Inversionistas privados y organismos financieros multilaterales fueron exhortados a considerar el impacto ambiental de sus proyectos de inversión en la Amazonia brasileña, que podría arriesgar el resultado de sus negocios.
Este aspecto suele ser obviado en reuniones como el Congreso Mundial de Desarrollo Económico, en curso en Washington por convocatoria del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, destacó la directora de la organización estadounidense Amazon Watch, Atossa Soltani.
En el Congreso se analiza el impacto de la crisis financiera sobre los países en desarrollo, y entre ellos se destaca el caso de Brasil, que en víspera de elecciones registra fuertes presiones sobre su economía.
Esta situación coincide con el interés de grandes empresas como Mobil, Shell o Enron por iniciar proyectos en la región del río Amazonas.
Sus inversiones están sujetas a un análisis de los factores políticos y económicos que podrían afectarlos, pero Soltani sostuvo que también deben evaluar adecuadamente el aspecto ambiental.
"Brasil tiene proyectos de carreteras, habilitación de vías fluviales, tendido eléctrico y represas, pero en muchos casos esos planes deben enfrentar el rechazo de la sociedad civil y los grupos indígenas, que parecen decididos a detener la devastación de los recursos naturales", dijo la directora de Amazon Watch.
Agregó que esta actitud desafiante puede "traducirse en riesgos financieros que deberían ser evaluados por los inversionistas antes de comprometer los recursos de sus empresas".
Las autoridades brasileñas confirmaron que están en negociación un centenar de proyectos para la exploración y producción de hidrocarburos, algunos de ellos situados en la Amazonia. Todo esto va acompañado por planes para desarrollar infraestructura en la selva.
Se argumenta que todos estos proyectos son necesarios para impulsar la economía nacional y además para generar recursos y energía con la finalidad de abastecer a grandes centros urbanos, como la ciudad de Sao Paulo.
Pero los críticos de estos planes insisten en que tendrán un efecto devastador sobre la naturaleza, además de provocar riesgos legales y financieros para los inversionistas.
En muchos casos, los caminos o tuberías deberán atravesar densas selvas, territorios indígenas o complejos sistemas fluviales, lo cual sólo aumenta el potencial de su impacto.
"Los inversionistas deben estar al tanto de los riesgos. Si ellos no evalúan los riesgos ambientales y sociales antes de comprometer sus recursos, podrían verse enfrentados a demandas legales, disputas con grupos indígenas o publicidad negativa", advirtió Soltani.
Es lo que ocurre con el proyecto de habilitación de una vía fluvial en los ríos Tocantins y Araguaia, que demandaría recursos por 220 millones de dólares para habilitar un sistema de transporte de productos agrícolas y mineros hacia los puertos del Atlántico.
El proyecto cubre un área de 800.000 kilómetros cuadrados, incluidas reservas indígenas y selvas vírgenes. Una de sus propuestas, el secado de una zona pantanosa, acabaría con un parque nacional habitado por especies en extinción y afectaría a unos 10.000 indígenas que dependen del río para sobrevivir.
Los indígenas xavante presentaron una demanda, y un tribunal prohibió la construcción de la vía fluvial.
Soltani planteó que este tipo de actitudes de desafío a los grandes proyectos se repetirán, en especial si se considera que el gobierno no ha conseguido cumplir ni siquiera a medias la meta constitucional que exigía demarcar los territorios indígenas para 1993.
Otro ejemplo citado por Soltani fue el de la represa de Belo Monte en el río Xingú, un proyecto multimillonario que iba a inundar parte de la reserva de los kayapo, provocando la reubicación de millares de familias.
Las protestas organizadas por grupos defensores de los indígenas y el medio ambiente provocó que el Banco Mundial cancelara el financiamiento para las represas en la región amazónica. Los críticos del proyecto hicieron notar que no era rentable, pues en época seca su capacidad bajaría a la mitad.
Aunque algunas represas más pequeñas no parecen tener efectos tan negativos, Soltani comentó que los proyectos deben verse en su conjunto: de acuerdo con algunas estimaciones, el efecto combinado de estas hidroeléctricas causaría la inundación de 5.000 kilómetros cuadrados de selva virgen.
"Antes de financiar una represa o una línea de transmisión que dependa de una hidroeléctrica, los inversionistas deberían asegurarse de su viabilidad, de que el proyecto haya sido evaluado en forma adecuada, considerando otros similares en esa misma cuenca", concluyó Soltani. (FIN/IPS/tra-en/dk/lc-ml/en/98
