El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, aceptó hoy en Washington que Israel entregue 13 por ciento de Cisjordania, mientras quedan pendientes puntos clave en cuestiones de seguridad y extradición.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acordó en negociaciones con el presidente estadounidense Bill Clinton entregar 13 por ciento del territorio de Cisjordnia, aunque en pactos pasados prometió 27 por ciento.
Clinton, quien medió en el acuerdo, fijó un calendario para concluir el pacto a mediados de octubre, y buscará que Arafat acepte las demandas de seguridad que exige Netanyahu.
Los negociadores israelíes y palestinos han estado muy alejados en la cuestión de la extradición. Los israelíes, en particular los familiares de víctimas de ataques palestinos, no quieren ver a los asesinos caminar libremente en las ciudades bajo gobierno palestino.
Pero los palestinos, incluso aquellos que respaldan el proceso de paz, se oponen a la idea de que su gobierno entregue sospechosos a Israel para ser interrogados y juzgados.
El acuerdo de paz firmado por ambas partes en 1995 requiere que los palestinos entreguen los sospechosos a Israel. Pero contiene un vacío. Si el sospechoso está encarcelado en una prisión palestina, los palestinos no están obligados a entregarlo.
Este vacío llevó a Arafat a instalar juicios de estilo militar, a veces realizados en medio de la noche, en los que un acusado palestino sospechoso de matar a un israelí sería procesado rápidamente y sentenciado a largos períodos en prisión.
Pero no mucho después de que los juicios concluyeron, Israel comenzó a ver a algunos de los procesados caminando libremente en las calles de las zonas gobernadas por la Autoridad Nacional Palestina.
Luego, descubrieron que 11 de los 31 sospechosos cuya extradición había sido solicitada en mayo de 1997 integraban la policía palestina.
"Es un repulsivo síndrome de la puerta giratoria", dijo Moshe Fogel, portavoz del gobierno israelí. "Los encierran y luego los liberan. Hay numerosos casos en que simplemente no encarcelaron a los acusados".
Los palestinos consideran el pedido de extradición injusto mientras Israel no es presionado a hacer lo mismo, y destacan el asesinato la semana pasada de un palestino de 17 años, Iyad Hashem, por un colono israelí que abrió fuego sobre un grupos de adolescentes que habían tirado piedras a su automóvil.
"Comenzaremos a extraditar palestinos si Israel empieza a extraditar a colonos que matan palestinos", dijo Alí Jarbawi, analista político de la Universidad Birzeit en Cisjordania.
"¿Por qué los israelíes no deben ser entregados a la ANP cuando la ANP debe entregar a Israel a los sospechosos palestinos?", preguntó Jarbawi.
El desequilibrio proviene de un pacto desigual. Los acuerdos de Oslo requieren que los palestinos extraditen sospechosos a Israel, mientras Israel juzga a sus ciudadanos en sus propias cortes. También hay otras rarezas legales.
Israel, por ejemplo, pudo pedir la extradición de tres policías palestinos filmados por la televisión disparando contra soldados israelíes durante cinco días de alzamientos en septiembre de 1996.
Los palestinos no pudieron pedir lo mismo de los soldados israelíes que dispararon contra palestinos. Pero estos incidentes no son la norma.
Los israelíes que matan a palestinos usualmente pasan cierto tiempo en la cárcel. El colono que mató a Iyad Hasehm, Avshalom Ladani, se entregó a la policía israelí y ahora está bajo detención domiciliaria en un refugio en Jerusalén. Su juicio está pendiente.
Pero los palestinos dudan de que podrán obtener un tratamiento justo en cárceles israelíes. Según la organización Amnistía Internacional, más de 10.000 palestinos fueron detenidos por fuerzas israelíes desde 1993, y muchos rutinariamente sujetos a interrogatorios bajo tortura.
Este año la Corte Suprema de Israel aceptó y legitimó el uso de la tortura y la detenicón administrativa sin juicio. "Israel es el único país en la tierra donde la tortura y el maltrato están legalmente sancionados", dijo Amnistía Internacional.
La organización afirma que los métodos de interrogación de Israel violan las leyes internacionales sobre derechos humanos. (FIN/IPS/tra-en/dho/rj/lp/ip hd/98
