El gobierno de Uruguay inició una atípica ronda de consultas para crear normas de defensa al consumidor por encima de intereses partidarios, teniendo en cuenta a las existentes en el resto del Mercosur.
Técnicos del Ministerio de Economía y miembros de la Comisión de Industria y Energía de la Cámara de Diputados coordinan un proyecto de ley para colocar a Uruguay en pie de igualdad legal con Argentina y Brasil, los dos socios mayores del Mercosur (Mercado Común del Sur).
Portavoces del Ministerio de Economía dijeron a IPS que el ministro Luis Mosca aspira a que las normas que se establezcan en Uruguay se inspiren básicamente en las de los países vecinos, consideradas de las más avanzadas de América Latina.
Técnicos del Ministerio han viajado en los últimos meses a Brasilia y Buenos Aires para recabar información y dialogar con funcionarios del área. Las normas de derecho del consumidor que rigen en Brasil desde 1990 y en Argentina desde 1993, tienen rango constitucional en ambos países.
En Paraguay, el cuarto socio del bloque, el parlamento está discutiendo un proyecto de ley, pero en Uruguay, aunque hay normas específicas de protección al consumidor en varias materias, no existe una ley que lo contemple en forma integral.
Uruguay, con 3,1 millones de habitantes, es el menor de los países del Mercosur, una región de más de 200 millones de habitantes y la cuarta potencia económica mundial.
Como resultado de la apertura comercial han ingresado a Uruguay grandes volúmenes de mercadería variada, mucha de la cual es importada por empresas que desaparecen muy rápidamente.
El gobierno uruguayo pretende lograr consenso político, lo que permitirá un proyecto coherente y eficaz, dijo a IPS Beatriz Ramos, directora del Area de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía.
El proyecto, que contemplarrá bienes y servicios, es prioritario porque "hoy no se concibe el mundo sin tener en cuenta al consumidor", manifestó la funcionario. "Los derechos del consumidor están hoy aceptados universalmente. El mercado actual es diferente al de la Edad Media".
La oficina que dirige Ramos no cuenta con normas que le permitan obligar a los comerciantes a cumplir sus obligación con los consumidores. Sin embargo, registró en los últimos tres años un aumento de inspecciones, y cuando se solicitó su mediación el consumidor ha resultado favorecido.
Desde 1995, entre el 68 y el 81 por ciento de las mediaciones han tenido un resultado positivo para el consumidor quejoso, dijo Ramos.
Pese a que los consumidores uruguayos no se sienten respetados en su derecho, son bastante reacios a protestar, tanto ante los comerciantes como las organizaciones que pueden protegerlos.
Una encuesta de la empresa Equipos Consultores realizada en junio reveló que para seis de cada 10 uruguayos los derechos del consumidor no son adecuadamente respetados por falta de leyes, pasividad de los consumidores y desinterés de las empresas.
"En términos generales la encuesta muestra un consumidor uruguayo todavía poco movilizado respecto al tema", dijo Equipos Consultores.
Un cuarto de los afectados exige la devolución de su dinero y el 37 por ciento que le den otro producto, generalmente sin éxito. El ocho por ciento protesta pero no exige que le devuelvan su dinero, mientras el 21 por ciento opta por no comprar más en la empresa que lo afectó.
Sólo uno de cada 20 personas eleva su queja ante el gobierno u organizaciones privadas de defensa del consumidor. El cuatro por ciento admitió que se resigna y no sólo no reclama la intervención de un organismo, sino que tampoco protesta ante el comerciante.
El único proyecto presentado por el centroizquirdista Partido Nuevo Espacio contempla la creación de la figura del derecho de retracto, que consiste en dejar sin efecto un acuerdo dentro de los siete días siguientes a la recepción de un servicio o la firma de un contrato si no existe satisfacción del consumidor.
Además, establece que todo proveedor de bienes o servicios está obligado a entregar al consumidor información veraz, sificiente, clara y oportuna de los bienes y servicios que ofrece.
Los términos "garantizado" o "garantía" como forma de impulsar una venta sólo podrán utilizarse cuando indiquen claramente en qué consiste y se faciliten los medios para que el consumidor pueda hacerla efectiva.
El proyecto se fundamenta en que "la carencia de legislación ha significado para los ciudadanos uruguayos un desmedro claro y evidente en sus derechos como consumidor". (FIN/IPS/rr/ag/if/98
