El Senado de Estados Unidos aprobó hoy un proyecto de ley que permitirá a dos estados de este país enviar residuos radiactivos a un vertedero a 30 kilómetros de la frontera con México, pese a la fuerte oposición de funcionarios, ambientalistas y habitantes mexicanos.
Los senadores votaron 78 a 15 para aprobar el Convenio Texas- Maine-Vermont, por el que Texas aceptará residuos radiactivos de los estados de Vermont y Maine. Ambos estados pagarán 25 millones de dólares cada uno para construir el vertedero.
El Convenio, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, sólo necesita la venia del presidente Bill Clinton para convertirse en ley.
El vertedero estará ubicado en la pequeña localidad de Sierra Blanca, en el extremo occidental de Texas y a 30 kilómetros de la frontera mexicana, en una de las zonas más pobres de este país.
Organizaciones de derechos civiles y mexicano-estadounidenses acusaron de racistas a los defensores del Convenio porque dos tercios de los residentes de Sierra Blanca son de origen mexicano.
"La Casa Blanca debe vetar este Convenio. Con gran frecuencia, la ubicación de los vertederos se elige por la vía de la menor resistencia política y las comunidades elegidas son de bajos ingresos e integradas por minorías étnicas. Es una gran injusticia", declaró el senador demócrata Paul Wellstone.
Grupos ecologistas advirtieron que la zona del sitio propuesto no es un lugar seguro para almacenar residuos radiactivos porque es proclive a los terremotos y está sobre un acuífero, un recurso escaso en el clima desértico de Sierra Blanca.
El gobernador de Texas George W. Bush, hijo del ex presidente de Estados Unidos, y senadores del estado apoyan el vertedero porque, aseguran, creará empleos y generará ingresos en la zona.
Pero el proyecto fue criticado por el parlamento mexicano, cuya Comisión Permanente votó unánimemente en su contra este año.
"La frontera no distingue entre el agua de los pozos de Estados Unidos y México. ¿Quién puede asegurar que dentro de unos años no se produzca una filtración?", preguntó el senador mexicano Héctor Murguía, en una visita a Texas.
Legisladores mexicanos denunciaron que el vertedero viola el acuerdo de La Paz, firmado por México y Estados Unidos en 1983, que prohíbe la instalación de este tipo de proyectos a menos de 100 kilómetros de la frontera común.
Funcionarios mexicanos prometieron luchar contra el convenio mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o en un foro internacional, como la Organización de Estados Americanos.
Un informe sobre la actitud del público frente a los residuos nucleares, divulgado en 1984 por la estatal Autoridad de Texas para la Eliminación de Residuos de Bajo Nivel Nuclear, reveló que las localidades pobres y compuestas por minorías étnicas son las menos informadas y las que tienen menor probabilidad de oponerse a un vertedero de este tipo.
El Convenio "arrojará injustamente residuos nucleares sobre una comunidad que fue elegida porque era pobre, hispana y con bajo nivel de educación. El sitio se eligió según el principio del racismo ambiental", acusó la congresista Norma Chávez.
Chávez, Wellstone y grupos de derechos civiles y ambientalistas exigen al presidente Clinton que vete la decisión del Senado porque infringe la presidencial Orden Ejecutiva sobre Acciones Federales para Fomentar la Justicia Ambiental en Poblaciones Integradas por Minorías Etnicas y de Bajos Ingresos.
La orden exige que el gobierno garantice que este tipo de comunidades no sea discriminada a través de acciones ambientales que puedan ser peligrosas para la salud.
"No sólo residuos radiactivos se van a enterrar en el enorme hoyo que se cavará en Sierra Blanca. La democracia y los derechos civiles también quedarán enterrados en esta tumba nuclear", advirtió Erin Rogers, directora del Fondo de Defensa Legal de Sierra Blanca.
Los legisladores de Vermont sostienen que deben enviar sus residuos radiactivos a Sierra Blanca porque las condiciones geológicas del estado impiden que los desechos se depositen en la zona.
El argumento no convence a Bill Addington, comerciante de Sierra Blanca. "Tampoco tenemos condiciones geológicas favorables aquí. El vertedero nuclear estará sobre un acuífero y una falla geológica", explicó.
"En los últimos 70 años ocurrieron más de 60 terremotos con magnitudes superiores a tres grados en la escala de Richter, a menos de 320 kilómetros de Sierra Blanca", agregó. Vermont y Maine sólo "buscaron la vía de menor costo" para el vertedero, sostuvo.
Senadores de Texas argumentaron que el lugar es seguro y que el tipo de residuos que se almacenarán en Sierra Blanca son de bajo radiactividad, o que la mayoría está integrado por guantes y botas utilizados en instalaciones médicas.
Pero documentos de Vermont y Maine indican que la mayor parte de los desechos que se destinarán a Texas procede de reactores nucleares. Muy pocos elementos de las plantas nucleares se consideran de bajo nivel radiactivo.
Wellstone, Chávez y otros políticos demócratas contrarios al Convenio culparon a las grandes industrias de servicios públicos por utilizar los aportes que brindan a las campañas electorales para influir sobre los legisladores.
"Soy uno de las pocos congresistas de Texas que se oponen al acuerdo porque no acepto los aportes electorales" de estas industrias, aseguró el legislador Lon Burnam.
Las industrias "son las propietarias de este acuerdo, porque quieren pasar la responsabilidad de la industria privada a los contribuyentes de Texas", manifestó. (FIN/IPS/tra-en/dk/kb/aq-ml/en/98
