Al menos cuatro millones de mujeres de América Latina arriesgan su vida cada año al someterse a abortos clandestinos, ocho veces más que hace diez años, según expertos que participaron en una reunión regional en la capital de Colombia.
Las estimaciones sobre la morbilidad y mortalidad a causa de abortos inducidos fueron revelados el viernes al clausurarse el Encuentro de Parlamentarios de América Latina convocado por el Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social (CIDS) de la Universidad Externado de Colombia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que 41 de cada 1.000 mujeres latinoamericanas y del Caribe abortan en condiciones riesgosas para su vida. La proporción es tres veces superior al promedio de los países industrializados.
En el caso colombiano, 26 de cada 100 universitarias, la mitad menores de 20 años, se practicaron al menos un aborto, de acuerdo con un estudio presentado en la reunión.
El estudio reveló que 29 por ciento de las mujeres que se practicaron abortos sufrieron complicaciones y 18 por ciento llegaron "en condiciones deplorables" a los hospitales.
La médica Ana Langer, directora para América Latina y el Caribe del no gubernamental internacional Population Council, dijo que las cifras sobre la incidencia del aborto inducido no se conocen con exactitud, debido a la clandestinidad de esta práctica.
Sin embargo, Langer calculó que se lo practican cuatro millones de mujeres cada año.
La experta señaló diversas aspectos que conducen a la práctica generalizada del aborto, pese a la penalización que rige en la mayoría de países.
A excepción de Cuba, Puerto Rico, Guyana y Barbados, donde el aborto es legal, en el resto de naciones es criminalizado.
"La responsabilidad no es exclusiva de la mujer", afirmó. Hay una demanda insatisfecha de planificación familiar en la región por falta de información o cobertura en los servicios de salud, por presiones del varón o por inestabilidad laboral, dijo Langer.
"La criminalización del aborto solo llevó a aumentar la morbilidad, la esterilidad femenina y el desvío de recursos que podrían destinarse a la salud pública", afirmó el médico Aníbal Faundes, profesor de la Universidad de Campinas, Brasil.
Faundes cito como ejemplo comparativo de los malos efectos que tiene la clandestinización del aborto en la salud reproductiva el caso de Holanda, donde se despenalizó. Se trata del país donde menos se realiza esta práctica.
El médico brasileño coincidió con Langer en que la desprotección y desigualdad de que es víctima la mujer en América Latina induce a la práctica generalizada de abortos.
"Junto a la falta de poder de la mujer para negarse a una relación sexual y a la dificultad de acceso a la planificación familiar, está la desprotección de la mujer embarazada", dijo.
Despidos de empleadas domésticas y expulsión de alumnas de colegios "no les dejan otro camino que el aborto", señaló Faundes.
"Creo que tenemos un problema de salud pública. No soy partidario de sanciones legales para detener la práctica del aborto", dijo el diputado uruguayo y médico José Bayardi.
El aborto es practicado por mujeres de todas las clases sociales, pero las más pobres tienen mayor riesgo por falta de acceso a servicios médicos seguros.
La socióloga Lucero Zamudio, directora de CIDS y de la investigación del caso colombiano, también pidió sacar el debate del aborto del campo de las corrientes de opinión y colocarlo en el del análisis de salud pública.
El aborto es "un problema de inequidad social, de desgaste de la función de la norma y una profundización de la distancia entre la norma y la conciencia de la gente", afirmó la socióloga.
Muchos de los parlamentarios asistentes, ninguno de ellos colombiano, coincidieron en la necesidad de ampliar los espacios de reflexión con la Iglesia Católica, credo predominante en América Latina, que sataniza el aborto como pecado.
"La Iglesia católica debe ser más flexible y debe estar dispuesta a analizar la realidad social típica de nuestras mujeres", afirmaron.
Luis Pérez Aguirre, sacerdote católico uruguayo y consultor de la Organización de Naciones Unidas en la materia, dijo que "es obvio que la fuente del drama del aborto inducido no es la ley ni la solución será exclusivamente legal".
"Con ley o sin ella, la estabilidad de las mujeres ante un embarazo no deseado siempre estará amenazada y además siempre seguirán abortando", afirmó el sacerdote. (FIN/IPS/mig/mj/he pr/98
