La prohibición en Uruguay de la venta de un servicio directo por satélite puso de relieve el dominio que tres conglomerados empresariales ejercen sobre la televisión hace varias décadas.
La oferta de la empresa Audinel al público la semana pasada de antenas y suscripción para DirecTV, un sistema de televisión con una oferta de casi 100 canales, generó una rápida respuesta del gobierno.
La Dirección Nacional de Comunicaciones (DNC) recordó en un aviso publicado en la prensa que "está totalmente prohibida en todo el territorio nacional la comercialización de cualquier servicio de televisión para abonados por empresas no autorizadas".
La DNC, que depende del Ministerio de Defensa Nacional, advirtió que quienes ofrezcan ese servicio sin autorización "serán pasibles de las sanciones establecidas" en un decreto de 1977 que regula la difusión por televisión en Uruguay.
Un editorial del diario El Observador, vinculado a intereses comerciales de la televisión directa, salió al cruce de la decisión del gobierno.
Prohibir el sistema sería como prohibir la venta de receptores de radio de onda corta, por lo que la actitud del gobierno constituye "una ofensiva tan desesperanzada como mandar a un pelotón de infantería para derrotar a una división de tanques", dijo.
El diario advirtió que la decisión "amenaza retrotraer" a Uruguay a la misma situación que China e Irán, "donde está prohibida la posesión" de antenas con la intención de "asegurar que la población solo se entere de lo que al Estado le parece conveniente".
Audinel ofrece antenas y los decodificadores para recepcionar DirecTV a 1.200 dólares. El servicio se contrata con una empresa en México a la cual se le paga a través de tarjetas de crédito internacionales, dijo a IPS Gabriel Pérez, representante de la empresa.
"Cuando se vende la antena se vende el servicio, porque el usuario no puede hacer otra cosa con ellas", replicó Ernesto Dehl, director de la DNC.
DirecTV, con casi cuatro millones de usuarios en todo el mundo, permite el acceso a casi 100 canales a un costo mensual de entre 25 y 40 dólares, según la selección que realice el abonado.
La mayoría de las empresas de televisión por cable de Uruguay ofrecen conexión gratis, un costo mensual de 30 dólares y el acceso a unos 40 canales, la mayoría de los cuales también son ofrecidos por DirecTV.
Noventa por ciento de canales por cable de Uruguay, adjudicados en 1994 por el gobierno del ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995) son filiales de las tres grupos empresariales privados que dominan la televisión abierta.
La programación en los canales de televisión abierta de estos conglomerados, pertenecientes a capitales nacionales, se compone en su mayor parte por producciones procedentes de Argentina y Estados Unidos, con una pequeña participación de producciones uruguayas.
Un canal por suscripción que no pertenece a estas firmas logró captar 55 por ciento de los abonados al obtener el monopolio de las transmisiones de los campeonatos de fútbol uruguayos y varias internacionales.
Empresas que no lograron adjudicaciones en 1994 plantearon recursos ante los tribunales. Este año, cuatro sentencias ordenaron anular otras tantas adjudicaciones en el interior del país y convocar nuevas licitaciones.
Sin embargo, la DNC no dio hasta ahora cumplimiento al mandato judicial y los adjudicatarios iniciales continúan distribuyendo el servicio.
La única empresa autorizada actualmente por el gobierno para comercializar un servicio de televisión directa en Uruguay es Filsur.
Su capital se conforma conn un 20 por ciento de cada uno de las tres conglomerados privados de televisión abierta, otro 20 por ciento de empresarios televisivos del interior del país y el restante 20 por ciento por la televisión estatal.
Esa señal, que amplía el dominio de las televisoras privadas uruguayas sobre el mercado, tiene una oferta de 15 canales extranjeros, además de los cuatro de Montevideo, y se propone llegar a áreas rurales del interior de Uruguay a las que no accede el servicio por cable.
La transmisión se efectuará mediante un acuerdo con el Grupo Vila de Argentina, que también se dispone a operar en Chile, Paraguay y Bolivia a través del satélite Nahuelsat.
Un estudio de la consultora Equipos, con datos del primer cuatrimestre de 1998, demostró que tras la irrupción del cable los uruguayos siguen viendo televisión la misma cantidad de horas, pero redujeron a la mitad su interés por la televisión abierta.
Aunque aún limitada a las áreas política y técnica, la polémica generó reacciones, la mayoría de las cuales contra la decisión del gobierno.
En una carta pública, el ingeniero Federico Kereki recordó al rey Canuto el Grande, de Inglaterra, que en el siglo XI creyó que su poder era tan grande que ordenó al mar que se detuviera para que las olas no le mojaran los pies.
"Lógicamente el mar hizo caso omiso a sus órdenes y Canuto dijo entonces a sus cortesanos: 'Que todos sepan qué vacío es el poder de los reyes"', recordó Kereki, quien añadió que, siguiendo el razonamiento del gobierno, debería prohibirse el acceso a Internet.
"¿Realmente hay alguien que pueda pensar que mediante prohibiciones se va a aislar a Uruguay del resto del mundo?", preguntó Kereki.
Carlos Delpiazzo, profesor de Derecho de las Comunicaciones de la Universidad Católica e integrante del gabinete durante el gobierno de Lacalle, sostuvo que la ley que regula la televisión en Uruguay "contempló otra realidad" cuando fue promulgada hace 21 años.
"El problema está en aplicar normas viejas a realidades nuevas. El progreso ha desbordado el marco jurídico", dijo el jurista. (FIN/IPS/rr/mj/ip cr/98
