La investigación ordenada por el gobierno de Indonesia en torno a la fortuna de Alí Suharto, presidente de este país durante 32 años hasta su renuncia en mayo, difícilmente derive en un juicio en su contra, pronostican opositores.
Dos funcionarios preguntaron el lunes a Suharto en su domicilio, por primera vez desde que renunció, si se enriqueció ilegalmente mientras estuvo en el poder.
El ex mandatario, de 77 años, negó haber acumulado dinero en bancos extranjeros, y dijo que los informes de que tiene miles de millones de dólares son falsos.
A pesar de ese interrogatorio, y de la promesa del presidente Bacharrudin Jusuf Habibie de investigar de manera independiente la fortuna de su predecesor y mentor político, la oposición afirma que Suharto conserva un gran poder político.
La prueba de eso, dicen, es el hecho de que dos funcionarios a cargo de la investigación visitaron a Suharto a interrogarlo, en lugar de citarlo a declarar en sus oficinas.
El fiscal general, Muhammad Ghalib, y el ministro coordinador de Supervisión de Desarrollo, Hartarto Sastroenarto, concurrieron el lunes a la residencia del ex hombre fuerte de Indonesia.
"¿Qué tipo de procedimiento es éste? Suharto es ahora un ciudadano común que debe ser tratado igual que los demás. El equipo investigador debería haber citado a Suharto a su oficina, no al revés", afirmó Baharuddin Lopa, secretario general de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos.
"Este tipo de práctica nos da motivos para dudar de la credibilidad del equipo investigador", observó.
Pero el fiscal Ghalib negó el martes que la visita fuera para interrogar al ex mandatario en torno a su fortuna.
"La reunión fue solo para examinar y clarificar la reciente declaración televisiva del ex presidente de que no tenía dinero depositado en el exterior", explicó.
"No tengo ni un centavo en el exterior. No tengo ninguna cuenta en bancos extranjeros. No tengo ningún depósito en el extranjero ni acciones de firmas extranjeras, y mucho menos miles de millones de dólares", aseguró Suharto a comienzos de este mes en el canal de televisión TPI, propiedad de su hija.
En julio, la fortuna de Suharto fue estimada por la revista estadounidense Forbes en 4.000 millones de dólares. Otras fuentes la estiman en 100.000 millones de dólares en el exterior y 18.000 en Indonesia.
Según informes de la prensa extranjera y nacional, Suharto transfirió fondos de su país al exterior y dio a su familia facilidades para que construyeran enormes imperios económicos y utilizaran dinero recaudado por sus fundaciones.
Suharto aseguró que esas fundaciones tienen fines sociales y están abiertas a cualquier inspección financiera. Además, desafió al público a presentar evidencias y testigos de su riqueza supuestamente mal habida, tanto en el extranjero como en Indonesia.
"Suharto dijo que, si cualquiera de nosotros puede mostrar evidencias de sus ahorros en cuentas extranjeras, está dispuessto a autorizar al fiscal general a retirar el dinero y dárselo al estado", dijo el fiscal general Ghalib después de reunirse con el ex gobernante.
El ex presidente afirmó también que está dispuesto a entregar una lista de sus bienes personales al estado y autorizar al fiscal a confiscar activos si se prueba que fueron adquiridos de manera ilegal.
"Pero si no conseguimos la evidencia, Suharto dijo que tomará las medidas legales necesarias para llevar a sus acusadores ante los tribunales", informó Ghalib.
El fiscal opinó que "si consideramos a Suharto un ciudadano ordinario, entonces tiene los mismos derechos legales que los demás ciudadanos".
El dirigente opositor Amien Rais, figura clave en las protestas que forzaron la renuncia del ex presidente, calificó la defensa de Suharto como "una mala broma".
Reis prometió que si los investigadores del gobierno no tienen el valor de cumplir con su tarea, formará su propio equipo de investigación y convocará a la población a manifestarse nuevamente en las calles.
Albert Hasibuan, miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también dirigente del Movimiento de Ciudadanos Preocupados por los Activos Estatales, también adelantó que formará su propio equipo, integrado por representantes de agencias del gobierno y organizaciones no gubernamentales.
Las dudas sobre el equipo investigador oficial nacieron cuando Habibie designó a Ghalib fiscal general, reemplazando al popular Soejono.
Ghalib, que al igual que Habibie, es oriundo del sur de la isla Sulawesi.
El nuevo fiscal generó desconfianza en los opositores al afirmar tras la declaración televisiva de Suharto que creía en ella. "Creo en las palabras de un ex presidente que es también el líder del país", sostuvo Ghalib.
"Los actuales gobernantes siempre vieron a Suharto como su padre, y no tendrán el valor de deshonrarlo", indicó el periodista Bambang Nurbianto.
Observadores creen que, aunque se realizara una investigación independiente, el país se enfrentaría al largo y difícil proceso de demostrar que hubo actos ilegales, porque Suharto tenía durante su gobierno (1966-1998) poder casi absoluto para cubrir legalmente sus acciones. (FIN/IPS/tra-en/ap/di-mj/ip/98
