La detención en Gran Bretaña del ex dictador chileno Augusto Pinochet a pedido de la justicia española está relacionada con las operaciones represivas conjuntas de los regímenes militares del Cono Sur de América en los años 70.
Conocida como Plan Cóndor, la coordinación entre las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay comenzó a concretarse en Santiago en octubre de 1975.
En esa fecha se reunieron en la capital chilena, a invitación del general Manuel Contreras, entonces a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía política del régimen de Pinochet), los jefes de inteligencia de los cinco países, que años más tarde, ya en democracia, se asociarían en el Mercado Común del Sur..
Contreras comenzó a purgar en octubre de 1995 una condena a siete años de cárcel por su participación en el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier y de la secretaria estadounidense de éste, cometido en Washington en 1976.
Los jefes de inteligencia reunidos en Santiago crearon una suerte de "Mercosur represivo", un espacio transacional en el cual los militares de los países implicados no conocieron límite alguno para actuar.
La creación de un banco de datos común a los cinco países permitió la localización, el seguimiento, el secuestro, la tortura y el asesinato de centenares de opositores argentinos, brasileños, chilenos, paraguayos y uruguayos, con independencia del país en que residieran.
Las acciones represivas conjuntas comprendieron también el saqueo del domicilio de los detenidos, operaciones extorsivas y la apropiación ilegal de hijos de desaparecidos y su entrega "en adopción" a militares.
A Pinochet se le atribuyó la frase "en Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa", y los jueces españoles Baltasar Garzón y Manuel García Castellón, a cuyas actuaciones se debió la detención en Londres del ex dictador Pinochet, suponen que éste tiene mucho que decir sobre el Plan Cóndor.
Argentina, donde se concentraron a principios de los 70 la gran mayoría de los exiliados de los otros cuatro países, fue la base principal de ese plan.
Fue allí que desaparecieron, entre 1976 y 1981, los 79 españoles o chilenos de ascendencia española huidos de Chile por cuyo secuestro y presunto asesinato fue detenido en Londres en la noche del viernes último, a pedido del juez español Baltasar Garzón, el hoy senador vitalicio chileno Augusto Pinochet.
Otros cientos de militantes de oposición chilenos, paraguayos y uruguayos también desaparecieron en diferentes puntos de Argentina como consecuencia de las operaciones conjuntas de los mandos militares del Cono Sur.
Pero hubo también el secuestro de argentinos en Uruguay y de argentinos, chilenos y uruguayos en Paraguay y Brasil.
La coordinación represiva comenzó a ser puesta en evidencia mediante testimonios concordantes de víctimas de la represión que escaparon al exterminio.
El juicio a los integrantes de las juntas militares que gobernaron en Argentina entre 1976 y 1983, desarrollado en Buenos Aires en 1984, permitió la salida a luz de miles de documentos en los que aparecían datos concluyentes sobre la intervención directa de servicios de inteligencia extranjeros en ese país.
Entre los casos más resonantes de colaboración represiva transnacional figuran el asesinato en Buenos Aires de los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Guttiérrez Ruiz, en mayo de 1976.
Así mismo, la niña uruguaya Mariana Zaffaroni fue "adoptada" por uno de los asesinos de sus padres.
Antes de acordarse el Plan Cóndor, e incluso con anterioridad al golpe de Estado de marzo de 1976 en Argentina, ya había habido numerosos casos de colaboración entre servicios represivos del Cono Sur.
A esa colaboración se debió el asesinato en 1974 en Buenos Aires del ex jefe del ejército chileno Carlos Prats y del ex presidente de Bolivia Juan José Torres.
En diversos puntos del territorio argentino funcionaron en los años 70 centros clandestinos de detención en los que se recluía, torturaba y asesinaba a argentinos y extranjeros.
Fue el caso de "Automotores Orletti", donde fueron agrupados decenas de uruguayos secuestrados en Buenos Aires tras operativos en los que participaron militares de ambos países.
Una treintena de esos opositores fueron trasladados a Montevideo en el marco de una operación rocambolesca. Sus testimonios posteriores permitieron establecer la colaboración represiva y la identificación de algunos de los militares y paramilitares que actuaron en la ocasión.
El descubrimiento en 1992 de los archivos de la Dirección de Inteligencia de Paraguay echó luz no sólo sobre el accionar de la policía política de ese país durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) sino también sobre la coordinación represiva en el Cono Sur.
En esos "archivos del terror", como se los conoció, aparece una carta, de diciembre de 1975, del chileno Contreras a sus pares de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en que se habla por primera vez del Plan Cóndor y de la necesidad de constituir un banco de datos común como paso previo a toda actuación conjunta.
En las cuatro toneladas de documentos contenidos en los archivos policiales e incautados por la justicia paraguaya se consignan igualmente, con precisión, operaciones secretas en las que participaron militares de varios países del área.
Una de ellas tiene que ver con el traslado clandestino a Buenos Aires en 1978 de tres opositores argentinos y dos uruguayos que habían sido secuestrados en Asunción el año anterior.
Los documentos relativos a esa operación comprenden un acta en que se consigna la entrega de esas cinco personas por la Dirección de Inteligencia de Paraguay al Servicio de Inteligencia del Ejército argentino.
Poco después, el 28 de junio de 1978, el coronel paraguayo Benito Guanes y su par argentino Juan Félix Porcel firmaban un acuerdo en el que se autorizaba "el trabajo conjunto en los interrogatorios" practicados a secuestrados en uno u otro país y el "intercambio de detenidos encubiertos", y se fijaban "las condiciones de los traspasos".
Fue asimismo en virtud del Plan Cóndor que militares uruguayos y chilenos fueron acusadados del secuestro en 1992, cuando ya no había dictaduras en el Cono Sur, del ex agente de la DINA Eugenio Berríos, perpetrado en una zona cercana a Montevideo
Berríos amenazaba exponer "trapos sucios" de la dictadura chilena y especialmente, información sobre el asesinato de Letelier, que había sido ministro del gobierno socialista de Salvador Allende, derrocado por Pinochet en 1973.
Pero la colaboración represiva en el caso Berríos nunca pudo ser probada fehacientemente por la justicia, en parte porque los militares uruguayos implicados tuvieron el respaldado de sus mandos. (FIN/IPS/dg/ff/ip-hd/98
