando Henrique Cardoso debe exigir "la devolución de los cadáveres de ocho brasileños muertos en Chile durante la dictadura de Pinochet".
Las organizaciones humanitarias valoraron en todo caso la negativa de Cardoso a suscribir una carta de apoyo a la posición del presidente de Chile, Eduardo Frei, que reclama la inmunidad internacional para Pinochet y rechaza su juzgamiento en terceros países.
Frei promovió esa carta el lunes 26, en la reunión de siete presidentes sudamericanos para la firma del acuerdo de paz entre Ecuador y Perú, pero la negativa de Cardoso impidió que se materializara esa iniciativa. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/98
