Un prolongado conflicto laboral y las restricciones de la Unión Europea a la compra de banano de América Latina redujeron casi 30 por ciento las exportaciones de esa fruta desde Panamá con respecto a las ventas de 1997.
Un informe del Consejo Nacional del Banano de Panamá indicó que las exportaciones entre enero y agosto de este año se redujeron 6,2 millones de cajas de 18,4 kilogramos respecto de los 22 millones de cajas comercializadas en igual período de 1997.
La merma representa una pérdida parcial superior a 30 millones de dólares, según la publicación oficial.
Hasta 1993, cuando la Unión Europea estableció un régimen de cuotas para el ingreso de banano desde América Latina, Panamá exportaba más de 200 millones de dólares anuales de la fruta hacia Europa, donde colocaba alrededor de 80 por ciento de su producción superior a 40 millones de cajas.
Desde julio de 1993, la Unión Europea redujo a 2,2 millones de toneladas el total de banano que pueden exportar los países de América Latina hacia su mercado, lo cual representó una disminución de más de 500.000 toneladas respecto de lo exportado en 1992.
Esa política restrictiva aún se mantiene en todos sus términos pese a que un tribunal de la Organización Mundial del Comercio ordenó a la Unión Europea a fines de 1997 que deje sin efecto la medida instituida en julio de 1993.
La Unión de Países Exportadores de Banano, integrada por Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Panamá y Venezuela, informó que América Latina perdió 1.500 millones de dólares en ventas e inversiones en los tres primeros años de vigencia de las restricciones.
Las exportaciones de banano de Panamá en 1997 ascendieron a 180 millones de dólares y se estima que para este año el total será inferior a 140 millones de dólares, de acuerdo con el informe del Consejo Nacional del Banano.
A esos factores externos que afectan a todos los países bananeros de América Latina se sumó en Panamá una huelga de 57 días en los primeros meses de 1998 que arruinó las fincas sobre el océano Pacífico, donde la transnacional estadounidense Chiquita Brands produce más de 30 por ciento del banano del país.
En las occidentales provincias de Chiriquí, sobre el Pacífico, y Bocas del Toro, en el litoral Atlántico, Chiquita Brands explota alrededor de 12.000 hectáreas de tierras dedicadas a la producción de banano, donde trabajan unas 15.000 personas.
Los trabajadores se vieron forzados a volver a sus puestos de trabajo sin haber obtenido reivindicación alguna. Tras la huelga, Chiquita Brands despidió a mediados de abril a 270 obreros y suspendió temporalmente a otros 1.700 en señal de represalia.
Los plazos legales para el reintegro de los suspendidos se vence a finales de este mes y si Chiquita Brands no los convoca a sus puestos de trabajo desacataría lo establecido en el Código de Trabajo vigente, advirtió Nicanor Araúz, dirigente del sindicato de trabajadores bananeros.
Si Chiquita Brands no reintegra a los trabajadores suspendidos, el sindicato podría declarar una nueva huelga en las fincas del sector Pacífico, indicó Araúz.
No obstante, aclaró que en los primeros contactos realizados entre el sidicato y el representante legal de Chiquita Brands, Virgilio Aizprúa, "hubo un ambiente positivo" para buscarle una solución al problema.
Pero si vencido el plazo legal no hay una actitud positiva de parte de Chiquita Brands "retomaremos nuevamente las acciones hasta lograr una efectiva solución", advirtió Araúz.
Mientras, el ministro de Trabajo y Desarrollo Social, Reynaldo Rivera, calificó la situación de "muy delicada" debido a la importancia que tiene la producción de banano para la economía del país y en particular para las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.
El funcionario explicó que la misión del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social es conseguir un arreglo negociado que evite la pérdida de puestos de trabajo o que se llegue a un nuevo conflicto laboral como el ocurrido a inicios de este año.
Hasta ahora el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social logró colocar a 481 obreros suspendidos en forma temporal en entidades del Estado y a otros 200 en el sector agrícola no bananero, dijo Rivera.
Sin embargo, Chiquita Brands todavía enfrenta otra demanda de tipo económico por parte de los 270 trabajadores despedidos luego de la huelga de inicios de 1997.
El abogado Silvio Guerra, representante de los 270 trabajadores declarados cesantes por Chiquita Brands presentó una demanda por dos millones de dólares contra la compañía.
El viceministro de Trabajo y Desarrollo Social, Antonio Ducreux, mediador en el conflicto, indicó el lunes que Chiquita Brands "podría terminar sus operaciones en Panamá" si el sindicato sigue presionando por el "reintegro inmediato de todos los trabajadores suspendidos".
La crisis bananera coincide con un año malo en el sector agropecuario del país debido al fenómeno climatológico de El Niño y la drástica reducción de los aranceles de importación adoptada por el gobierno en enero de 1998.
El valor de la producción de ese sector se redujo 5,9 por ciento entre enero y junio de este año. (FIN/IPS/sh/mj/if/98
