Nepal abolió la esclavitud en 1924, pero durante décadas esa legislación no fue suficiente para abolir una práctica que a fines del siglo XX es floreciente e involucra a más de 20.000 personas.
"Este sistema es inhumano, cruel y degrada a las personas", dijo el presidente de Organizaciones de Derechos Humanos de Nepal (HURON), Kapil Shresta. "Lo peor de todo es que los gobiernos no se esfuerzan por eliminarlo", señaló.
Este tipo de servidumbre es común en la región occidental del país, considerada como el "patio trasero" de Nepal. También hay casos en el valle de Kathmandú, especialmente en actividades agrícolas y manufactureras.
La esclavitud comienza con una deuda que no puede ser pagada. En distritos como Dang y Banke, los campesinos pobres piden préstamos a los terratenientes y deben trabajar como sirvientes en las casas o en el campo para pagar los intereses.
Al perder su libertad, el prestatario se convierte en un "kamaiya", un esclavo. El nivel de explotación es inmenso y la persona ya nunca puede liberarse, aún cuando su préstamo original haya sido de apenas 80 dólares.
Un estudio de la organización no gubernamental Centro de Educación del Sector Informal (INSEC) reveló que esta forma de esclavitud se practica en cinco distritos del oeste del país.
"Las familias quedan afectadas para siempre. El vínculo de esclavitud es transmitido de padres a hijos durante generaciones, hasta que alguno de ellos logra pagar la deuda contraída por sus ancestros", relató Sushil Pyakurel, una investigadora del INSEC.
En la práctica, el vínculo suele permanecer para siempre pues el capital inicial acumula gran cantidad de intereses de generación en generación, y los trabajadores no logran completar los recursos para pagarlo.
El economista Devendra Raj y el sociólogo Chaitanga Mishra realizaron un estudio en el cual plantearon que los campesinos "tienen un ingreso tan bajo que nunca pueden pagar sus deudas".
El sistema también permite que los campesinos esclavizados puedan ser "comprados" por otros terratenientes, quienes le pagan las deudas al prestamista. Esta transacción se realiza durante un festival de kamaiyas en el mes de enero.
Los terratenientes los obligan a trabajar los campos y a cambio les dan poco más que una comida. Además, sus familias quedan atrapadas en este sistema, y la mujer y los hijos deben trabajar también como siervos en las casas o campos.
"En general no hay horarios y los kamaiyas deben trabajar durante largas jornadas de hasta 18 horas, mientras que la explotación de sus mujeres y niños es bastante común", destacó el Informe de Desarrollo Humano 1998 sobre Nepal.
Estadísticas recopiladas por diversas organizaciones no gubernamentales en 1995 permitieron determinar que en los cinco distritos occidentales donde se practica la esclavitud hay 25.762 kamaiyas, de los cuales 75 por ciento heredaron esa condición de sus padres.
Se trata de una pequeña porción de los 21 millones de habitantes de Nepal, pero los grupos de derechos humanos advierten que incluso la existencia de un reducido grupo de trabajadores esclavos atenta contra los esfuerzos de construir una sociedad moderna y justa.
La abolición de la esclavitud de 1924 no fue acompañada por una legislación eficiente, y eso permitió que esta práctica reapareciera en zonas aisladas, alejadas de Katmandú.
El sistema también fue atacado por la Constitución de 1991 que prohibió el tráfico de seres humanos, una disposición invocada por los grupos de derechos humanos que luchan contra la esclavitud.
Hace cuatro años, el INSEC pidió a la Corte Suprema que prohibiera este tipo de trabajo, pero el tribunal se abstuvo de emitir un pronunciamiento argumentando que, en primer lugar, el gobierno debería definir de qué se trata este sistema.
"Los tribunales no hacen nada si no existe una definición, así que ahora estamos demandando una legislación que aborde esa definición", dijo Pyakurel.
Pero hasta ahora sólo lograron promesas. "La mayor parte de los políticos del oeste de Nepal son terratenientes que poseen docenas de kamaiyas, y no están interesados en abolir el sistema".
Los terratenientes de esa región se unieron para oponerse a cualquier iniciativa destinada a anular el sistema de los kamaiya argumentando que se trata de una inversión económica y por tanto la costumbre no puede ser abolida sin una compensación.
En los últimos meses se planteó que el gobierno podría pagar las deudas de los kamaiyas, pero grupos de derechos humanos como INSEC se opusieron.
"Los que sean liberados terminarán por volver a comprometerse con otro terrateniente. Es necesario encontrar una solución legislativa, y que el gobierno gaste sus fondos en capacitar a los kamaiyas para que puedan conseguir empleos", urgió Pyakurel. (FIN/IPS/tra-en/sp/rdr/js/lc-ml/hd-lb/98
