Estudiantes de Estados Unidos urgieron a sus universidades a unirse a una cruzada contra las fábricas de vestimenta en América Central y otras regiones del extranjero donde se explota a los trabajadores.
"Queremos que toda la ropa importada por Estados Unidos, comenzando con la que lleva los logotipos de nuestras universidades, sean confeccionadas en condiciones justas y humanas", dijeron estudiantes que visitaron varias fábricas en América Central.
Los estudiantes elaboraron un informe titulado "Detrás de las puertas cerradas: Los trabajadores que fabrican nuestra ropa", y demandaron la imposición de un código de conducta a las compañías del rubro que venden prendas con distintivos universitarios.
El informe fue difundido la semana pasada y presenta datos recogidos en agosto por los ocho estudiantes en El Salvador, Honduras y Nicaragua.
"Todo código de conducta que regule las compras de las universidades debe incluir la difusión pública de los nombres y direcciones de las fábricas y la implementación de una política de salarios acorde con el costo de las necesidades básicas", dijeron los autores del estudio.
La visita fue organizada por el Comaité Nacional del Trabajo, organización radicada en Nueva York. El informe describió las malas condiciones de trabajo y los escasos salarios de la fuerza laboral mayoritariamente femenina en las fábricas de vestimenta de los tres países de América Central.
En la fábrica Doall, en El Salvador, por ejemplo, los trabajadores ganan unos 33 dólares por semana, lo cual sólo cubre la mitad del costo de la canasta familiar de una famillia tipo en condiciones de relativa pobreza, observó Cori Zagarell, de la Universidad de Grinnell.
En Ecotex, una planta en Honduras, la paga semanal promedio es de 26 dólares, es decir unos 44 centavos de dólar por hora, en una semana laboral regular de 59 horas, sostuvo el informe.
Los estudiantes afirmaron haber visto niños de 12 y 13 años en la fábrica Chelsea, también en Honduras, cosiendo prendas en lugares mal ventilados, donde muchos empleados sufren dolores de cabeza y de manos y problemas respiratorios.
A los obreros se les niegan beneficios sociales y son atacados si intentan fundar sindicatos en todas las zonas francas industriales visitadas, aseguraron los estudiantes.
Los casos de explotación laboral en este tipo de establecimientos se conocen en Estados Unidos gracias a las denuncias de grupos como el Comité Nacional del Trabajo, que ahora intenta concientizar a los estudiantes universitarios acerca de la situación de los trabajadores en América Central.
Algunas universidades tomaron medidas al respecto. La de Duke, en Carolina del Norte, implementó en marzo un código que exige a los fabricantes que proveen ropas a ese centro de estudios dar a conocer la ubicación de sus fábricas y permitir inspecciones independientes.
La Universidad de Brown hizo lo mismo en abril.
La Compañía de Licencias Universitarias (CLU), intermediaria entre 160 universidades y los fabricantes de ropa que usan sus logotipos, intentó delinear en los últimos meses un código de conducta para todas las plantas que fabrican ese tipo de prendas.
La iniciativa de CLU derivó en la formación de un equipo especial para la redacción del código, pero el esfuerzo fue criticado por no incluir a estudiantes y a los propios trabajadores en las discusiones.
"La tarea de mejorar las condiciones de los obreros de las fábricas que hacen nuestra ropa sólo puede hacerse en cooperación con los propios trabajadores y grupos locales que conocen su situación", dijo Laura McSpedon, miembro de la delegación y militante de Estudiantes Unidos Contra la Explotación Obrera.
Este grupo se formó en julio para promover determinadas condiciones mínimas que los códigos de conducta deben contener, incluyendo la promesa de un salario que permita la supervivencia de los trabajadores.
"CLU trata de crear esos códigos sin siquiera hablar con los propios trabajadores", expresó McSpedon.
Charles Kernaghan, director ejecutivo del Comité Nacional del Trabajo, sostuvo que muchos códigos de conducta sólo tienen la intención de contrarrestar la mala publicidad asociada con los lugares de explotación de trabajadores, sin mejorar en los hechos las condiciones de los obreros.
Si las compañías realmente quieren respetar los derechos laborales en las fábricas, deben permitir que organizaciones independientes, incluidos grupos religiosos y de defensa de los derechos humanos, inspeccionen sus actividades, agregó. (FIN/IPS/tra-en/fh/di-mj/hd lb/98
