Empleados y obreros llegaron esta semana desde las provincias hasta la sede central de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para protestar contra la ola de despidos en el sector, en una escena inédita en el país.
En tanto, Carlos Borges, presidente de la Federación de los Empleados Públicos, dijo este miércoles que algunos ministerios avisaron que no tienen fondos para pagar los salarios de agosto y las gobernaciones y alcaldias amenazan con un "cierre técnico" si el gobierno introduce otro corte en sus recursos.
Los miles de despidos en el hasta ahora priviligiado sector petrolero y las penurias entre los empleados públicos son una señal de hasta dónde horadó al empleo la crisis económica que estalló en el país por el desplome de los precios del crudo.
El Consejo de Ministros debió postergar este miércoles por una semana el anuncio de la distribución del tercer recorte en el presupuesto de los gastos públicos, de 1.360 millones de dólares, para poder negociar con los gobernadores y alcaldes su aporte.
PDVSA pronostica que el desempleo abierto alcanzará en diciembre a 15,7 por ciento de la población económicamente activa, según reveló este miércoles el economista jefe de la empresa, Ramón Espinasa, al diario El Nacional.
Eso significaría que 1,53 millones de una población activa de 9,7 millones de personas estarían sin trabajo en diciembre, a lo que habría que añadir el incremento del contingente de quienes se ocupan en el precario sector informal.
Espinasa explicó que el escenario que se maneja en PDVSA es que el sector informal absorberá 49,3 por ciento de la población ocupada al cierre de 1998.
Los 400.000 nuevos desempleados procederían también del gobierno central, que dentro de su programa de reducción de la burocracia despedirá a 1.300 personas para completar un total de 230.000 cesantes en los cinco años de la presidencia de Rafael Caldera.
Además, los sectores automotores, textil, de construcción y de servicios son los que más despidos han producido desde julio, cuando la actividad productiva y el consumo fue afectado por la recesión y el alza desbordada de las tasas de interés, que se sitúan entre 65 y 80 por ciento para los préstamos.
En diciembre de 1997 el desempleo afectaba a 11,1 por ciento de la población activa, en un año en que la economía tomó un aliento positivo tras un trienio recesivo, según la estatal Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI).
Esa cifra subió a 11,3 por ciento en junio y a 14,1 por ciento en el caso de las mujeres, cuando la economía dejó de ser arrastrada por la inercia del aumento del producto interno bruto (PIB) de 1997 en 5,1 por ciento y se hundió en la recesión.
Al fin del primer semestre, la OCEI dijo que 48,4 por ciento de los ocupados están en el sector informal, en un segmento que en Venezuela suma a los vendedores ambulantes, los trabajadores domésticos, los trabajadores por cuenta propia no profesionales y a quienes laboran en firmas con cinco empleados o menos.
El secretario general de la Central de Trabajadores de Venezuela, Carlos Navarro, indicó que el desempleo real es cuatro puntos por encima del nivel oficial.
Más de 50 por ciento de los ocupados ganan el salario mínimo, situado en el equivalente a 170 dólares mensuales, cuando la canasta alimentaria familiar costaba en agosto 345 dólares, según el Centro de Economía.
Se cálcula que la pobreza se elevaría este año en al menos 10 por ciento, al igual que en 1997, cuando, según cifras oficiales, se extendió a 69 por ciento de las familias.
El poder adquisitivo de los venezolanos cayó 65 por ciento en 20 años, 25 por ciento durante el gobierno de Caldera.
La ministra de Hacienda, Maritza Izaguirre, sostuvo que el gobierno aún confía en limitar la caída de la economía en torno a 0,6 por ciento del PIB, pero el asesor económico del Congreso, Gustavo García, dijo este miércoles que todos los indicadores anticipan que el decremento será de al menos dos por ciento.
PDVSA asegura que no despidió a ninguno de sus 80.000 trabajadores pese a la brutal caída de los ingresos petroleros, que el ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, fijó este miércoles en más de 7.000 millones de dólares respecto de lo que se había presupuestado para este año.
Pero las compañías contratistas del sector petrolero despidieron desde junio unos 15.000 empleados, al frenar PDVSA sus actividades exploratorias y productivas, para atender el compromiso asumido por Venezuela de reducir su extracción en 525.000 barriles por día respecto de los niveles de febrero.
Hasta ahora, el sector público cortó sus gastos previstos en 1998 en un total de 4.800 millones de dólares, a los que quiere sumar otros 1.360 millones, debido a que el barril del petróleo sigue sin recuperarse en los niveles pautados en julio.
Los ministros del área económica aseguran que el nuevo corte no tocará las partidas de personal y que tanto sus salarios como otros beneficios monetarios convenidos están garantizados. Pero Borges, que dirige el sindicato que agrupa a 1,2 millones de empleados públicos, indicó que esa promesa es incierta.
"En el Ministerio de Sanidad y otros despachos ya han dicho que no tienen fondos para pagar los salarios a fin de mes", afirmó Borges, mientras gobernadores y alcaldes de varios estados anticiparon una situación similar si no reciben las transferencias previstas desde la administración central.
Los gobernadores de los 23 estados en que está dividido este país de 23 millones de personas y los 316 alcaldes mantienen desde el martes reuniones de urgencia con el gobierno, para evitar que el nuevo recorte afecte sus transferencias.
Los mandatarios regionales y municipales aseguraron que cualquier recorte en las transferencias previstas les obligará al cese de actividades y de pagos en sus entidades, y el gobierno se vio forzado a demorar el corte que pensaba anunciar este miércoles, para evitar que esa situación se produzca.
El monto en que el gobierno quiere reducir las transferencias a los estados y municipios es de 146 millones de dólares, según explicó Izaguirre.
El jefe de la Comisión de Finanzas del parlamento, el diputado opositor Gustavo Tarre, aseguró que hay "grasa que se puede eliminar del presupuesto sin tocar su músculo". Pero admitió que el consenso será arduo por vivirse la antesala de las elecciones regionales de noviembre y las presidenciales de diciembre. (FIN/IPS/eg/mj/if lb/98
