La justicia de Kenia rehabilitó a cinco ONG islámicas prohibidas bajo sospecha de haber ingresado a este país el material utilizado para construir la bomba que en agosto destruyó la embajada de Estados Unidos en esta capital.
La Corte Suprema ordenó el jueves que el gobierno conceda a las organizaciones no gubernamentales (ONG) 21 días para presentar una apelación al decreto que impuso su clausura.
La decisión judicial también suspendió una medida del departamento de inmigración que ordenó la salida de este país en un plazo de siete días a cuatro directores de las ONG islámicas.
Tras la decisión judicial, la comunidad musulmana canceló una huelga nacional prevista para este viernes, en protesta por la prohibición de las organizaciones. Los musulmanes representan 10 por ciento de la población de 30 millones de este país africano.
El decreto gubernamental tuvo el fin de reprimir las actividades islámicas, aseguraron representantes musulmanes.
"Nos sorprende que el gobierno prohíba a las ONG musulmanas cuando comienzan a ayudar y mejorar la condición social y económica del pueblo islámico", declaró Abdulgafur Busaiddy, director del Consejo Supremo de Musulmanes Kenianos, con sede en Nairobi.
"Esto confirma que la marginación de los musulmanes no es accidental, sino deliberada", aseguró.
Las cinco organizaciones fueron clausuradas el día 8 por el estatal Consejo Coordinador de ONG que supervisa a los grupos humanitarios.
"Se descubrió que las organizaciones islámicas operaban contra los intereses de seguridad de los kenianos", afirmó John Etemesi, director del organismo.
La oficina de una de las ONG islámicas, Ayuda de Caridad Internacional, fue allanada por la policía y la estadounidense Oficina Federal de Investigaciones (FBI), pocos días después del atentado con bombas perpetrado el 7 de agosto contra las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam.
Las otras organizaciones en cuestión son la Fundación Al Haramain, Ayuda para el Pueblo Africano, la Organización de Ayuda Islámica y la Fundación Ibrahim Bin Abdul Aziz Al Ibrahim.
Varias mezquitas y hogares islámicos fueron allanadas por la policía tanto en Nairobi como en el puerto de Mombasa, en el océano índico, en conexión con los atentados.
Más de 250 personas murieron y 5.000 resultaron heridas por las bombas, atribuidas a terroristas islámicos vinculados con el millonario saudita Osama bin Laden.
"Las organizaciones se involucraron en actividades y asuntos que no corresponden al interés de la seguridad estatal", dijo Etemesi.
El gobierno sospecha que el material utilizado para la confección de las bombas, cada una con un peso de 800 kilogramos, ingresó en forma clandestina a Africa oriental encubierto como ayuda de emergencia de algunas organizaciones humanitarias islámicas.
Dirigentes musulmanes criticaron los allanamientos y el acoso sufrido por su comunidad. "Los musulmanes kenianos son sometidos a acciones provocativas, discriminatorias, vengativas y antiislámicas", sostuvo Busaiddy.
Varios ministros islámicos del gabinete del presidente Daniel Arap Moi amenazaron con renunciar, a menos que el gobierno deje de "acosar a los musulmanes".
"No protestamos por las ONG, sino por el tratamiento que reciben los musulmanes", declaró el ministro Hussein Maalim.
Antes de la decisión de la Corte Suprema, más de 100 empleados de las cinco ONG protestaron en Nairobi. Más de 2.000 trabajadores cuyo sustento depende de las organizaciones quedaron sin empleo por la prohibición y miles de personas que recibían su ayuda también fueron perjudicadas, aseguraron.
"La clausura de las ONG perjudicó a muchos kenianos que dependían de ellas", dijo Yahya Mohamed, representante de los empleados.
"Miles de huérfanos, viudas y niños pobres que no pueden continuar su educación, así como quienes no pueden conseguir servicios médicos gratuitos, están sufriendo", añadió.
"Apelamos a todo el pueblo para que se exprese y condene esta acción inhumana y la discriminación religiosa del gobierno", exhortó Mohamed.
Los musulmanes recibieron el apoyo de dirigentes cristianos, abogados, políticos opositores y de otras ONG. "Un principio esencial de la ley es que nadie debe ser condenado antes de presentar su defensa", declaró el legislador Paul Muite.
El Consejo Nacional de ONG, que reúne a 984 organizaciones kenianas, también condenó la prohibición del gobierno.
"Existen ciertos pasos que se deben seguir, aún si las ONG fueran culpables, y uno de ellos es que el gobierno debe consultarnos, pero no lo hizo, nos enteramos (de la prohibición) por la radio", informó Berewa Jommo, integrante del Consejo.
"No pretendemos adjuntar una etiqueta religiosa a este asunto, es injusto decir que sólo las organizaciones islámicas resultaron afectadas" por la investigación del gobierno, declaró Marsden Madoka, director de seguridad de la presidencia. (FIN/IPS/tra-en/ja/mn/aq-lp/hd-ip/98
