El gobierno de Yugoslavia aprovecha la muerte de dos detenidos serbios a la espera de juicio para continuar su boicot al tribunal de crímenes de guerra creado por la ONU, acusaron analistas y expertos de Belgrado.
Ambas muertes bajo custodia podrían usarse para terminar directamente toda cooperación con la corte con sede en La Haya, advirtieron observadores y expertos legales, pero señalaron que cualquier decisión política dependerá en definitiva del presidente Slobodan Milosevic.
Milan Kovacevic, un médico serbio de 57 años, murió en agosto, y Slavko Dokmanovic, un serbio-croata de 49 años, se ahorcó con una corbata en junio. Ambos estaban detenidos en una prisión de Scheveningen, Holanda, a cargo del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia.
"La cooperación con el Tribunal es uno de los postulados de los acuerdos de paz sobre Bosnia, garantizados por el propio Milosevic, y él prometió cumplirlos", destacó el profesor Ranko Petkovic, un especialista en derecho internacional de Belgrado.
Sin embargo, "las muertes de Milan Kovacevic y Slavko Dokmanovic se explotarán aquí como pretexto para continuar boicoteando al tribunal", afirmó.
Kovacevic fue detenido a mediados de julio en una espectacular acción por las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en su ciudad natal de Prijedor, en Bosnia occidental.
Pesaba sobre Kovacevic la acusación de crear campos de concentración en los que habría ayudado a organizar la "limpieza étnica" de decenas de miles de croatas y musulmanes de Bosnia- Herzegovina entre abril de 1992 y junio de 1993.
El informe de la investigación oficial de su muerte, publicado a principios de septiembre, atribuyó el deceso a la rotura de un vaso sanguíneo. Además, señaló que el fallecido estaba enfermo desde hacía tiempo y que no hubo negligencia por parte del personal de la prisión ni de los médicos.
Dokmanovic, ex alcalde de Vukovar, fue citado por la oficina de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en la ciudad a mediados de 1997 y detenido en el camino por fuerzas del foro mundial.
Se le diagnosticó depresión y propensión a reacciones paranoides, pero no fue transferido a un hospital pese a los pedidos de su abogado.
Dokmanovic fue hallado culpable de participar en la matanza de más de 200 hombres desarmados tras su evacuación forzosa del hospital de Vukovar, en noviembre de 1991. Se suicidó una semana antes de recibir sentencia.
El Tribunal consideró "desafortunada" la muerte de Dokmanovic, pero nunca explicó por qué razón un hombre que había intentado suicidarse dos veces bajo custodia tenía una corbata y una afeitadora en su celda.
El Ministerio de Justicia de Yugoslavia atribuyó a la corte la "responsabilidad directa" de la muerte del detenido.
"Estas muertes asestaron un duro golpe al Tribunal y a las ideas que defiende. No se hizo justicia", escribió Filip Svarm en la revista independiente Vreme, de Belgrado.
Sin embargo, "no hay duda de que el público y el gobierno pueden usar las dos muertes como prueba de que el Tribunal es un instrumento dirigido contra los serbios", advirtió.
Algunos medios de prensa progubernamentales y nacionalistas ya comenzaron una campaña en esa dirección, describiendo a Kovacevic y Dokmanovic como "mártires de la causa serbia" y "víctimas de todos los que odian a los serbios".
En una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, la presidenta del Tribunal, jueza Gabrielle Kirk McDonald, consideró "ilegal" la actitud del gobierno de la República Federal de Yugoslavia, que comprende a Serbia y Montenegro.
El país se ha transformado en "un paraíso para los fugitivos de la ley internacional", afirmó McDonald.
Sólo los medios independientes de Serbia publicaron la carta de tres páginas, cuyo tema principal es la falta de disposición de Belgrado para detener a tres hombres acusados de crímenes de guerra en Eslavonia oriental en 1991 y entregarlos a la custodia del Tribunal.
McDonald señaló que los tres hombres parecen "gozar de impunidad e inmunidad" en Yugoslavia, cuyas autoridades se consideran "excluidas del derecho internacional".
Además, advirtió al mundo que si la conducta de Belgrado no se corrige se puede arruinar la posibilidad de un acuerdo para la provincia de Kosovo, donde la mayoría albanesa lucha por la autonomía, de acuerdo con las demandas de la comunidad internacional. (FIN/IPS/tra-en/vpz/dn/ml/ip-hd/98
