Cinco años de debate se necesitaron para que Venezuela contara con una Ley de Protección al Niño y al Adolescente, considera ejemplar dentro América Latina por su proceso de elaboración y las garantías que ofrece.
"Se trata de la experiencia más acabada de América Latina, en cuanto a compartir y disentir en la doctrina, pero pese a ello llegar a acuerdos entre el Estado y la sociedad", dijo a IPS Yuri Buaiz, oficial de derechos del niño de la oficina en Caracas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
En su redacción participaron entidades estatales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y los propios niños y niñas, que acompañaron el proceso hasta que el Congreso aprobó el nuevo instrumento legal como despedida ante las elecciones legislativas de noviembre.
La nueva ley, que debe sustituir a partir del año 2000 a la Ley Tutelar del Menor de 1980, fue promovida para cumplir los compromisos que Venezuela asumió al suscribir hace ocho años la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Como puntos esenciales, el nuevo texto cambia el concepto de necesidad por el de derechos y asienta las garantías para la defensa judicial de los pequeños.
El debate del texto legal estuvo dominado por la polémica sobre la desechada pretensión de algunos sectores de rebajar la edad mínima de imputabilidad de delitos, fijada en 18 años.
Ese planteamiento tiene su base en el auge delictivo en Venezuela, con una población de 23 millones de personas, y al hecho de que un porcentaje importante de los delitos de sangre es cometido por menores de edad, que no son imputables penalmente y a los que debe limpiarse su expediente cuando cumplen 18 años.
El punto se zanjó con la inclusión del concepto de "responsabilidad juvenil penal", con la diferencia sobre la anterior ley de que ahora los adolescentes serán partícipes de su propio proceso, con derecho a nombrar un abogado, presentar atenuantes y apelar las decisiones.
La ley incluye la privación de libertad, pero sólo para castigar los más graves delitos del código penal y únicamente para los mayores de 12 años y por un lapso máximo de cinco años.
Además, antes de llegar a la privación de libertad la ley contempla 11 medidas previas, que incluyen la libertad vigilada en régimen de semiinternado, la amonestación, la reparación del daño o el trabajo comunitario.
"Coincidimos en que no era posible rebajar la edad de imputabilidad porque ello implicaría que los jóvenes irían a cárceles de adultos", dijo a IPS Oscar Misle, director de los no gubernamentales Centros Comunitarios de Aprendizaje Popular (Cecodap) e integrante de la comisión redactora de la ley.
"Pero aceptamos que los adolescentes no sólo tienen derechos, sino también responsabilidades", añadió.
La privación de libertad será una medida extrema y se cumplirá en establecimientos que garanticen atención especial a los niños, condiciones de higiene, alimentación adecuada, escolaridad, formación en oficios y oportunidad para hacer deportes.
"Y, sobre todo, se diferenciará el tipo de falta, no será igual un hurto que un homicidio", dijo Misle.
La construcción de los nuevos centros de detención (al menos tres), y de detención provisional (uno en cada uno de los 23 estados venezolanos), costará unos 30 millones de dólares.
Además, se destinarán unos 16 millones de dólares a la capacitación de funcionarios y otros 2,5 millones para instalar centros municipales, regionales y nacionales de protección.
Ahora, debido a la superpoblación de los centros existentes, los llamados menores infractores son recluidos en peligrosos y desguarnecidos retenes donde el trato es en muchas ocasiones similar al de las prisiones de adultos, consideradas por ONG humanitarias internacionales entre las más peligrosas del mundo.
Buaiz cree que la nueva ley es de las que "reúne mejores condiciones en América Latina"
Su especial bondad se origina "tanto por su proceso de elaboración, que fue de sumatoria permanente para la participación de la sociedad civil" como por su propio contenido, pues "más que de protección es una legislación sobre derechos humanos", dijo el funcionario de Unicef.
En ese aspecto, fue un proceso más rico incluso que el de Brasil, país pionero en la región con su ley de 1990, aseguró y detalló que "la ley (venezolana) logra establecer un sistema de protección integral que va desde lo nacional hasta lo local, y con participación de la familia".
También "profundiza la democracia a través de niveles ciertos de participación y se desjudicializan los problemas sociales, pues los jueces no podrán ocuparse de problemas estructurales", que pasan a ser tarea de los consejos de protección, integrados por representantes del Estado y de la sociedad civil, añadió.
Como ejemplo, señaló que un niño deambulante por la calle no podrá ser privado de su libertad, como ocurría hasta ahora, pues la ley establece claramente que no habrá detención por "carencias sociales, económicas o espirituales".
Otra carencia que penalizaba a los niños con la privación de la libertad era el maltrato por parte de los padres, pues era llevado a un centro de detención del Instituto Nacional de Menor.
La nueva ley, en cambio, prevé que puedan denunciar a sus padres por maltrato o abuso, y éstos están obligados a acudir a atención psicológica. En los casos de discusión sobre la patria potestad, la opinión de los niños mayores de 12 años es vinculante.
Con la nueva ley se crean los consejos de derechos colectivos y los de protección. Los primeros estarán integrados a partes iguales por funcionarios del Estado seleccionados por concurso y miembros de la sociedad civil electos en las comunidades, y los segundos, por tres miembros electos en cada comunidad.
Misle admitió que en las condiciones actuales la nueva ley "no es aplicable, porque requiere una inversión importante y la formación de los funcionarios", pero habría sido una trampa querer que la ley se pareciera a la realidad y no al revés.
"Buscamos crear un paradigma distinto de lo que es el niño en la sociedad, para que deje de ser un objeto de tutela y pase a ser protegido", indicó.
Debido a estas dificultades, la aplicación de la ley se postergó casi dos años, para que entre vigor a mediados del 2000. Entretanto, los organismos del Estado dedicados a la infancia y las 30 ONG que participaron en su redacción promoverán la adopción de medidas para cumplir su nuevo papel en la protección. (FIN/IPS/jz/ag/hd-pr/98
