El camino para aplicar la amnistía otorgada a guerrilleros de izquierda en 1990 a militares de Honduras que cometieron violaciones de derechos humanos en los años 80 está listo, anunciaron hoy voceros del gobierno.
La amnistía a los guerrilleros "es aplicable a los militares que abusaron de los derechos humanos", dijo este miércoles el presidente del Congreso Nacional (legislativo), Rafael Pineda, aspirante a la Presidencia por el Partido Nacional, en el gobierno.
"El espíritu de las amnistías es amplio e incondicional, y si bien su aplicación debe ser tratada en forma individual por los tribunales, creo que (se debe) favorecer a los militares para enterrar de una vez una historia de dolor y sufrimiento", agregó Pineda.
El legislador sostuvo que la amnistía otorgada en 1990 "fue aprobada tanto para los que delinquieron por su actitud de protesta contra el gobierno, como para los (militares) que delinquieron en defensa del sistema establecido".
Por su parte, el asesor presidencial Jorge Arturo Reina, hermano del ex presidente Carlos Reina (1994-1998), dijo también este miércoles que el país debe dedicarse a crear un clima de reconciliación en el cual el espíritu de la amnistía aprobada en 1990 "fue muy amplio".
"Creo que llegó el momento de dar una interpretación justa", agregó, en referencia a una eventual ampliación de la amnistía a los militares que cometieron violaciones de derechos humanos.
Reina, otrora dirigente izquierdista, afirmó que la amnistía otorgada hace ocho años fue "concertada" con los grupos "oportunos y necesarios" en ese momento.
En el Poder Ejecutivo hay interés de aplicar la justicia y, si los tribunales deciden que el decreto de amnistía favorece a los militares violadores de derechos humanos, "éstos deben presentarse a la justicia sin temor alguno, ya que será la ley la que dirá la última palabra", explicó.
Esta posición desató fuertes críticas de activistas, que la atribuyen a la intención del gobierno de amparar a los militares violadores de los derechos humanos y prófugos de la justicia.
Uno de estos militares, el ex capitán Billy Joya, residente en España, está a punto de ser extraditado para rendir cuentas ante la justicia de Honduras por la tortura y secuestro de seis estudiantes universitarios en 1982, liberados por la rápida acción de organizaciones de derechos humanos.
Joya, que confesó haber participado en el secuestro, puso la semana pasada como condiciones para su retorno una amnistía y un juicio "imparcial", en declaraciones a la televisión hondureña.
Estas "condiciones" desataron la ira de grupos de derechos humanos, la Fiscalía del Estado y de algunos jueces.
El fiscal general de Honduras, Edmundo Orellana, fue tajante al señalar que los condicionamientos de Joya resultaban un "insulto" para la democracia del país.
"Cuando llegue aquí, tengan la certeza de que no habrá privilegios porque él es un delincuente confeso y la justicia es igual para todos", sostuvo Orellana.
Pero la posibilidad de una amnistía para "cerrar" el capítulo de las desapariciones forzadas en Honduras cobra cada día mayor fuerza, al percibirse una decisión gubernamental de favorecer a los militares para librarlos de su cita con la justicia.
Bertha Oliva, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, dijo a IPS que los anuncios de una eventual aplicación de la amnistía de 1990 a los militares "dice que los pactos políticos pesan más que los hechos y la sed de justicia".
"Nosotros nos oponemos a que se aplique ese decreto, que dice claramente que fue para favorecer a los grupos armados de izquierda que cometieron delitos políticos, y los crímenes cometidos por los militares son delitos comunes y eso no puede ser amnistiado", recalcó.
Oliva dijo que si la amnistía abarca a los militares, el país será acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, porque "un Estado no puede perdonarse a sí mismo por los delitos que comete" y "los militares actuaron en nombre del Estado".
Hasta hace poco, el gobierno sostenía que los jueces eran quienes debían interpretar si la amnistía de 1990 abarca o no a los militares.
Pero cuando algunos magistrados comenzaron a condenar a militares por violaciones de derechos humanos, las Fuerzas Armadas dijeron sufrir "injusticia y parcialidad" en los tribunales. Muchos oficiales se fugaron y 13 están aún prófugos, entre ellos Joya. (FIN/IPS/tm/mj/hd/98
